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Una realidad que excede el marco legal: en la Argentina, el médico y el paciente deciden si se continúa un tratamiento
Mucha gente expresa su voluntad en escribanías; los casos sólo llegan a la Justicia cuando existe conflicto entre las partes
* Según los médicos, ante todo se busca el consenso entre los criterios científicos y el deseo del paciente o de la familia
* Hay iniciativas para autorizar las llamadas "directivas anticipadas"
La Nación
Martes 29 de marzo de 2005
Si bien en la Argentina el Código Penal castiga la asistencia al suicidio, figura en la que podría quedar enmarcada la interrupción de un tratamiento para sostener la vida a enfermos con cuadros irreversibles, la mayoría de este tipo de decisiones -que no son habituales- se toman fuera del ámbito judicial y derivan en acuerdos que los médicos hacen con sus pacientes o con las familias de éstos, a partir de criterios científicos y morales.
Esta realidad tiene su correlato en el crecimiento de la tendencia registrada en los últimos años entre la gente a dejar asentada, en la etapa de lucidez, la voluntad personal de no ser sometida a determinados procedimientos médicos en el futuro, en caso de sufrir una enfermedad incurable.
En la provincia de Buenos Aires, incluso, acaba de ser creado un Registro de Actos de Autoprotección. En él aparecen las actas firmadas en escribanías bonaerenses, en las que la gente menciona qué desea hacer en caso de incapacidades futuras. "Las actas se labran y quedan en la escribanía. La persona que las firma se lleva una copia. Así, no hay posibilidad de pérdida", aclaró el escribano Luis Llorens, coautor del libro "Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad".
"En los últimos años, identificamos la tendencia de los ciudadanos, cuando se encuentran en pleno uso de su capacidad mental, a dejar plasmado su deseo para el supuesto momento en el que una incapacidad no le permita estar en su sano juicio", dijo a LA NACION Horacio Pelosi, presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad.
Sin embargo, varios médicos que desde distintas especialidades tratan a diario con la vida y la muerte, y por eso cuentan además con formación en bioética, señalaron a LA NACION que estas actas no tienen ningún valor legal, aunque resultan útiles para confirmar cuál es la voluntad del enfermo.
Elecciones privadas
Es que, según explicaron, en los últimos tiempos, el papel paternalista del médico -en quien se concentraba la autoridad científica- fue dejando lugar a la autonomía del paciente, al mejor interés del enfermo, a su derecho de limitar las opciones terapéuticas que le resultan excesivamente costosas emocionalmente y a su derecho de decidir en la etapa final de su vida.
José Alberto Mainetti, director del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de la Fundación Mainetti; Juan Pablo Rossini, jefe de Terapia Intensiva del hospital Ramos Mejía, y Gustavo de Simone, jefe de Cuidados Paliativos y del Departamento de Docencia del hospital Udaondo, coincidieron en que sólo llega a la Justicia un puñado de casos: aquellos en los que existe un conflicto entre los profesionales y los pacientes o sus familias por la divergencia de criterios o valores.
De todas maneras -aclararon- más allá de la voluntad del paciente o la familia existe una serie de indicadores clínicos estipulados por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) que ningún médico puede obviar para determinar si un cuadro resulta irreversible. Y, paralelamente, los comités de bioética de las instituciones brindan asesoramiento a la hora de aconsejar o no la interrupción de los soportes vitales, desde las drogas que mantienen la presión y la frecuencia cardíaca, el respirador artificial o la hidratación y la alimentación.
Vacío legal y proyectos
La legislación argentina no prevé la expresión anticipada de la voluntad con ninguno de los documentos que sí emplean otros países: las patient self-determination acts y las living wills, mediante las que los mayores de edad aceptan o rechazan recibir tratamiento médico.
Sin embargo, existen proyectos de ley que propician la creación de un Registro de Voluntad Vital Anticipada. "En 2004, presentamos un proyecto de ley de testamento vital, que plantea un mecanismo por el que toda persona puede dejar sentada su voluntad de no ser sometida a cierto tipo de tratamiento si es víctima de una enfermedad terminal y no está consciente a la hora de tomar decisiones sobre su terapia", explicó a LA NACION el diputado nacional Eduardo García, cuya iniciativa actualmente se estudia en la Comisión de Salud de la Cámara baja.
"Cada uno es dueño de su vida y debe decidir sobre ella cuando está en condiciones de hacerlo. Considero que hay que evitar el encarnizamiento terapéutico", expresó García, y aclaró que su postura no defiende la eutanasia, o sea, el suministro de drogas o la práctica de algún procedimiento para adelantar la muerte.
El diputado bonaerense Luis Bruni (UCR) presentó un proyecto similar en la Legislatura de la provincia "para evitar tratamientos que prolongan el padecimiento. La medicina ha logrado prolongar algunos parámetros de vida que estiran el padecimiento de algunos enfermos hasta extremos no deseables y, muchas veces, inhumanos".
Los especialistas hablan de encarnizamiento terapéutico cuando la familia, sumida en la angustia, les pide mantener vivo a su ser querido en estado irreversible, pese a que esas acciones no modifiquen sus actos. "Si la familia lo pide, estamos obligados a hacerlo. Pero los médicos debemos proveer la información adecuada para que la familia no entre en el exceso terapéutico", explicó Rossini, que además integra el comité de bioética de la SATI.
"El mejor interés del enfermo, en algunos casos, puede ser morir. Defendemos el derecho a la vida, pero la medicina también incorporó el principio de la beneficencia, de la relación costo-beneficio en un tratamiento", opinó Mainetti. En consonancia, De Simone recordó: "Si no aceptamos la inevitabilidad última de la muerte, podemos caer en un ensañamiento que deshumaniza y quita valores. Más allá de lo legal, la evidencia científica permite reconocer si es lícito o ilícito dejar que la muerte ocurra".
Por Angeles Castro e
Irina Jorolinsky
De la Redacción de LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/691373