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Las personas con discapacidad tienen serios problemas para desplazarse por Buenos Aires
Persisten los escollos para discapacitados
La Nación
Lunes 29 de agosto de 2005
Circular por la ciudad es una verdadera odisea para cualquier persona con discapacidad que se desplace en silla de ruedas o que tenga problemas visuales.
“No es la falta de normativas lo que nos preocupa sino el cumplimiento de las que existen”, dice la abogada Laura Subies, de la Asociación de Padres de Infantes con Trastornos Neurológicos y autora del libro “El Derecho y la discapacidad”.
La ley 22.431 y su modificatoria 24.314 especifican los requisitos para que el transporte público sea accesible a personas discapacitadas. Un cronograma adaptaba gradualmente las unidades. Estaba previsto completarlo en 2002. Hoy la realidad es otra.
Los datos son elocuentes: la asociación Rumbos estima que más de 3200 chicos porteños de nivel primario –con plena capacidad cognitiva que sólo presentan problemas físicos– se encuentran excluidos del sistema educativo por los escollos edilicios. O por la imposibilidad de viajar en transporte público.
Pero los más perjudicados son los jóvenes y los adultos que intentan estudiar o trabajar. LA NACION recopiló testimonios que hablan de esta alarmante dificultad para desplazarse por la ciudad. Sin posibilidades de viajar, sin universidades adaptadas, no hay integración posible.
“El 70% de los colectivos no está adaptado. La accesibilidad al transporte público es un desastre. No se respeta nada de lo que dice la Constitución porteña sobre el hábitat libre de barreras lingüísticas, comunicacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte...”, lamenta Graciela Muñiz, adjunta en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Acceso Ya realizó un relevamiento de 111 sucursales bancarias del microcentro: el 49% no tiene escalones en el acceso. En otro de sus estudios, se determinó que el 42% de los baños de bares en el centro está en un primer piso.
La organización relevó 678 escuelas públicas porteñas: sólo el 27% tiene acceso por rampa; el 10,73%, ascensor, y apenas el 5,45%, baños adaptados. El estudio sobre escuelas privadas de la ciudad es peor. Sobre una muestra de 120 escuelas, Acceso Ya encontró que sólo el 6% tiene rampas; el 15%, ascensor, y el 1,1% baños adaptados.
Según la Secretaría de Educación porteña, las nuevas construcciones y las refacciones contemplan la accesibilidad, más de 350 chicos con discapacidad asisten a escuelas públicas y se buscan soluciones para cada caso.
“La arquitectura de las escuelas está disociada de la integración que pregonan”, señala la arquitecta Silvia Coriat, de la asociación Rumbos, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que batalla por la inclusión y el cumplimiento de las leyes.
“El cronograma de renovación de las unidades era progresivo, pero en función de todas las prórrogas, menos del 10% de los vehículos está adaptado...”, lamenta Facundo Chávez Penillas, abogado de la REDI. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no detalló cuántas sanciones realizó ni cuántas unidades quedan por adaptar.
“No está la decisión política de hacer cumplir las leyes”, denuncia la directora ejecutiva de Acceso Ya, Gabriela Torcal.
Todo tipo de barreras
Antonio Cóppola es presidente de la Comisión para Personas con Discapacidad (Copine) de la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Aunque él se desplaza en silla de ruedas, no puede viajar. “Si no, no llegaría a mi trabajo”, reconoce. “Estamos yendo para atrás, independientemente de que la Ciudad no tenga competencia en ciertas áreas”, afirma.
“La educación, el trabajo, la vida de relación social y el desarrollo personal se ven gravemente limitados ante la imposición de las barreras físicas y comunicacionales en todo el país”, indica el informe del año último para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Daniela Vallejos es la responsable del Programa de Entrega de Sillas de Ruedas del Cilsa, entidad que trabaja por la integración y, entre otras cosas, entrega un centenar de sillas cada mes.
