n sus 12 años, Santiago Fernández fue sólo una vez al teatro. Debut y despedida. Fue tan complicado llegar a la sala donde se presentaba la obra que quiso ver con su familia que nunca más lo intentaron. Santiago se desplaza en silla de ruedas y para él, como para miles de personas con discapacidad motriz, asistir a una función de teatro más que una invitación a pasar un buen rato es un tormento.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires hizo un relevamiento en el que se demostró que sólo uno de los cinco teatros que integran el complejo teatral del gobierno porteño es accesible para las personas con discapacidad. Un trabajo similar realizó en las 26 bibliotecas populares, con suerte similar: la única que está adaptada permanece cerrada por un conflicto judicial.

Desde hace cinco años, no es su voluntad, sino las posibilidades de acceder con su silla las que deciden dónde va Luis Paz. Hasta no hace mucho se movilizaba con bastones y así podía decidir. Pero hoy, en silla de ruedas, tiene vedada la oportunidad de elegir. “Es la accesibilidad la que decide. Tengo que elegir la accesibilidad antes que cualquier otra cosa”, lamentó.

“Las personas con discapacidad son invisibles para los funcionarios. No se respetan las leyes, y los teatros y las bibliotecas, que son lugares de cultura y recreación, les están vedados”, aseguró la defensora adjunta, Graciela Muñiz. “Actividades que para cualquier persona pueden ser cosa de todos los días, se vuelven imposibles para ellos”, afirmó.

La norma existe: la ley N° 962 se refiere en su artículo 46 a la accesibilidad para personas con discapacidad en los lugares de espectáculos públicos. Rampas, pasamanos, baños adaptados, ascensores, lugares de reserva en las plateas donde colocar una silla de ruedas son una utopía. Las personas con discapacidad tropiezan con escaleras, pasillos angostos, puertas giratorias, plateas empinadas y baños mínimos. La norma data de 2003, pero no tuvo mucho cumplimiento en estos cuatro años.

“También existe la ley nacional N° 24.314, que es de 1997, y la Constitución porteña tiene un artículo clarísimo, pero no es un tema de interés para los gobernantes”, consideró Muñiz. La defensora adjunta explicó que realizaron este relevamiento de oficio, como una forma de saber a qué tienen acceso y a qué no las personas con discapacidad. El 28 de agosto último enviaron a la ministra de Cultura, Silvia Fajre, el primer reclamo y lo reiteraron el 21 de septiembre. “No tuvimos respuesta”, dijo.

Promesas

Las recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes. No obligan a las autoridades a hacer, pero sientan un antecedente. Muñiz seguirá en el cargo hasta diciembre de 2008 y prometió no descuidar estas denuncias.

“Todas las obras integrales de rehabilitación, refuncionalización, ampliación o nueva construcción que realiza la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Cultura, consideran la accesibilidad al edificio para personas con movilidad reducida”, aseguran desde el ministerio.

“A pesar de que la inversión se ha incrementado sostenidamente, aún falta mucho por hacer, ya que la mayoría de los edificios históricos deben ser adaptados a tal fin”, fue la respuesta de la arquitecta Bettina Kropf, del área de Infraestructura.

“El problema es que muchas obras no avanzaron por el déficit y el cambio de gobierno”, explicó a LA NACION el director general adjunto del complejo teatral, Carlos Elías.

–El déficit es reciente y estamos hablando de reformas que deberían haberse hecho en 1997...

–Es verdad. Las leyes son anteriores, pero no contemplan la particularidad de estos edificios. Trabajamos en el tema, pero ahora dependemos de decisiones presupuestarias.

Para Muñiz, el Teatro General San Martín es el símbolo de la inaccesibilidad. “El único baño adaptado tiene llave y adentro está lleno de tarimas y elementos de utilería –señaló–. Los ascensores no tienen la botonera en Braille ni hay ascensoristas permanentemente y sólo una de las salas dispone de aro magnético [permite la transmisión al audífono sin el efecto de la distancia o el ruido de fondo].”

El Presidente Alvear, en Corrientes 1659, tiene dos escalinatas de granito y ningún ascensor. Cuenta con un solo baño adaptado, aunque, según la normativa vigente, en función de sus 371 butacas debería contar con dos: uno para mujeres y otro para hombres (lugares con capacidad para más de 200 espectadores deben contar con dos sanitarios independientes).

Si bien el hall del teatro de la Ribera, en La Boca, tiene gran espacio, en la entrada hay unos escalones insalvables para quien se desplaza en una silla de ruedas. No posee ascensor. El teatro Regio, en Córdoba 6056, tiene “una gran escalinata de dos brazos que constituye una barrera arquitectónica insalvable –señala la investigación–. No existen servicios de salubridad adaptados”.

El teatro Presidente Sarmiento es el único de los cinco del complejo porteño que es accesible. Está en avenida Sarmiento 2715, junto al Zoológico. Tiene una rampa en el ingreso, respeta la reserva de espacio en platea y cuenta con un baño adaptado. “De acuerdo con la cantidad de butacas debería tener otro, uno para cada sexo, pero a pesar de este detalle matemático y puntilloso es accesible”, destacó el arquitecto José Luis Menéndez Villaverde, que realizó el relevamiento.

“No es romper y tirar abajo, pero es lamentable que no se contemplen estas mejoras. Es una cuestión de indiferencia”, se quejó Muñiz.

Por Cynthia Palacios
De la Redacción de LA NACION

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