En el día después de la sanción de la polémica ley de aumentos automáticos a las jubilaciones, y luego de los duros cruces que el oficialismo y la oposición protagonizaron ayer en el Senado, las críticas a la iniciativa oficial no tardaron en multiplicarse.

En diálogo con lanacion.com, el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, afirmó que la ley "no cumple" con el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso crear el sistema para la actualización de las jubilaciones.

Además, opinó que la ley, basada en un proyecto de la Casa Rosada, "mantiene el círculo vicioso y el espíritu de la ley Cavallo" y pronosticó que, lejos de beneficiar al sector pasivo, generará una brecha progresiva entre las jubilaciones y los salarios y reforzará la ola de juicios contra el Estado. "Una vez más, el Estado se convirtió en promotor de juicios en su contra", fue el tajante diagnóstico del ombudsman.

"La fórmula prevista por la ley incorpora una variable, -la recaudación dividida por la cantidad de beneficiarios-, que desvirtúa lo indicado por la Corte Suprema, no lo cumple. En su fallo [el máximo tribunal] estableció que el haber del jubilado debe ser sustituto del haber del trabajador activo. Esto significa que la fórmula a aplicar debería ser la de la variación del haber del trabajador activo exclusivamente", planteó Semino respecto del mecanismo aprobado.

La clave de las críticas. La ley sancionada prevé que para calcular los ajustes se usarán dos fórmulas y que aquella que arroje la cifra más baja será la que se aplicará a los haberes previsionales. Una de las fórmulas consiste en una ecuación entre la recaudación tributaria que se destina al sistema previsional y el índice promedio de los salarios. La otra, a la que se refirió Semino, conjuga la recaudación tributaria del sistema más un 3% por la cantidad de beneficios previsionales vigentes.

Las críticas al mecanismo previsto en la ley no terminaron allí. "Además, la fórmula sancionada ayer fue poco explicada y quedó poco clara. Por ejemplo, las variables, aplicadas con retroactividad no fueron suministradas por los organismos oficiales que manejan la información, como la Secretaría de Seguridad Social. Esto habla a las claras de las dificultades que va a tener la aplicación de la ley a futuro", alertó.

Y añadió: "A futuro, y por la aplicación de la variable recaudación, se va a ir alejando cada vez más el haber del jubilado del haber del activo".

Litigiosidad. En este punto, el funcionario señaló que la aplicación del esquema de actualización, tal como figura en la ley, "va a aumentar la litigiosidad", es decir, va a multiplicar los reclamos judiciales de los jubilados. "Los jubilados van a seguir yendo a la Justicia para hacer valer su derecho y cada vez con mayor frecuencia. Sin lugar a dudas, ayer, una vez más, el Estado se convirtió en promotor de juicios en su contra y, frente a un sistema colapsado, esto no es nada bueno", planteó.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad que la oposición ya adelantó que hará respecto de la ley, recordó que la inconstitucionalidad sólo puede ser planteada "en casos concretos y ante derechos realmente afectados" y recordó que la Defensoría a su cargo está al frente de una demanda colectiva que reúne los reclamos de 28.000 jubilados. "Cuando veamos como queda reglamentada la ley, y si vemos que afecta los derechos de los jubilados, claro que plantearemos la inconstitucionalidad", concluyó.

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