"De conformidad con instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, cada jurisdicción deberá proceder a la rescisión de los contratos vigentes que estuvieren celebrados bajo las disposiciones del decreto 948/2005 y resolución 959/2007", indica la nota.

La medida implica el cese en su función desde el 31 de octubre de todos los empleados públicos que "registren 60 años o más si se tratara de mujeres y 65 años o más en el caso de los hombres".

La nota enviada estuvo acompañada de la nómina del personal contratado al que abarca la rescisión de su contrato y obliga "a que cada titular de la jurisdicción a dictar el acto administrativo que instrumente la medida comentada, debiendo notificarlo al contratado en forma fehaciente".

"Esta es una decisión intempestiva que hace que a estos empleados, de un día para otro, se queden en la calle y sin ningún tipo de indemnización", aseveró la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti al tomar conocimiento de la decisión impuesta por la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, la legisladora agregó que la rescisión de los contratos a empleados públicos mayores "tiene un grado de injusticia y de insensibilidad porque estas personas no tienen la posibilidad, por su edad, de reinsertarse laboralmente y tampoco se les da una compensación".

Es que los empleados contratados bajo el decreto 948/2005 y 959/2007 no forman parte de la planta permanente de la administración porteña, sino que permanecen bajo estas figuras desde hace años, en algunos casos, a la espera del pase y, por lo tanto, no poseen el derecho a una indemnización laboral.

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