Al mismo tiempo que el Congreso argentino dio luz verde a la reforma K del sistema previsional, un informe de Naciones Unidas advierte sobre los peligros crecientes por la multiplicación de jubilados. Las estimaciones establecen que la explosión se desataría en la década que va del 2010 al 2020, con la incorporación al escenario demográfico de 20 millones de personas con más de 60 años. Para hacer frente al problema, la ONU recomienda abundantes inversiones en cambios de los mecanismos jubilatorios, aunque a contramano de las recientes iniciativas de la gestión kirchnerista.
Mauricio Weibel*, Desde Santiago de Chile (DPA)
2007-03-03 Perfil.Com
Los países de América latina enfrentarán millonarios déficits sociales y fiscales en los próximos años producto del acelerado envejecimiento de su población, fenómeno que amenaza con elevar la pobreza regional que ya afecta a 205 millones de personas, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Argentina, Uruguay y Brasil deberán destinar el equivalente a dos y hasta tres veces su producto bruto interno al financiamiento de reformas previsionales si desean evitar tanto el colapso social de los adultos mayores como una crisis futura de sus arcas públicas.
En Cuba, Panamá, Chile y Costa Rica esa demanda oscilará entre 1 y 1,5 veces el PBI nacional, según informó el jefe del Área de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), el dominicano José Miguel Guzmán.
Se vienen los “viejitos”. El envejecimiento poblacional tendrá un “boom” de mediano plazo entre los años 2010 y 2020, a partir del ingreso de unos 20 millones de personas mayores de 60 años al escenario demográfico regional. Hoy, América latina tiene 560 millones de habitantes y menos de 40 millones superan los 65 años.
Peor aún, más de 200 millones de latinoamericanos tendrán sobre 60 años en 2050, cifra que iguala la población actual de Brasil. O sea, uno de cada cuatro habitantes será un trabajador pasivo a mediados del siglo.
El acelerado envejecimiento, si bien difiere en cada uno de los países de la región, obedece a tres factores fundamentales: una drástica reducción de la natalidad, un fuerte aumento de la esperanza de vida y el ingreso a la vejez de los millones de latinoamericanos que nacieron entre 1955 y 1965, los años de la última explosión demográfica, según explica Guzmán.
Estos cambios, que en países como Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Cuba son una realidad, obligarán también a fuertes inversiones en los sistemas de salud, redes urbanas y formación profesional.
Ausencia de planes. Hasta hoy los gobiernos no tienen un plan de acción con metas claras, según estudios de la Comisión Económica para América latina (CEPAL), pese a que en Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile los mayores de 60 años equivaldrán a entre un 10 y un 17 por ciento de la población en el año 2020.
El número de pobres de la región, que cayó en 15 millones de personas entre 2002 y 2006, amenaza con expandirse en las próximas décadas, ante la ausencia de pensiones universales o focalizadas, además de la inexistencia de accesos subsidiados a salud y medicamentos de las personas de 60 años o más.
Según estimaciones de la CEPAL, una política de pensiones asistenciales dirigidas a los grupos más vulnerables reduciría en 18 puntos la pobreza de ese segmento de edad.
De no adoptarse estas medidas, millones de adultos mayores con malas o inexistentes pensiones y sin acceso al trabajo o la salud generarán un cuadro de creciente inequidad y freno económico.
Las naciones de menor desarrollo relativo, como Honduras, Bolivia o Paraguay, pueden ver incrementar aún más sus tasas de pobreza que ya oscilan entre 60 y 75 por ciento de la población, según cifras oficiales.
Además la capacidad productiva de estas economías se resentirá, debido a la disminución de la población activa, acota Guzmán.
La cuestión es invertir. La receta de la ONU para enfrentar la crisis, atendiendo la endémica falta de recursos de algunas naciones, apunta a invertir en políticas públicas que permitan un mínimo de bienestar en salud, ingresos familiares y habitabilidad urbana.
De lo contrario, la carga social y económica que demanda la vejez recaerá exclusivamente en las familias de los adultos mayores, cuyos núcleos se reducirán progresivamente en las próximas décadas.
Si los gobiernos no construyen un sistema de protección social, para las familias será cada vez más oneroso proteger a sus patriarcas, abriendo un nuevo frente a la precariedad social, en una región donde ya 79 millones de personas no pueden alimentarse diariamente.n
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