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Graciela Ocaña hizo carrera política denunciando tenazmente la corrupción como legisladora de un pequeño partido de izquierda. Luego, en un súbito giro, la diputada rebelde se volvió colaboradora del gobierno cuando el presidente la puso al frente del programa para la atención médica de los ancianos, notorio por estar plagado de manejos turbios.
Por Matt Moffett
The Wall Street Journal
Agosto 30, 2004
La lucha de Ocaña por sanear el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), cuyo presupuesto es de US$1.000 millones y está encargado de prestar atención a más de tres millones de argentinos, se perfila como una gran prueba para la reestructuración económica del presidente Néstor Kirchner.
La dificultad de mejorar el PAMI, creado en 1971 e inspirado por el programa estadounidense Medicare, ilustra también una paradoja fundamental de Argentina: cómo la ambición de recibir las prestaciones sociales de una nación rica se ven frustradas por la corrupción y las prebendas propias de una nación en vías de desarrollo. "Hasta cierto punto, el PAMI puede verse como un microcosmos de los problemas más amplios que aquejan a Argentina", dice Peter Lloyd-Sherlock, Conferenciante Senior de Desarrollo Social en la University of East Anglia.
A fin de resolver el embrollo de la atención médica, Ocaña ha empezado a colocar información en línea sobre los contratos; a entrenar equipos de jubilados para efectuar inspecciones sorpresivas en las clínicas; y a impulsar un plan para ahorrar unos US$180 millones mediante la eliminación de los intermediarios en los contratos.
Pero Ocaña es ahora atacada por todos los flancos. A comienzos de mes, fue expulsada de su partido, la Alternativa para una República de Iguales (ARI) por colaborar con el gobierno peronista. Recientemente, algunas clínicas realizaron una huelga en protesta por los reducidos pagos que el gobierno hace por la atención médica a los ancianos.
Ocaña dice que su teléfono ha sido intervenido por los que se sienten amenazados por su plan. "La admiro, pero las fuerzas a las que se enfrenta son muy poderosas", dice Ricardo Monner Sans, abogado especializado en casos anticorrupción.
Ocaña, de 43 años, dice que no se arrepiente de haber asumido el cargo. "Creo que el presidente Kirchner representa una oportunidad histórica para el cambio", agrega.
La corrupción endémica ha exacerbado el problema. A comienzos de mes, un programa de TV mostró un video hecho subrepticiamente por un dirigente de izquierda mientras un ejecutivo de una empresa de suministros médicos le ofrecía un soborno. El PAMI ha demostrado ser también inmune a los esfuerzos de normalización. Debido al favoritismo político, tiene ahora 11.000 empleados.
Gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por reducir la nómina del PAMI, con apoyo y asesoría del Banco Mundial, pero no tuvieron gran impacto. "Es difícil saber qué hay de diferente esta vez", dice Nélida Redondo, investigadora de la Universidad Católica Argentina.
Ocaña dice que la diferencia está en el apoyo de Kirchner, que se ha mostrado dispuesto a darle a alguien procedente de otro partido una oportunidad. "Queremos cambiar el sistema de manera que el PAMI contrate directamente los médicos y las clínicas", afirma Ocaña.
Reconoce que hasta ahora el avance es más lento de lo que esperaba, en parte porque está batallando con una quinta columna dentro del PAMI. "Hay una burocracia interna conectada en algunos sitios con la mafia de afuera", dice.