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La precariedad laboral y las exigencias del régimen de retiro llevarán a que la mitad de la población se enfrente en el futuro a la hora de la jubilación imposible
Según se proyecta, en 2025 sólo el 44,2% de los mayores tendrá acceso al cobro de haberes; además, cae la calidad de esos ingresos
Según un estudio privado, hay 5,7 millones de personas que están en una situación de extrema precariedad en su realidad laboral
La Nación
Domingo 30 de Octubre de 2005
Altas tasas de desocupación, empleos precarios que van y vienen, puestos con muy bajos salarios y marginados de todos los beneficios sociales que la ley prevé para el sistema laboral. La realidad del mercado de trabajo, cuya descripción suena tan familiar en la Argentina de los últimos años, esconde consecuencias que van más allá de la desprotección que, desde ya, las personas sufren durante su vida activa.
El escenario actual anticipa que, en 20 años más, sólo tendrá acceso a una jubilación o pensión alrededor del 45% de la población que haya cumplido la edad que la ley dispone como requisito para acceder a las prestaciones: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.
De acuerdo con las conclusiones de un reciente trabajo de la Secretaría de Seguridad Social y de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de cobertura actual de la población de esa franja etárea llega hoy al 69,5%, pero tan sólo en 5 años, es decir, hacia 2010, el índice caerá al 57,9 por ciento. El punto más crítico, según esas estimaciones, se ubicaría en 2025, cuando las prestaciones sólo llegarían a 44,2% de las personas mayores. Luego se tomaría un camino de lenta recuperación -explicada por cuestiones demográficas y una esperada mejora en el mercado de trabajo-, pero que alcanzaría apenas para tener al 50,8% de la población mayor cubierta en el año 2050.
Como es imposible predecir con exactitud el futuro -pero sí es posible y necesario evaluar los eventuales efectos de lo que hoy no funciona en la sociedad-, lo cierto es que bien podría imaginarse un escenario aún menos prometedor para la vida pasiva de las generaciones que hoy están en la etapa activa.
Si se proyectara la misma tendencia que tuvo el deterioro de la cobertura entre 1991 y 2001, podría llegarse al año 2050 con el 35% de la población mayor con acceso a un beneficio previsional. Así lo advirtió Emilia Roca, directora general de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo. La funcionaria acaba de poner el tema una vez más sobre el tapete, en un informe que elaboró para la relanzada Revista de Trabajo, que la semana última presentó el ministro Carlos Tomada y que lleva como título principal "El empleo en el debate de las Américas".
Los datos estadísticos de los que parten las estimaciones se basan en los resultados de los censos poblacionales. El último relevamiento, de 2001, mostró que siete de cada diez personas mayores cobraban o una jubilación, una pensión o un beneficio por edad avanzada.
Esta última modalidad es un ingreso que se habilita para las personas mayores de 70 años que tienen por lo menos 10 años de aportes. Hacia el futuro se espera que la participación de esta prestación -cuya existencia se relaciona con los problemas del mercado laboral-, se eleve: mientras que hoy representa sólo el 1,2% del total de beneficios pagados, en 20 años esa tasa será del 6,8%, y en 45 años, del 15,9 por ciento. Como contrapartida, irá cayendo el peso de las jubilaciones y pensiones.
Según observa Roca, los datos que mostró el censo de 2001 son el reflejo de lo que ocurría en el mercado de trabajo en los 20 años previos. Esto implica observar dos cosas: por un lado, que la vida activa de esas personas -las que en 2001 tenían edad jubilatoria- transcurrió cuando existían menos requisitos para acceder a una jubilación; y por el otro lado, que el mundo laboral mostraba entonces niveles más altos de formalidad.
Las pruebas de esta última observación están citadas en el trabajo de Roca que, basándose en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, llega a las siguientes conclusiones: más allá de los vaivenes del período, entre 1991 y 2003 el número de asalariados creció un 17,4 por ciento. Ahora bien: mientras que entre los no registrados la evolución fue del 53,8%, entre los inscriptos en la seguridad social el alza apenas llega al 2,4 por ciento.
