Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con el proyecto de reforma de las jubilaciones, Graciela Stasevich, la abogada del jubilado Adolfo Badaro, quien con su demanda motivó en agosto pasado el pronunciamiento de la Corte Suprema ordenando al Gobierno fijar la movilidad de las jubilaciones, volvió a los Tribunales.

Mediante un escrito presentado la semana pasada, Stasevich le pide al Alto Tribunal "que se pronuncie respecto del aumento que le corresponde a Badaro para el período posterior a 2001, por considerar que el plazo razonable otorgado por la Corte Suprema para que el Gobierno restablezca la movilidad, se encuentra vencido".

En agosto pasado, en este caso líder, la Corte estableció que las jubilaciones deben mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores, y acorde con la posición salarial que tuvo mientras estuvo trabajando.

Sin embargo, por la importancia de lo que está en juego y atento a la crisis que hubo después de 2001, el Tribunal difirió pronunciarse sobre el caso. Y dejó en manos del Congreso y del Gobierno, y dentro de un plazo "razonable", la tarea de fijar un índice de movilidad. Luego de ese plazo razonable, la Corte se reservó el pronunciamiento definitivo.

Tras la sanción y promulgación de la ley de Presupuesto y la entrada en vigencia de la suba del 13% a partir de enero, Stasevich consideró que el plazo razonable estaba cumplido. Por eso, el mismo día de reapertura de los Tribunales, presentó el escrito en la Corte.

En el caso puntual de Badaro, la abogada Stasevich dice que el aumento del 13% aprobado por la Ley de Presupuesto y que rige desde enero, "no sanea la confiscatoriedad perpetrada en sus haberes".

A modo de ejemplo, Stasevich agregó que "una persona que se desempeña en el cargo que ocupaba Badaro al jubilarse tuvo desde 2001 un aumento del salario que sobrepasa el 100%". Entonces el 13% como respuesta al fallo de la Corte —dice Stasevich— "resulta manifiestamente inconstitucional a la luz de la propia interpretación que hizo la Corte Suprema donde declaró el carácter sustitutivo del salario y la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la jubilación y el sueldo".

Stasevich explicó que el escrito que presentó en la Corte se titular "Denuncio Incumplimiento" porque Badaro, y a pesar de su enfermedad, todavía no cobró la parte firme de la sentencia con el ajuste del haber hasta 1995. Y con relación al período posterior a esa fecha, los aumentos dados por el Gobierno "no son fruto de un sistema válido de movilidad sino que son cifras que no responden a parámetro alguno".

Con relación a 2001, y con una inflación oficial hasta diciembre de 2006 del 91,3%, el Gobierno ajustó en varias oportunidades la jubilación mínima llevándola de 150 a 530 pesos.

Así salieron muy beneficiados el 1,5 millón de jubilados que entonces ganaban menos de 280 pesos. En esos casos, sus haberes se vieron incrementados igual o más que la inflación.

Pero el resto (otros dos millones de beneficiarios) no tuvo la misma suerte ya que recibió aumentos inferiores a la inflación. Así, quien ganaba 300 pesos ahora cobra 530 pesos, una suba del 77%. Y quien ganaba 500 pesos recibió un aumento del 10%, otro 11% y ahora del 13%, percibe 690 pesos, lo que equivale a una suba del 38%. Y quien ganaba 1.000 pesos, recibió el 11% y el 13% y cobra 1.254 pesos, una suba de 25,4%.

Así, los que antes de 2001 ganaban 1.000 pesos, y que involucra a 320.000 jubilados, entre ellos Badaro— sigue teniendo un poder de compra un 34% inferior al de 2001.

Se descuenta que el Gobierno responderá al escrito de Stasevich argumentando que la jubilación media actual es un 90% superior a la que existía en 2001. Y que la política oficial en materia de Seguridad Social fue privilegiar a los jubilados de menores ingresos.

http://www.clarin.com/diario/2007/02/08/elpais/p-01201.htm