Gerontologia - Universidad Maimónides

Mayo 23, 2005

Recomienda FIEL la privatización completa del sistema previsional

Dice que los futuros jubilados sólo elegirían el reparto por temor a expropiaciones

* En un trabajo, se cuestiona la posibilidad de extender la jubilación pública
* Afirma que una suba de las contribuciones patronales sólo equilibraría las cuentas en 2032

La Nación
Lunes 23 de mayo de 2005

Pese a que el déficit del sistema previsional seguirá siendo elevado aún dentro de 50 años, un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) afirma que volver en forma generalizada a un sistema de reparto no haría más que empeorar las cosas en el mediano y largo plazo.
Además, sostiene que, como las prestaciones prometidas por el régimen que administra el Estado son menores a las que puede ofrecer el sistema de capitalización, "no hay razones para mantener la opción actual de reparto, en la medida en que el sistema ya contiene un pilar público redistributivo".
El sistema mixto que rige desde 1994 permite a quien ingresa en el mercado laboral optar entre un régimen de ahorro individual, en el que actúan las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), o un sistema de reparto, a cargo del Estado.
En el primer caso, los fondos que se acumulan son sólo una parte del haber que se cobrará, ya que el Estado tiene a su cargo el pago de una prestación básica universal (PBU), para los afiliados de ambos subsistemas. Ese pago es actualmente de entre 200 y 220 mensuales, y está congelado desde 1998.
La posibilidad de obtener mejores ingresos futuros en las AFJP se mantendría, según los economistas de FIEL, aun considerando lo ocurrido con el canje de la deuda pública.
En un libro titulado "El sistema de jubilaciones en la Argentina", que expone un trabajo dirigido por Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, se admite que el esquema jubilatorio requiere algunas reformas, sobre todo orientadas a "mejorar la relación entre contribuciones y beneficios".
En este sentido, propone establecer una proporcionalidad entre los aportes hechos en la vida laboral y los haberes percibidos tras el retiro.
La falta de ese esquema proporcional, según se plantea, reduce los incentivos a aportar, por ejemplo, para quienes tienen 10 años de servicios pero que, por su edad, no tienen expectativas de completar los 30 años de aportes que se requieren para la jubilación.
Con 10 años de aportes, una persona puede acceder a un beneficio por edad avanzada una vez que cumple los 70 años, y cobrará lo mismo sin importar qué cantidad de aportes haya hecho.
"Miopía"
En su crítica a la actual opción por el reparto, FIEL plantea que la elección de una persona de ese sistema "sólo puede justificarse en términos de miopía" o ante "la percepción de que existirán futuras expropiaciones de los fondos de capitalización", lo cual equivaldría a asumir el fracaso en la construcción de un mercado de capitales domésticos. La observación tiene que ver con que, tal como está fijado el cálculo de beneficios para los afiliados al reparto, el haber irá perdiendo progresivamente relación con el salario.
La ley aprobada una década atrás, con el objetivo de incentivar la capitalización, dispuso que la prestación del régimen público se calculara multiplicando el salario promedio de los últimos 10 años por 1,5% por los años aportados antes de 1994 (es la llamada prestación compensatoria), y que el multiplicador sea, en cambio, de sólo el 0,85% por los años de servicios después de la reforma (es la prestación adicional por permanencia en el régimen público). La conclusión es que cuanto más tiempo pasa, menor es el haber para el mismo salario y en el mismo sistema jubilatorio.
Sin embargo, hay en este punto una observación referida a una realidad que, por ahora, es temporal. Se trata de la diferencia en el nivel de aportes: mientras que los afiliados al reparto aportan el 11% de su sueldo, en capitalización la tasa es del 7 por ciento. Según lo previsto, la restitución al 11% debería completarse en octubre próximo. Pero, según observa FIEL, si esa tasa reducida se mantuviera en el tiempo, mejoraría la posición relativa del régimen de reparto.
Otro aspecto diferencial entre ambos regímenes que destaca el trabajo es la movilidad de los haberes, ya que en el sistema de las AFJP se fijan reglas que determinan los ajustes periódicamente, en tanto que en el de reparto los incrementos dependen de la disposición presupuestaria y de decisiones políticas de los gobiernos.
Con respecto a las grandes cuentas del sistema previsional, FIEL estima que a fines de 2003 el déficit total se ubicaba en unos 10.000 millones de pesos. De esa cifra, un 28% correspondía a los aportes de los trabajadores que se derivan a las AFJP.
El resto es desequilibrio propio del sistema (53,7%), rebaja de aportes (7,5%) y el efecto provocado por las cajas de jubilación provinciales transferidas a la Nación (10,8%).
Los economistas estiman que, de mantenerse las actuales contribuciones patronales (reducidas por normas especiales y que en promedio están en el 9,5% de los salarios), el desequilibrio sería, en 2050, de 7300 millones de pesos.
En cambio, si la contribución volviera al 16% original, se llegaría a un equilibrio para las cuentas fiscales en el año 2032, y a partir de allí el sistema brindaría superávit.
Con respecto a las propuestas alguna vez discutidas para ayudar a reducir ese déficit, FIEL desestima la posibilidad de afectar la prestación básica del sistema, ya que esa decisión tendría su costo en la ya herida credibilidad del sistema, al disminuirse los beneficios esperados de los afiliados al reparto y a las AFJP.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

Piden facilitar traspasos
El trabajo de FIEL considera que, dentro del sistema de las AFJP, no es bueno que existan restricciones al derecho de los afiliados a traspasarse de una administradora a otra.
Según los economistas de la fundación, la experiencia de otros países de la región con reformas similares a la argentina demuestra que la mayor dificultad para realizar pases no lleva a que las comisiones sean menores.
"Las mayores comisiones netas se dan en Perú [2,3% del salario], donde deben pagarse US$ 32 para realizar un traspaso", ejemplifica la economista Nuria Susmel.
Antes que mayores limitaciones, se propone facilitar el trámite para concretar los traspasos, permitiendo por ejemplo que se hagan individualmente o vía Internet.
De esta manera, "se evitan los fraudes, se desincentiva el gasto en promotores y se fortalece la competencia entre AFJP".

http://www.lanacion.com.ar/706511

Publicado por Licenciatura en Gerontología el día: Mayo 23, 2005 08:36 AM