A pesar de las muy leves mejoras que se observaron en el último año en el nivel de informalidad de los asalariados, el índice sigue hoy muy cerca del 50%, contra los guarismos de alrededor del 70% de formalidad de 1980. Ese deterioro explica las proyecciones sobre la baja de la cobertura y reavivan el debate por la búsqueda de soluciones (ver aparte).
Los trabajadores bajo relación de dependencia son aproximadamente siete de cada diez de los ocupados. Entre quienes desarrollan tareas por cuenta propia, la informalidad suele ser un fenómeno aún más frecuente.
Según un trabajo de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), que dirige Ernesto Kritz, del total de personas que integran la población económicamente activa (trabajan o buscan trabajar), un 37% está en situación de extrema precariedad, según datos del primer trimestre de este año. Se trata de 5.648.000 personas, caracterizadas por alguna de estas situaciones: son trabajadores intermitentes; cumplen tareas en el servicio doméstico; son cuentapropistas de muy bajos ingresos o bien son asalariados no registrados con muy bajos ingresos.
Mejoras insuficientes
Entre los trabajadores registrados en el sistema de seguridad social, fueron los cuentapropistas -monotributistas o autónomos-, los que mayormente mejoraron sus tasas de aportes en el último año; entre los asalariados, la mejora ocurrió, pero en menor medida. Entre el segundo trimestre de 2004 y ese período de este año, el número de aportantes para la jubilación creció un 17,1%, bastante por encima de la evolución que tuvo el empleo, que avanzó entre un 3 y un 4 por ciento.
Pero la mejora en los índices de formalidad en que ese hecho es capaz de traducirse, es demasiado lenta y casi imperceptible, cuando existe una participación tan elevada del trabajo en negro. Así parecen demostrarlo los datos de la EPH, que en el mismo período sólo mostraron una reducción de décimas en el indicador de asalariados sin aportes sociales.
Además, será determinante para el futuro de la cobertura de la seguridad social saber si esa mejora mantendrá una continuidad en el tiempo, o si muchas personas que son inscriptas perderán en el corto o mediano plazo su regularidad en los aportes.
En base a datos de la AFIP, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Social y la OIT muestra que, entre 1994 y 2003, la mitad de los inscriptos había realizado nada más que el 32% de los aportes correspondientes al período. Otro 30% registró entre el 32 y el 80% de las contribuciones, en tanto que sólo un 20% sumó más del 80% de los meses con aportes. En el medio, claro está, tuvo lugar una gran recesión y una crisis que, sin duda, influyó para que se diera tal nivel de irregularidad.
Una de las causas por las que se proyecta una caída de la tasa de cobertura está, justamente, en las exigencias en cuanto a la densidad de aportes que exige la ley 24.241, vigente desde 1994. Ese régimen, al establecer la opción entre un sistema de reparto y uno de capitalización, determina para los afiliados a este último cierta flexibilidad para acceder a ingresos en el futuro. Esto es porque, más allá de que no se alcancen los años de aportes necesarios para cobrar la prestación completa -que incluye pagos a cargo del Estado-, los fondos acumulados en la cuenta individual siempre son de quien los aportó, y está garantizado su acceso al dinero.
El escenario previsto para las jubilaciones del futuro muestra otro costado preocupante. Las personas que sí podrán acceder a un haber mensual al término de su vida laboral, soportarían el hecho de que la prestación recibida sea cada vez menor en cuanto a su relación con los ingresos que eran percibidos durante la etapa activa. En el sistema de reparto, eso se debe a las fórmulas de cálculo dispuestas en 1994, ya que la ley buscó incentivar, de esa manera, las afiliaciones al régimen de capitalización.
Sin embargo, según el informe, la tasa de sustitución (que relaciona el haber previsional con el ingreso promedio de los últimos 10 años trabajados), sufrirá un deterioro también en el sistema administrado por las AFJP. La conclusiones ubican a ambos regímenes prometiendo tasas de sustitución de alrededor del 55% entre 2040 y 2050, contra índices actuales superiores al 70 por ciento.
De todas formas, en el caso de capitalización, esa evolución dependerá mucho del nivel de rentabilidad obtenido para los fondos tanto antes como después de la jubilación de la persona (por lo general, las proyecciones toman tasas inferiores a los resultados que hasta ahora mostró el sistema). Es que, a diferencia del régimen estatal, el sistema obliga a las AFJP y a las compañías de seguro que pagan las rentas vitalicias a producir ajustes periódicos en los haberes a su cargo.
