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Los hechos de violencia que se vienen repitiendo contra personas de edad superan los límites del delito. Son señales de descomposición del tejido social y de la ruptura de códigos hasta ahora considerados inamovibles.
Ricardo Iacub
12.12.2005 | Clarín.com
Nuestro país se ve consternado ante un incremento de violencia perpetrada hacia los adultos mayores. Algunos delincuentes parecen elegir especialmente a esta población para robarles, llegando a situaciones de violencia extrema que die ron como resultado una gran cantidad de heridos y, en este último año, a una cifra de muertos que ha llegado a 36.
En las últimas semanas se han vertido diversas opiniones acerca de las causas que dieron origen a esta situación: desde la idea de "contagio colectivo", promovido supuestamente por los propios medios; el abuso de drogas en los delincuentes o la exclusión social. Ninguna de ellas parece dar cuenta de un fenómeno, no sólo delincuencial, sino de una atroz violencia, que trasciende las causas antes mencionadas y nos lleva a una reflexión más profunda acerca de nuestra sociedad.
Uno de los elementos básicos de cualquier sociedad organizada ha sido la protección de aquellos que considera más vulnerables, los cuales resultan definidos de modos diversos según las características culturales de cada población. La ley es el plano máximo que ordena dicha vigilancia, aunque es a nivel de la ética entre los pares donde suele darse un control, llamémosle espontáneo, que funciona a modo de una valla protectora contra todos aquellos excesos propios de quien tiene la fuerza.
Frases como "los niños y las mujeres primero" no hablan, en principio, tanto de un valor social de éstos, sino de una regulación ante una competencia que puede devenir demasiado desigual.
Sin ser un grupo que deba ser definido desde su debilidad o aún menos desde su enfermedad —ya que correríamos el riesgo de caer en lecturas reduccionistas y prejuiciosas, que desconocen su heterogeneidad como grupo y su capacidad de autonomía y participación—, sí podríamos considerar que los ancianos o adultos mayores pueden ser más vulnerables físicamente, rasgo que comparten con otros grupos como las personas con discapacidad, embarazadas o niños. Este hecho ha llevado a que las sociedades establezcan medios de protección que aseguren a esta población ante una "ley de la selva" en medio de la cual podrían correr serios riesgos perso nales.
¿Por qué nos consternan tanto los hechos de violencia contra personas mayores? ¿Por qué nos impresionan tanto? Sin duda, estas amenazas no sólo producen temor en los propios afectados o sus allegados. Lo que impresiona tanto es que parecieran ir en contra de aquello que nos da fundamento como sociedad civilizada.
Lo que denominamos civilización, con sus múltiples variantes y estilos culturales, es el resultado de pactos sociales que han tenido entre sus metas el buscar modos posibles de protección y alternativas de control social entre los individuos. El miedo al otro, la pérdida de los medios de protección básicos que construye cada sociedad, nos lleva a vivir el riesgo de la anomia social, más allá de que los sistemas jurídicos sigan estando en vigencia.
Las reacciones de impresión u horror ante estos hechos de violencia que suelen surgir "naturalmente" son fruto de generaciones que cultivaron un rechazo social muy profundo y que resultan un freno sumamente efectivo a nivel individual para evitar situaciones que lindan con el horror.
Por ello, y a riesgo de parecer tremendista, la perplejidad creciente ante estos sucesos resulta del hecho de estar tocando puntos de disolución del tejido social.
Este enfoque no supone volver a los viejos valores —muchas veces representados en la imagen del abuelo sentado en la cabecera de la mesa familiar—, ya que estos criterios sociales se han modificado por muy diversas cuestiones, y no considero que sean la causa directa de los fenómenos de los que hoy estamos siendo testigos.
Debemos proponernos recuperar un pacto social en el cual haya diques culturales que contengan estos rasgos de la barbarie y eviten el abuso indiscriminado de los viejos, de los niños, de los discapacitados, o de cualquier otro al que la variable de poder, por alguna razón intrínseca o extrínseca, lo deje en el lugar de la vulnerabilidad.
Esta parece ser una de las funciones más legítimas que asume una sociedad civilizada: proteger con mayor cuidado a estos grupos, razón por la cual la resolución, además de venir por la vía jurídica y por una eficaz tarea policial, debería incluir profunda mente a la educación y a una mayor reflexión y acción acerca de cómo una sociedad puede y debe cuidarse de la barbarie.
http://www.clarin.com/diario/2005/12/12/opinion/o-02101.htm