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Uno de los problemas más graves que enfrenta la Argentina es que cada vez más personas en la tercera edad no recibe jubilación. El problema se agrava porque la población envejece y el empleo “en negro” afecta a más del 50% de los asalariados. En este sentido, las pensiones no contributivas son un instrumento clave para paliar la situación de estas personas. Sin embargo, su impacto está diluido porque siguen prevaleciendo los privilegios y los criterios clientelistas en su distribución.
IDESA
6 de febrero de 2005
Se estima que el 33% de las personas mayores de 65 años no recibe ninguna prestación previsional, es decir, 1,5 millones de ancianos están en situación de alto riesgo. Algunos, aproximadamente 500 mil, conviven con un cónyuge que recibe jubilación con lo cual su situación puede estar atenuada. El resto no tiene acceso a ninguna prestación.
El paliativo para este problema, originado en la desfavorable dinámica demográfica y laboral, es fortalecer el suministro de jubilaciones no contributivas. Es decir, contemplar la cobertura de personas que no realizaron aportes suficientes durante su vida activa y que hoy enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad social por ser ancianos sin ingresos.
En teoría, la Argentina cuenta con un mecanismo de este tipo a través del sistema de pensiones no contributivas. Según datos disponibles de la ANSES para el año 2004 este sistema brinda cobertura a 345.000 personas con un beneficio medio de 200 pesos mensuales. En la composición de quiénes lo reciben aparecen algunos aspectos relevantes:
• 127.000 ancianos y discapacitados sin cobertura previsional reciben un beneficio medio de 180 pesos mensuales.
• 78.000 personas alcanzadas por leyes especiales (ex presidentes, ganadores de premios Nobel y Olímpicos, Veteranos de Mavinas, Prelados, Obispos, familiares de desaparecidos, etc) reciben un beneficio medio de 290 pesos mensuales.
• 140.000 personas recibieron una “pensión graciable”; esto es, pensiones otorgadas por los legisladores del Congreso Nacional a su libre arbitrio y sin ninguna condición de pobreza o vulnerabilidad. El beneficio medio es de 180 pesos por mes.
Es claro que el sistema de pensiones no contributivas no es lo suficientemente grande como para hacer frente con algún grado de éxito el grave problema de la falta de cobertura en la tercera edad. La comparación entre los 345.000 beneficios que otorga con los más de 1 millón de ancianos desprotegidos evidencia su insuficiencia.
Sin embargo, el problema más grave son los estilos de gestión aplicados en la administración de estos recursos. Del total de las pensiones no contributivas, sólo para 1 de cada 3 prevalece el criterio de contemplar la falta de cobertura en la vejez o la invalidez. Aun así, para asignar estas pensiones no hay procedimientos administrativos automáticos y transparentes que permita el acceso ágil a la protección en caso de vulnerabilidad. Por el contrario, prevalecen trámites burocraticos que impiden que la prioridad la tengan las personas en situaciones más críticas.
De todas formas, el punto más critico de todos es que la mayoría de las pensiones no contributivas siguen siendo las “repartidas” por los legisladores del Congreso Nacional. De hecho, son más las personas que recibieron una “pensión graciable” de manos de un legislador, a través de criterios que dependen sólo de él (lo cual hasta inclusive “oscurece” las buenas intenciones que puede haber entre algunos legisladores de proteger a personas en situación de vulnerabilidad) que los beneficiarios que realmente justifican la existencia de este esquema de pensiones no contributiva. El sistema político sigue considerando que, por encima de las prioridades sociales, está el uso de las pensiones no contributivas como herramienta de uso partidario o, en los casos mas censurables, para beneficio personal.
En Argentina –como en muchos otros países de la región– la explosiva combinación de envejecimiento poblacional y masividad del empleo “en negro” ha incubado un grave problema social. Se trata de un problema que no será revertido en el corto plazo, aún cuando en los próximos años mejoren sustancialmente los indicadores económicos y laborales. Con los altos indices de empleo no registrado observados en los últimos años, se proyecta que dentro de 10 años casi la mitad de los mayores de 65 años no accederán al beneficio previsional. Es clave asumir que hay que asignar más recursos públicos a proteger la vejez sin cobertura y también que la administración discrecional de estos recursos es incompatible con la posibilidad de evitar la pobreza en la tercera edad.