Ella sufre en carne propia las peripecias de viajar en colectivo que suele escuchar de boca de otros: se desplaza con bastones canadienses. Vive en La Matanza y viaja una hora y media de ida y otro tanto de regreso. “Los colectivos no pueden parar junto al cordón porque los coches estacionan. El subte es una odisea. Las veredas son un desastre, las rampas están rotas”, detalla. La gente que se acerca a Cilsa tiene los mismos inconvenientes. “Muchos salen tres horas antes para llegar al médico a horario”, opina Daniela.
Ignacio Rizzi dejó el SIC para ir a jugar al rugby a Francia. Un accidente lo postró. Volvió y creó la Fundación Rugby Amistad, que ayuda a jugadores que sufrieron accidentes. “Siempre necesito a alguien. A veces los obstáculos son tan grandes que no los puedo superar. Pero la silla hace solidaria a la gente”, explica el responsable de la Unidad para personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo.
“En los subtes los carteles informan en formato visual, pero las personas que no ven no se enteran. Y cuando el subte tiene un problema y hay que bajarse, lo dicen por audio y entonces los sordos no se enteran”, señala Gustavo Bennun, arquitecto de Accesible, consultora especializada en diseño para todos.
Metrovías explicó que dentro del plan de inversiones está previsto que en 2006 se instalen tres ascensores en la estación Uruguay, dos en Callao de la línea B, uno en Catedral y dos en Callao de la D.
Por Cynthia Palacios
De la Redacción de LA NACION
Transporte público
* La ley 22.431 (1981) y su modificatoria 24.314 (1994) especifican los requisitos para que el transporte público sea accesible a las personas discapacitadas. Las empresas de transporte debían incorporar gradualmente unidades especialmente adaptadas. Otras leyes establecieron frecuencias diarias mínimas y la obligación de darlas a publicidad. En 2002 todas las unidades debían estar adaptadas.
Gratuidad
* El decreto 38/04, de enero de 2004, del Poder Ejecutivo Nacional, establece que las personas con necesidades especiales podrán utilizar gratuitamente los servicios de transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia, sin límite de destino, con sólo presentar el certificado de discapacidad.
Edificios para todos
* La ley 962 de accesibilidad (aprobada el 5 de diciembre de 2002 por la Legislatura porteña) introduce modificaciones al Código de Edificación de la ciudad: incorpora dimensiones más amplias para circulaciones, puertas, interiores de baños y ascensores, así como la obligación de proyectar alternativas a las escaleras (rampas o medios mecánicos) en oficinas públicas -de organismos oficiales o privados- y edificios.
http://www.lanacion.com.ar/733972
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El 7,1% de la población tiene algún impedimento físico
Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI), que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en octubre del año pasado, el 7,1 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. En números absolutos, se trata de 2.176.123 personas, que la muestra relevó en centros urbanos de al menos 5000 habitantes.
El 53,6% son mujeres y el 46,4%, hombres. El 11,7% de las personas con alguna discapacidad son menores de 15 años, el 48,5% tiene entre 15 y 64 años y el 39,8% restante tiene 65 años o más.
Las discapacidades motoras son las más frecuentes: se dan en el 39,5% de los casos. Les siguen las visuales, con el 22%, y las mentales, con el 15,1 por ciento.
Entre las motoras, las más frecuentes son los trastornos en los miembros inferiores (61,6%), seguidos por los que afectan los miembros superiores e inferiores (30%) y, luego, las discapacidades en miembros superiores (8,4 por ciento).
La ENDI también indagó respecto de la cantidad de discapacidades por persona: el 73,9% de las personas tiene una sola discapacidad, mientras que el 20,2% padece dos y hay un 5,9% que presenta tres o más discapacidades. De estos últimas, la mitad tiene 75 años o más.
Del total de personas con alguna discapacidad, el 38,4% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. En la región del noroeste de nuestro país, esta proporción supera el 50 por ciento.
Si bien la discapacidad afecta al 7,1% de la población, el 20,6% de los hogares argentinos, es decir, uno cada cinco, alberga al menos a una persona con discapacidad.
La ENDI es complementaria del Censo 2001 y se realizó entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Incluyó una muestra de 67.000 hogares urbanos de todo el país.
http://www.lanacion.com.ar/733974
Publicado por Licenciatura en Gerontología el día: Agosto 29, 2005 09:19 AM