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ANUNCIO DE LA INTERVENTORA GRACIELA OCAÑA
Hoy abrirá un registro para prestadores de salud. Y luego los contratará directamente. Así se eliminarán las gerenciadoras, que facturan $ 1.000 millones por año. Habían sido creadas en el gobierno de Menem.
Guido Braslavsky
Clarín
20.09.2004
El PAMI dará hoy un paso fundamental hacia la eliminación del cuestionado sistema de intermediarios que rige las prestaciones de la obra social más grande del país desde los primeros años del gobierno de Carlos Menem. Según confirmó ayer a Clarín la titular del PAMI, Graciela Ocaña, hoy se abrirá la convocatoria a un concurso de prestadores, que en los próximos meses deberían ser contratados en forma directa por el PAMI.
El objetivo es que "antes de fin de año", al menos en una porción del país, los nuevos prestadores —clínicas y médicos de cabecera— reemplacen a las gerenciadoras, acusadas por la intervención de quedarse con una parte sustancial de los recursos y no brindar prestaciones adecuadas.
El concurso será convocado hoy con avisos en los principales diarios. En el PAMI esperan que el grueso de los prestadores se inscriba en los próximos 15 días. Luego empezará un proceso de "doble selección": por parte del PAMI, y con encuestas que se les hará llegar a los propios jubilados para que elijan según la zona en que viven los hospitales y médicos de su preferencia.
"Los jubilados se quejan de que son rehenes de los prestadores y se tienen que conformar con lo que les toca. Por eso, lo que opinen en la encuesta va a ser vinculante", aseguró Ocaña.
En la actualidad, los prestadores del PAMI son contratados por alrededor de 90 Unidades de Gestión y Participación (UGP), integradas por dueños de clínicas y laboratorios. Las UGP fueron constituidas durante el gobierno de la Alianza, en un intento de superar a las gerenciadoras que el PAMI contrataba en forma directa. Según Ocaña, "fue un cambio de nombres pero el sistema siguió igual".
La UGP cobra al PAMI una cápita por cada jubilado de 25,50 pesos por mes. Si se multiplica ese número por los 3.090.000 de afiliados que tiene el PAMI, el ingreso mensual de las UGP es de casi 79 millones.
En cifras redondas, un negocio anual de casi mil millones de pesos que según cálculos del PAMI, reporta beneficios a las intermediarias por 200 millones al año. "El objetivo de terminar con las gerenciadoras no es ahorrar, sino conseguir que la plata se destine a prestar servicios a los afiliados", dicen en el PAMI.
Clarín anticipó en enero este proyecto de Ocaña. Pero ponerlo en marcha le llevó a la interventora mucho más tiempo del esperado. "No es fácil impulsar cambios de fondo. Estamos frente a la matriz de la corrupción. El sistema actual está muy consolidado desde hace 12 años y hay muchos intereses que vencer dentro y fuera del PAMI", señaló Ocaña.
"En la forma en que funciona el sistema, la ganancia de los prestadores está basada en no prestar servicios. Queremos terminar con eso", agregó la interventora. Según sus cálculos, debido a la tercerización sólo entre el 50 y el 70 por ciento de la cápita llega a médicos y sanatorios.
El sistema de gerenciadoras tomó la forma actual hacia 1992, durante la intervención de Matilde Menéndez, y se profundizó con su sucesor Víctor Alderete. Las versiones siempre vincularon a las gerenciadoras con el radical Enrique "Coti" Nosiglia y al sindicalista Luis Barrionuevo. Sin embargo, nunca se pudo comprobar que fueran proveedores del PAMI.
Ocaña aseguró que su paso por el PAMI "no fue fácil" y atribuyó las periódicas versiones sobre su supuesta renuncia a "interesados" en que nada cambie.
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ANTECEDENTES
Los cambios que nunca fueron
En sus 33 años de existencia, el PAMI acumuló sólo ocho directores pero tuvo más del doble de interventores o normalizadores. Graciela Ocaña ocupa el casillero 19 en este curioso rubro de intervenciones.
Desde 1971 hasta la actualidad, todos los directores o interventores anunciaron medidas para mejorar el funcionamiento de la obra social, pero ésta acumuló problemas, gastos e ineficiencias. Varios de sus directivos terminaron con causas penales.
El primer presidente, Pedro Urrutia, fue desplazado porque viajaba por Europa en lugar de atender las necesidades de los jubilados. Al principio se recaudaron los aportes pero no había contraprestación inmediata.
El primer interventor militar de la última dictadura, Guillermo Cal, se topó con cientos de papeles con membretes de la CGT cuando entró a su despacho para asumir el cargo. Una muestra del poder que el sindicalismo tenía y tiene en el organismo.
El millonario presupuesto que maneja el PAMI fue apetecido por todos los gobiernos para echar mano de él en situaciones difíciles. El gobierno de la Alianza prometió resguardarlo en "una caja de cristal". Bajó la corrupción pero la atención siguió en deuda.
La gestión más polémica fue la del menemista Víctor Alderete, que terminó preso. Ahora está libre pero acumula una cantidad de causas sólo comparable a las de María Julia Alsogaray. Casi todas ellas, por contratos más que dudosos.