Los jubilados y pensionados del sistema nacional de previsión social recibirán un aumento del 12,5% a partir de sus haberes de septiembre. La medida, que tendrá alcance para los pasivos tanto de reparto como de capitalización, los beneficiarios de pensiones no contributivas y los ex combatientes de Malvinas, impactará en los bolsillos de 4.924.549 personas.

El anuncio fue realizado ayer en Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Economía, Miguel Peirano, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Sergio Massa.

El haber mínimo para los pasivos subirá de $ 530 a $ 596,25, y el máximo pasará de $ 3888 a $ 4374. Como gran parte de quienes cobran la mínima reciben un subsidio de $ 30 del PAMI (son 218.000 quienes quedan al margen, por estar afiliados a otras obras sociales), para ellos el ingreso mensual será de $ 626,25.

En el régimen de reparto, que paga 4.627.813 jubilaciones y pensiones, la suba promedio será de $ 82,40, ya que el ingreso medio pasará de $ 659,60 a $ 742. En este sistema, 2.970.611 pasivos (el 64%) cobrará el haber mínimo, en tanto que otro 24% recibirá entre ese monto y $ 1000. El 11% de los pasivos percibirá entre $ 1001 y $ 3000, y el 1% cobrará más de $ 3000.

Para los 276.551 beneficiarios del régimen de capitalización, el ajuste se aplicará sobre los componentes del haber que están a cargo del Estado: la prestación básica universal, la prestación compensatoria -que corresponde por los aportes al sistema público antes de 1994- y, eventualmente, sobre la prestación adicional por permanencia -si después de aquel año se hicieron aportes a reparto-. En el sistema de las AFJP, el haber total promedio es ahora de $ 674, con $ 553 a cargo de los fondos públicos (el porcentaje de este componente es alto, del 82%, dada la juventud del sistema). En estos casos, el aumento será del 10,25% sobre el beneficio total. La parte del haber derivada del ahorro capitalizado tiene un mecanismo de ajustes periódicos.

Por último, también se actualizarán desde septiembre próximo las pensiones de 20.185 ex combatientes de Malvinas, quienes cobrarán, en promedio, $ 195,50 más por mes, ya que la prestación media pasará de 1564 a 1759,50 pesos.

La suba será de carácter remunerativo, por lo que contará para el cálculo del medio aguinaldo de diciembre. Para lo que resta de 2007, el costo fiscal de la medida, según especificó Massa, será de $ 1820,70 millones. Por mes, significará una erogación de $ 404,60 millones.

Financiación

Según dijo el funcionario en diálogo con LA NACION, el incremento será financiado con fondos genuinos del sistema (aportes y contribuciones y la parte proporcional de algunos impuestos que se derivan al sistema), sin tocar el fondo de reserva de la Anses. Ese fondo se integra con $ 12.000 millones que se acumularon por el superávit del régimen y los aproximadamente $ 7800 millones que están llegando desde las AFJP, por la derivación de las cuentas de ahorro de afiliados que, por pertenecer a regímenes especiales, o bien por tener pocos ahorros y estar cerca de la edad de retiro, fueron pasados a reparto.

Al hacer el anuncio ayer por la mañana, Massa destacó que se trata del "undécimo aumento jubilatorio que se otorga" en la gestión presidencial de Néstor Kirchner. Y agregó que desde mayo de 2003 "el dinero volcado directamente al bolsillo de los jubilados y pensionados supera los 35.000 millones de pesos", con un alza del haber medio del 119 por ciento.

En rigor, las primeras recomposiciones de los ingresos de los jubilados que siguieron a la devaluación sólo tuvieron en cuenta a quienes menos percibían. Para quienes cobran más de $ 1000, el anunciado ayer es sólo el tercer ajuste, lo que no llega a compensar ni la mitad de la inflación acumulada en los últimos seis años, a la vez que se mantiene abierto el debate por la instrumentación de un mecanismo de movilidad automática (ver página 3).

Según dijo ayer Massa, esta vez, como en las últimas dos subas, se decidió "hacer un esfuerzo" fiscal para dar un incremento generalizado y respetar así el mayor nivel de aportes que muchos realizaron durante su vida laboral.

