A través de un trabajo interdisciplinario de un grupo de investigadores formado por psicólogos, profesores de Derecho y una socióloga, buscan conocer si es necesario crear la figura de un defensor de la vejez, de la misma manera que existe un defensor de los niños. El análisis consiste también en establecer si el adulto mayor debe ser tratado como un discapacitado para que se le reconozcan sus derechos, o si debe haber una categoría autónoma para darles mayor protección.

La legislación es una apuesta a largo plazo, ya que existen pocos países con ley de Ancianidad, como es el caso de Costa Rica. En Europa hay un avance concreto en el estudio de los derechos de la vejez y están reconocidos socialmente por el Estado. Así lo explicó Fernando Castro Mitarotonda, abogado y docente de la UNNOBA a cargo del grupo que lleva a cabo la investigación. “Si el derecho no se conoce, no se puede transmitir. Nosotros vamos a volcar esta investigación en publicaciones, talleres y cursos, pero el objetivo principal es que en algún momento sirva para incluirse en planes de estudio en forma específica en cátedras de Psicología y de Derecho”, señaló a InfoUniversidades.

Esta investigación apuesta a encontrar un equilibrio entre la desprotección y la sobreprotección, porque si se declara al adulto mayor incapaz, sus derechos los tiene que administrar un tercero, pero a su vez, si no se protegen esos derechos pueden sufrir alguna vulneración. Mitarotonda aclaró que este reclamo se apoya en datos concretos que demuestran que la mayor expectativa de vida de las personas se incrementó. Algunos autores hablan del siglo XXI como el “siglo del envejecimiento demográfico”, y sobre todo en la Argentina, el país con mayor longevidad de América Latina. Algunos sociólogos dan un ejemplo concreto a través de las estadísticas que hablan del incremento de los divorcios. “Es que antes, a los 40 años se daba casi por terminada la vida, pero hoy alguien que tiene 40 e incluso 50 se anima a pensar y encarar una nueva vida. Concretamente, si hay derechos protegidos ningún ente privado o estatal va a poder negarlos”, explicó.

Para lograrlo, Castro Mitarotonda cree que la pirámide jurídica es muy importante porque considera que lo que refiere a tratamiento de la vejez en lo jurídico es muy difuso. En Argentina la Constitución menciona estos derechos en el artículo 75, inciso 23. “Básicamente son tratados internacionales que reconocen a la vejez como un grupo vulnerable, pero no lo designan específicamente. Es tan amplio que ni siquiera lo nombran, en algunos casos”, agregó.

El hecho de que prácticamente no hay países que tengan una legislación específica sobre la ancianidad se debe a una cuestión que tiene que ver con lo económico: “Todos los proyectos están apuntados a los menores, o a otros grupos porque el Estado invierte para que se desarrollen bien y produzcan en el futuro. En cambio, considera que el adulto mayor no aporta en cuanto a la producción y a la economía de un país”.

El grupo de investigadores trabaja actualmente sobre encuestas a grupos que tienen distinto perfil: desde adultos mayores en actividad y con una buena posición económica, hasta clubes de abuelos donde lo que se reclama, por ejemplo, es el derecho a la recreación.
La idea final del trabajo es establecer claramente cuáles son los derechos reconocidos y cuáles merecen reconocimiento, y volcar esa información a la sociedad a través de distintos caminos. “Sería ideal una legislación en la Argentina que contemple a los adultos mayores como sujetos de derecho con algunas especificidades, pero el primer paso es que sean reconocidos socialmente y que el Estado se haga cargo de protegerlos. A eso apuntamos, a largo plazo, con esta investigación”, cerró Mitarotonda.


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Ana Sagastume
comunicacion@unnoba.edu.ar
Claudio Spiga
Dirección de Comunicación Institucional
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

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