Para el defensor de la Tercera Edad el final de la jubilación privada es una de esas buenas noticias que conviene tomar con mucho cuidado. Eugenio Semino se define como un "firme" defensor del sistema de reparto, pero advierte que su adopción deberá ir acompañada de un férreo control, sobre todo de los fondos que pasará a manejar el Estado si el gobierno de Cristina Kirchner logra imponer su proyecto.

Es que para el ombudsman, el riesgo de que el dinero que pasará a las arcas públicas termine en destinos que no sean el sistema jubilatorio, "es altísimo".

"Estamos ante un tema muy complejo que hay que tomar con mucha tranquilidad. Estoy de acuerdo con que tenemos que armar un nuevo sistema de seguridad social absolutamente público, pero tenemos que garantizar un fuerte control social de los recursos", señaló Semino en declaraciones a lanacion.com.

Concretamente, el defensor planteó que el nuevo esquema debería contar con un cuerpo legal tripartito compuesto por representantes del Estado, de los jubilados y de los trabajadores. "Para que el sistema funcione todos los actores que lo componen tienen que participar", afirmó.

Fondos quietos. Pero sobre todo, indicó que la "clave" para que el sistema que pretende imponer el Gobierno sea sustentable está en el manejo de los fondos. "Es fundamental que los recursos no tengan libre disponibilidad hasta que no se cumpla del todo con la recomposición salarial de los jubilados actuales y de los del futuro. Mientras el 82 por ciento móvil siga siendo un reclamo sin resolver el dinero no debería usarse para otra cosa", ahondó.

Sobre este punto, recordó que de los seis millones de jubilados, tanto los que aportan al Estado como los que lo hacen a una AFJP, "el 76 por ciento está una situación paupérrima y sigue cobrando 670 pesos de bolsillo".

Riesgo y límites. A la hora de explicar su temor sobre el futuro de los fondos que hoy manejan las AFJP, Semino no dudó en asociarlo con la crisis financiera global. "Estamos en un momento muy particular, tanto para el mundo como para la Argentina. Todos los Estados necesitan recursos y ante este escenario tan complejo el riesgo de que los fondos terminen usándose para otra cosa es altísimo y por eso hay que poner límites", aseguró.

El ombudsman completó su evaluación con una dura advertencia: "Si no nos aseguramos de que el nuevo esquema sea seguro, vamos a estar ante un cambio de manos de recursos que no va a beneficiar a nadie".

En números. De aceptarse el cambio, el año próximo pasarán al Estado los 10.000 millones de pesos (cerca de 3200 millones de dólares) que aportarán los que hoy están afiliados a las AFJP. A este flujo de fondos habría que sumar unos US$ 3500 millones que el Estado debería pagarles a las AFJP en 2009 en concepto de capital e intereses por los bonos públicos que las administradoras ya tienen en sus carteras.

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