El funcionario de la Anses también comentó que hoy la tasa de cobertura del sistema previsional, que indica cuántas personas en edad de jubilarse cobran una prestación, llega al 95 por ciento. La mejora de ese indicador se logró por la vigencia de la moratoria previsional, que permite jubilarse incluso a quienes nunca hicieron aportes a la seguridad social.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
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Mejoras para la clase pasiva: debate por el poder adquisitivo de los jubilados
La movilidad, un tema sin resolverse
El Gobierno volvió a considerar ayer que ya está cumpliendo con la orden de la Corte de dar ajustes periódicos a los haberes

El tema de la movilidad automática de los haberes jubilatorios volvió a sobrevolar ayer entre los ecos que dejó el anuncio del Gobierno sobre un nuevo aumento de las jubilaciones y pensiones -el segundo de este año-, que se aplicará desde septiembre.

Hace justo un año, la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Badaro, ordenó al Poder Legislativo fijar un régimen de ajustes para los haberes, basando esa postura en la garantía constitucional de la movilidad de ingresos.

Unos meses después, cuando se anunció el ajuste del 13% aplicado en enero último, desde el Gobierno se definió a esa medida como una "movilidad mínima garantizada", e incluso la Anses explicó esa postura en una nota que envió a la Corte. Los jueces tienen pendiente, desde entonces, dictaminar respecto de si ese ajuste alcanza para considerar que se cumplió con lo que había ordenado.

Ayer, el Gobierno volvió a defender su negativa a promover un mecanismo automático para que las jubilaciones acompañen la evolución de alguna variable de la economía, que podrían ser los salarios de los trabajadores. Consultado en la conferencia de prensa que se ofreció en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, interpretó que lo que pidió la Corte Suprema "es que se previsione, de acuerdo con las posibilidades del gasto público, cuál puede ser la movilidad de los haberes jubilatorios. Nunca pidió garantizar una movilidad mínima ni establecer una pauta fija".

Para los expertos en materia previsional, no hay dudas de que el término movilidad implica un mecanismo automático, que elimine la posibilidad de decisiones discrecionales respecto de la oportunidad y la cuantía de las subas. En el fallo de la Corte, los propios jueces insinuaron cuál debería ser la pauta a tener en cuenta, al rechazar ajustes por inflación y considerar que los haberes deberían mantener "una proporción razonable con el ingreso de los trabajadores". En segunda instancia, los fallos judiciales disponen por lo general la actualización con el uso de índices vinculados con los salarios.

Los más afectados por la falta de movilidad son los pasivos que en 2002 tenían ingresos superiores a los $ 1000. Este grupo tuvo su primera recomposición sólo en junio de 2006 -con un ajuste del 11%-, y una segunda suba, del 13%, en marzo último. En septiembre acumularán un alza del 41,1%, mientras que, en ese período, la inflación fue, según los índices oficiales, del 100%, lo que se traduce en una caída del poder adquisitivo de 30 por ciento.

En ese lapso, el haber mínimo se triplicó, mejorando por tanto la capacidad de compra para ese grupo.

Quienes no estaban cobrando la mínima en aquel momento y ganaban menos de $ 1000 tampoco alcanzan, con los aumentos que obtuvieron, a cubrir los efectos de la inflación: acumulan un alza del 55 por ciento.

Y entre quienes fueron quedando comprendidos en el haber mínimo por efecto de los incrementos de los últimos años se dan diferentes situaciones en cuanto al grado de recuperación del poder adquisitivo.

Fernández anticipó ayer que este año, cuando se prepare la ley de presupuesto nacional para 2008, se definirá, tal como ocurrió en la ley de gastos de este año, "cuál es el aumento que los jubilados podrán recibir", aunque después, durante el curso del año, podrán fijarse otras mejoras.

La diputada María América González (ARI) sostuvo que si bien "todo aumento es bienvenido" los jubilados "no merecen estar esperando los anuncios de los funcionarios de turno, cuando existen los recursos necesarios para implementar la movilidad, derecho constitucional que, pese a lo que diga el jefe de Gabinete, aún no se implementa".

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