En cuanto a las obligaciones del Estado con los futuros jubilados, el trabajo advierte que la caída de la cobertura transforma en poco relevante lo que pueda decirse sobre la situación financiera. La razón parece clara: hacia 2050 el sistema de reparto tendrá superávit, pero eso ocurriría en una sociedad con la mitad de la población mayor sin cobertura, y la situación exigirá una respuesta desde el Estado.
Una respuesta que, en un sentido amplio, debería llegar antes, para evitar que las proyecciones sean una realidad.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=751919
Propuestas basadas en dos ejes
Aliento a la formalización y flexibilización de los requisitos para jubilarse
Frente al deterioro previsto en la cobertura del sistema jubilatorio, para los especialistas es impensable admitir un único camino hacia una solución o, al menos, hacia un alivio de la situación.
En rigor, se apunta claramente a dos líneas de acción: por una parte, se recomienda tender a la formalización del mercado laboral, algo que reportaría resultados en el mediano y en el largo plazo. Por otro lado, el consejo es reformar el sistema jubilatorio de tal manera de flexibilizar el acceso a las prestaciones, garantizando incluso que puedan cobrar algún tipo de ingreso quienes prácticamente no hayan logrado reunir aporte alguno.
"Reducir la informalidad implica generar mecanismos de incentivos para que a las empresas les convenga tener a sus trabajadores en blanco y además, mejorar los mecanismos de control", señaló Rafael Rofman, economista senior del Departamento de Desarrollo Humano de la Oficina Regional para América latina y el Caribe del Banco Mundial.
Rofman advierte que, aun si se lograra en un tiempo una mejora en los niveles de formalidad, para muchos trabajadores ya sería tarde, dado que gran parte de su historia laboral ya habrá transcurrido. La búsqueda de respuestas debe incluir a estas personas: "Hay que generar un esquema que dé beneficios a la gente que lo necesite, pero sin provocar un conflicto fiscal, y bajo principios de equidad", precisó.
Fabio Bertranou, especialista en Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), consideró que debe ampliarse el sistema de pensiones no contributivas, modernizando sus mecanismos de administración. En la Argentina, estos planes existen, pero se manejan hoy al margen de las políticas de seguridad social, algo que no pocos ponen en discusión.
Bertranou agregó que actualmente hay una porción de los ocupados -entre un 15 o 20%-, que en los próximos 5 a 10 años podría incorporarse al sector formal. Ese hecho permitiría mejorar los niveles de cobertura previsional sin mediar una reforma normativa.
Beneficios proporcionales
Sin embargo, también apuntó que las estrategias por seguir deben incluir una flexibilización de la exigencia de contar con 30 años de aportes para acceder a una jubilación. Por eso recomendó que a partir de un estudio financiero se habiliten prestaciones para los trabajadores que hayan aportado al menos 20 años, con montos proporcionales al tiempo contribuido.
En los borradores para un proyecto de reforma legal que había elaborado la Secretaría de Seguridad Social hace tres años, se contemplaba la vigencia de un esquema proporcional de prestaciones. "Los 30 años de aportes implican un requisito muy fuerte, hay que flexibilizar el acceso; siempre se trabaja para eso con un piso: pedir que la persona tenga al menos 10 o 15 años aportados", explicó Emilia Roca, directora general de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaría de Programación Técnica del Ministerio de Trabajo.
En la opinión de Rofman, la alternativa de los beneficios proporcionales es importante, pero no suficiente. "Si se piden 30 años y alguien aportó 29, es injusto que se quede sin nada; lo razonable es decirle que se le va a dar menos; pero a la vez, que le convenga pagar los años de aportes que le faltan". Sin embargo, Rofman destacó que, según estudios existentes, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, 5 años de aportes; "pero no hay muchos que tengan 25" (y esta es la población objetivo para la solución que implicarían las prestaciones proporcionales).
Para las personas con muy pocos años contribuidos, la respuesta, en rigor, estaría en el sistema de ingresos no contributivos.
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=751920