|
La Corte Suprema de Justicia apelaría al recurso de la inconstitucionalidad para establecer un nuevo mecanismo de movilidad de las jubilaciones. Pero, según Idesa (Instituto para el Desarrollo Social argentino), esto no solucionaría el problema de los jubilados, sino que soslayaría que el problema no es la norma que fija la movilidad sino la gran fragilidad fiscal que sufre el país y los problemas de diseño que adolece el sistema previsional.
urgente24.info
18/04/2005
El informe semanal de Idesa:
La Corte Suprema de Justicia estaría por apelar al recurso extremo de la inconstitucionalidad para establecer un nuevo mecanismo de movilidad de las jubilaciones. Esto resulta paradójico, ya que si se hubiese aplicado el criterio previsto en la Ley de Solidaridad Previsional los jubilados habrían recibido aumentos importantes, incluso superiores a los salarios.
El fallo estaría soslayando que el problema no es la norma que fija la movilidad sino la gran fragilidad fiscal que sufre el país y los problemas de diseño que adolece el sistema previsional.
La Ley de Solidaridad Previsional no prohibió la movilidad sino que fijó como criterio que las prestaciones debían ajustarse en función de los recursos disponibles por la ANSES. Este mecanismo tiende a introducir cierta racionalidad, reglamentando, no violando, el artículo 14bis de la Constitución Nacional.
El problema es que la movilidad prevista en la Ley de Solidaridad Previsional nunca se aplicó. Esto no tuvo incidencia en la estabilidad que rigió hasta el 2001, pero resultó muy negativo para los jubilados luego de la devaluación.
Entre el año 2001 y 2004, los ingresos de ANSES aumentaron un 48% como consecuencia de un incremento del 22% en los impuestos al salario y un 83% en los impuestos específicos, donde los más importantes son IVA y ganancias. El hecho de que el Poder Ejecutivo no aplicara la Ley de Solidaridad Previsional tuvo diferentes implicancias:
* Para los que ganaban menos de $200 (1.000.000 de jubilados y pensionados), la situación no revistió mayores cambios pues entre el 2001 y el 2004 los aumentos que dio el gobierno se concentraron en el haber mínimo que pasó de $180 a $308.
* Para los que ganaban entre $200 y $1.000 (2.000.000 de jubilados), la falta de cumplimiento de la Ley de Solidaridad Previsional fue muy negativo ya que en lugar de un ajuste del 48%, entre el 2001 y el 2004 solo se les otorgó un aumento del 10%.
* Para los que ganaban por encima de $1.000 (170.000 jubilados) la estrategía del gobierno fue extremadamente gravosa ya que no recibieron ni una mínima parte del 48% de aumento que legalmente les correspondía.
La sistemática violación del mecanismo de movilidad se explica por la fragilidad fiscal. Los aumentos otorgados por el gobierno sobre el haber mínimo y el modesto ajuste sobre los haberes inferiores a $1.000 implicaron un gasto adicional de $4.000 millones al año, aproximadamente.
Si se hubiese aplicado la Ley de Solidaridad Previsional, a estos 4.000 millones habría que computarle aproximadamente $3.300 millones adicionales. En términos macroeconómicos, hubiese implicado un aumento del gasto equivalente a un cuarto del superávit fiscal del 2004.
La declaración de inconstitucionalidad del criterio de movilidad fijado por la Ley de Solidaridad Provisional no estaría solucionando el problema de los jubilados. El problema son los incumplimientos permanentes del Poder Ejecutivo a los diferentes criterios de movilidad establecidos en la historia del sistema previsional, como consecuencia de la permanente precariedad fiscal del Estado argentino.
El problema de fondo del sistema previsional argentino es que hace promesas que luego no puede concretar. Como los fallos de la Corte imparten justicia, pero no generan riqueza, el problema continuará sin mayores soluciones.
Muy por el contrario, en la medida que la litigiosidad aumente, se alejan las posibilidades de que el conjunto de los jubilados tengan un tratamiento justo, aunque sí se generan condiciones para que quienes han lucrado, e inclusive, construido factores de poder político a partir de los juicios masivos contra la ANSES tengan una nueva oportunidad.
Por eso, la solución para los jubilados, especialmente los que se encuentran en situación más vulnerable, no surgen de fallos judiciales sin respaldo fáctico y posible, sino de asumir el problema con realismo.
La situación que viven los jubilados representa una evidencia sobre la necesidad de buscar alternativas de política económica y laboral más imaginativas y superadoras de las aplicadas hasta el momento, fuertemente basadas en la reducción de salarios y jubilaciones a través de la inflación.
Por otro lado, debería impulsarse un replanteo de reglas de juego en el sistema previsional argentino, orientando el régimen de reparto a concentrarse exclusivamente en el rol de erradicación de la pobreza de las personas mayores y que el resto de las personas tengan garantizada la movilidad de sus prestaciones a través del régimen de capitalización, adecuadamente regulado por el Estado.