Docentes de la UNNOBA avanzan en una investigación para establecer cuáles son los derechos reconocidos de la vejez y cuáles los que merecen reconocimiento. Se plantean publicar el trabajo final como primer paso de una estrategia que busca que la sociedad los reconozca y los proteja, ya que apuestan a que en el futuro se cree la figura del Defensor de la Ancianidad o se apruebe una ley con ciertas especificidades.
La legislación es una apuesta a largo plazo, ya que existen pocos países con ley de Ancianidad, como es el caso de Costa Rica. En Europa hay un avance concreto en el estudio de los derechos de la vejez y están reconocidos socialmente por el Estado.
Así lo explica Fernando Castro Mitarotonda, abogado y docente de la UNNOBA a cargo del grupo que está llevando a cabo esta investigación. "Si el derecho no se conoce no se puede transmitir. Nosotros vamos a empezar volcando esta investigación en publicaciones, talleres y cursos, pero apuntamos a que en algún momento sirva para incluir en planes de estudio en forma específica en cátedras de Psicología y de Derecho", señala.
El grupo de investigadores de la UNNOBA está formado por psicólogos, profesores de Derecho y una socióloga, entre los cuales se destaca como co-directora del proyecto a la licenciada Graciela Petriz, que cuenta con experiencia en la temática. A través de un trabajo interdisciplinario, buscan conocer si es necesario crear la figura de un defensor de la vejez, de la misma manera que existe un defensor de los niños.
"También analizamos si el adulto mayor debe ser tratado como un discapacitado para que se le reconozcan sus derechos o si debe haber una categoría autónoma para darles mayor protección", explica Mitarotonda.
Esta investigación apuesta a encontrar un equilibrio entre la desprotección y la sobreprotección, pues si se lo declara al adulto mayor incapaz sus derechos los tiene que administrar un tercero, pero a su vez si no se protegen esos derechos pueden sufrir alguna vulneración.
Castro Mitarotonda señala que toman como parámetro los 60 años para considerar el ingreso a la vejez, pero aclara rápidamente que el grupo de trabajo de la UNNOBA tiene como referencia conceptos más modernos de capacidad que no tienen que ver con la edad biológica.
"Las leyes modernas no hablan solo de edad, sino de maduración, autonomía progresiva. Es que el problema de los adultos mayores no constituye sólo un proceso biológico sino histórico y cultural", señala el investigador de la UNNOBA.
Mitarotonda aclara que no es caprichoso este reclamo y se apoya en datos concretos que dicen que la mayor expectativa de vida de las personas se ha incrementado. Cita que algunos autores hablan del siglo XXI como el "siglo del envejecimiento demográfico".
"Y sobre todo en la Argentina, el país con mayor longevidad de América Latina. Algunos sociólogos dan un ejemplo concreto a través de las estadísticas que hablan del incremento de los divorcios. Es que antes a los 40 años se deba casi por terminada la vida, pero hoy alguien que tiene 40 e incluso 50 se anima a pensar y encarar una nueva vida. Concretamente, si hay derechos protegidos ningún ente privado o estatal va a poder negarlos", explica.
Para lograr esto Castro Mitarotonda cree que la pirámide jurídica es muy importante porque considera que lo que refiere a tratamiento de la vejez en lo jurídico es muy difuso. En Argentina la Constitución menciona estos derechos en el artículo 75, inciso 23.
"Básicamente son tratados internacionales que reconocen a la vejez como un grupo vulnerable, pero no lo designan específicamente. Es tan amplio que ni siquiera lo nombran, en algunos casos", agrega.
¿Por qué prácticamente no hay países que no tienen legislación específica sobre la ancianidad? Castro Mitarotonda cree que se debe a una cuestión que tiene que ver básicamente -aunque no excluyentemente- con lo económico: "Todos los proyectos están apuntados a los menores, o a otros grupos porque el Estado invierte para que se desarrollen bien y produzcan en el futuro. En cambio, considera que el adulto mayor no aporta en cuanto a la producción y a la economía de un país".
El grupo de investigadores de la Universidad está trabajando actualmente sobre encuestas a grupos que tienen distinto perfil: desde adultos mayores en actividad y con una buena posición económica hasta clubes de abuelos donde lo que más se reclama, por ejemplo, es el derecho a la recreación.
La idea final del trabajo es establecer claramente cuales son los derechos reconocidos y cuales merecen reconocimiento y volcar esa información a la sociedad a través de distintos caminos. "Sería ideal una legislación en la Argentina, que contemple a los adultos mayores como sujetos de derecho con algunas especificidades, pero el primer paso es que sean reconocidos socialmente esos derechos y que el Estado se haga cargo de protegerlos. A eso apuntamos, a largo plazo, con esta investigación", agregó.
Fernando Castro Mitarotonda es abogado, profesor titular en la UNNOBA de Derecho Privado VI (Familia) y Derecho Privado VII (Sucesiones).
También se desempeña como adjunto de Derecho Civil V, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Fuente: www.diariojunin.com

Publicado por Mayores en Movimiento