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Klaus Kohlmorgen pertenece a un grupo privilegiado en Alemania. Es profesor de matemáticas en una escuela, es decir, un funcionario público.
Su empleo le proporciona unas condiciones envidiables: Kohlmorgen, de 49 años, no puede ser despedido y recibe al mes unos US$365 suplementarios como compensación familiar para su mujer y sus dos hijos. Algunas deducciones de sueldo, como las de subsidio al desempleo, no se retiran de su paga mensual y su pensión podría ser hasta el doble de un trabajador que realiza una actividad similar en el sector privado.
Por Almut Schoenfeld
The Wall Street Journal
BERLÍN — April 5, 2004
Pero ahora la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial ha puesto en evidencia por primera vez los beneficios que recibe Kohlmorgen y los 1,8 millones de empleados públicos que están en activo en Alemania. También se están analizando las prestaciones de los 1,3 millones de funcionarios jubilados para realizar posibles recortes en un momento en el que el gobierno trata de reducir un déficit público que supera los límites impuestos por la Unión Europea.
La discusión forma parte de un debate público creciente en Alemania sobre cómo financiar las pensiones, que están por las nubes y descontroladas. Se espera que los pagos de pensiones a funcionarios casi se tripliquen de 31.700 millones de euros en 2000 a 92.000 millones de euros en 2050, según el Instituto para Investigación Económica Ifo, con sede en Munich. Y el problema se agrava con las tendencias demográficas del país: las tasas de natalidad bajas y una población cada vez más envejecida significan que las pensiones ya no se pueden financiar con los impuestos de los trabajadores actuales.
Alemania no es el único país que tiene problemas con sus costosos programas sociales. El año pasado, el gobierno francés de centro derecha trató de frenar los enormes costos que le supone su nutrido cuerpo funcionarial. Recortó empleos mediante la no renovación de plazas y empezó a reducir los pagos de pensiones, lo que desató amplias protestas. En Portugal, donde el cuerpo de funcionarios es el mayor de Europa en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, el gobierno efectuó hace poco recortes similares.
En Alemania, a pesar de la necesidad obvia de recortar costos y cambiar el sistema, atacar a los funcionarios supone enfrentarse a protestas indignadas.
Winfried Fuest, profesor y autor de un estudio que recomendó reducir los privilegios de los funcionarios, cuenta que ha sido tratado como un paria desde que su informe se publicó a principios de año. Recibió numerosas llamadas de teléfono y correos electrónicos, dice Fuest, que como profesor del Instituto de la Economía Alemana en Colonia no está clasificado como funcionario público. "Fui maltratado e insultado".
Lo que ha quedado claro para Fuest y otros es que el sistema de funcionarios no es una partida contable cualquiera en el presupuesto. La práctica se remonta a 1794, año en el que el estado de Prusia creó la categoría de funcionarios.
A cambio de garantías irrenunciables contra los despidos y una paga regular aunque modesta, tenían que ser siervos incorruptibles y leales al estado, dispuestos a trabajar dónde y cómo el gobierno les mandara. Con el prestigio del puesto llegaron privilegios desconocidos para el empleado del sector privado. Desde entonces, el número de empleados públicos ha ido creciendo de forma constante. Entre los beneficios que se ofrecen, los funcionarios pueden jubilarse después de 40 años de trabajo y recibir el 70% del salario percibido en el último año. Mientras, en el sector privado los planes de pensiones varían; por norma los trabajadores deben acumular 45 años de trabajo antes de recibir una pensión cuyo cálculo se basa en sus ganancias a lo largo de su vida.
Al cabo de los años, el sistema se convirtió en una institución alemana intocable, tan indisociable del panorama cultural del país como la cerveza.
Una razón de que la costumbre no haya cambiado a través de los años o que los privilegios no hayan sido reducidos es que un tercio del Parlamento alemán pertenece al cuerpo de empleados públicos, en el caso de aquellos miembros que tienen o tuvieron un cargo de funcionario. El grupo de presión que los representa es una de las organizaciones del país y eso a pesar de que sus miembros no se pueden poner en huelga.
Ese grupo, la Asociación Alemana de Funcionarios Públicos, ha acordado hace poco negociar la introducción de leves cambios al sistema debido a la cada vez más precaria situación financiera del gobierno. Algunos argumentan que los problemas actuales podrían haberse evitado si el gobierno hubiera frenado antes el crecimiento del sistema.
"En lugar de contratar cada vez más funcionarios durante las épocas de prosperidad en los 70 y 80, tendríamos que haber creado un sistema confiable, que asegura el financiamiento a largo plazo", dice Wolfgang Bloedorn, profesor y ex dirigente de la división para el norte de Alemania del grupo de presión. "Cuando oigo hablar de reformas, significa más trabajo y menos dinero. No existe un concepto sólido en las propuestas".
Entre otras ideas, los cambios que se discuten abarcan los pagos ligados a resultados, lo que exigiría trabajar más horas y dejaría a ciertas profesiones fuera de la categoría de funcionario, como los profesores y catedráticos. Algunos políticos han propuesto abolir el sistema, salvo para los empleados de policía y justicia, pero el gobierno ha dicho que sólo pretende modernizarlo. Las propuestas específicas llegarán durante la segunda mitad del año.