La inversión de los fondos que son propiedad de los aportantes al sistema previsional debe privilegiar el interés y la seguridad de éstos sobre otras finalidades. Justamente ésa es la misión de las AFJP, que son administradoras y no dueñas de esos fondos, al tiempo que deben velar por su integridad y lograr la combinación adecuada de rentabilidad y seguridad.

Toda vez que el Gobierno imponga condiciones distintas de las que ya existen en la ley y de las que hubieran elegido los administradores, probablemente afecte el rendimiento o la seguridad y, de alguna manera, el beneficio futuro de sus titulares en el momento de jubilarse.

No hay ninguna justificación para alterar ese principio. Cuando los funcionarios públicos imponen otros destinos a los fondos, por más importantes que los consideren, responderán a consideraciones ajenas al interés de los futuros jubilados. Podemos encontrar un antecedente similar e igualmente negativo en los meses anteriores a la crisis de fines de 2001, cuando prácticamente se obligó a las AFJP a invertir en títulos públicos que, poco después, cayeron en default. También entonces se presentó aquel abuso como una cuestión de Estado, pero que finalmente perjudicó a miles de aportantes.

La reciente medida se suma a la contrarreforma previsional sancionada en marzo último, para configurar un cuadro de agresión hacia el sistema jubilatorio de capitalización. Hay un claro posicionamiento ideológico oficial, contrario a este sistema y propenso a retornar a un sistema único de reparto.

Debe verse esta involución como un arbitrio para reforzar los recursos fiscales en momentos en que se erosiona el superávit por el fuerte crecimiento del gasto público. Si el Tesoro no hubiera contado en los últimos tres meses con las transferencias de fondos de las cuentas de ex aportantes al sistema de capitalización, el superávit primario no hubiera alcanzado para pagar los intereses de la deuda pública. En otras palabras, estaríamos en déficit financiero. Esta es una mala noticia, tanto para el país como para los aportantes que fueron transferidos al sistema de reparto, de oficio o inducidos ante la promesa de una futura solvencia fiscal.

Quienes han tenido la responsabilidad de la contrarreforma del sistema, así como de la reciente imposición de destinos políticos a los fondos, deben ser conscientes del daño que ocasionarán en el futuro a quienes han ahorrado y aportado para su vida pasiva.

Ahora se pretende que los fondos colocados en el Mercosur se repatríen para ser invertidos en fideicomisos de obra pública o en empresas locales. Está claro que éstas no hubieran sido las colocaciones elegidas libremente; de lo contrario, se hubieran realizado sin compulsión alguna.

La motivación del Gobierno es contrarrestar las presiones al aumento de la tasa de interés observadas últimamente. Se supone que la canalización local de esos fondos aliviaría la demanda de créditos y contribuiría a crear mayor liquidez, haciendo reducir las tasas. Lo que en realidad sucederá es que esos fondos repatriados podrán producir efectos limitados y por una única vez.

La suba de las tasas de interés tiene causas estructurales que no están siendo corregidas. Son claramente la inflación, el deterioro fiscal, el fuerte aumento del gasto público, las presiones salariales, las limitaciones en la capacidad productiva y los temores a una nueva devaluación.

Actualmente, los ahorristas retiran depósitos a plazo fijo y los orientan a la compra de divisas. Como se ve, ni la reducción de las tasas de interés ni la mayor afluencia de crédito barato hacia las empresas se lograrán si no se resuelven las cuestiones de fondo. Y mucho menos, con desesperados manotazos a los fondos de quienes ahorran para su futuro a través de las AFJP.

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