No pueden menos que crispar los ánimos de muchísimos jubilados y trabajadores activos aportantes al sistema previsional las afirmaciones que en los últimos días han vertido la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, en el sentido de que el Gobierno los ha "defendido y beneficiado" al eliminar el régimen jubilatorio privado e incautarse de sus recursos.
Las explicaciones gubernamentales parecen partir del convencimiento de que la la clase pasiva y los aportantes son ingenuos y están tan desinformados que han pasado por alto el descarado despilfarro de los cuantiosos fondos provenientes de esa manifiesta exacción, animada por el exclusivo propósito de engrosar las arcas públicas.
Pretenden, por ejemplo, encubrir, so pretexto de actos solidarios que en realidad responden a la intención de captar votos favorables, el manirroto reparto de fondos a los gobiernos provinciales y municipales que les son adeptos. O tratan de disimular en vano el descontrolado empleo de esos recursos para financiar operaciones de dudosa eficiencia y oscura tramitación, y créditos de improbable devolución. Entretanto, el despojo incluso se engulló los contratos de seguros previsionales -convenciones privadas entre partes- y se les sigue negando el reintegro de sus aportes voluntarios a quienes confiaron en que el Gobierno preservaría el sistema de capitalización por el cual ellos habían optado en forma manifiesta.
La presidenta de la Nación expresó, como si se tratara de una revelación, que "los recursos estaban en manos de los privados y los giraban para afuera". Todos los afiliados a las AFJP estaban enterados de la existencia de que una porción de sus ahorros podía ser invertida en instrumentos extranjeros, para favorecer una diversificación, lo cual contaba con el aval del propio Estado.
Desde los mismos foros se ha apelado al argumento de la recuperación de la solidaridad. Si esa intención fuese real, los 100.000 millones de pesos que hoy administra la Anses deberían haber sido reservados para el exclusivo pago de las jubilaciones y pensiones o para actualizarlas en proporción ajustada al incremento real y no ficticio del costo de la vida, además de para pagar los miles de juicios previsionales que, con sentencia favorable firme, esperan resignadamente y, en algunos casos desde hace varios años, su ejecución.
En cambio, esa multimillonaria masa de dinero ha sido derivada para otras finalidades del todo ajenas al propósito de quienes la fueron aportando con el fruto de su trabajo.
A confesión de partes, relevo de pruebas. El propio administrador de los recursos previsionales acaba de admitir, frente a la tardíamente constituida comisión parlamentaria de control del manejo de esos recursos, que su principal objetivo es el sostenimiento "del nivel de la actividad y del empleo".
Este público reconocimiento no hizo más que avalar las críticas negativas que generó de inmediato: los ahorros de los jubilados -se juzgó desde la oposición- se están utilizando para financiar empresas de dudosa rentabilidad y al Tesoro nacional a tasas más bajas de las del mercado, al igual que planes de crédito que no llegan a los jubilados. Ni qué decir del absurdo pago de un millón de pesos por parte de la Anses a la Universidad de Buenos Aires por unos informes sobre el Plan Autos, que en consultoras privadas podría haberse obtenido a un costo por lo menos diez veces menor.
La conciencia y el sentido común de muchos legisladores que, en su momento, votaron en favor de la derogación del sistema de capitalización están empezando a mostrarles el camino del remordimiento.
Una de las formas de medir la eficiencia gubernamental es su confiabilidad. Si se lo mensura por todo lo actuado en materia previsional, el gobierno nacional ha demostrado ser nada confiable y ha exhibido una extrema predisposición a faltar a la verdad.

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