Entre febrero y el mes pasado se iniciaron 36.529 demandas en el Fuero de la Seguridad Social. Así, el ritmo mensual de juicios, que en su mayoría son de jubilados y pensionados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sigue en alza. Con una estimación de alrededor de 400 demandas iniciadas por cada día hábil, prácticamente el promedio mensual en lo que va del año ya duplica el de 2008. Mientras que ese año se sortearon, en promedio, 4782 litigios por mes, en lo que va de 2009 el número se elevó a 9132, lo que indica un crecimiento superior al 90%. En 2007 el promedio había sido de 3430 causas mensuales.
Pero además de los juicios ya asignados este año a los juzgados, hay otros 8000 que están en la mesa de entradas y que esperan ser asignados, según dijo a LA NACION el juez camarista Luis René Herrero.
Una de las principales razones del ya conocido colapso que sufre el Fuero de la Seguridad Social es la cantidad de reclamos iniciados a partir del fallo Badaro, en el que la Corte dictaminó, a fines de 2007, que el haber del demandante debía ser actualizado siguiendo el ritmo del alza de salarios entre 2002 y 2006. Como hasta el año pasado los aumentos jubilatorios fueron otorgados por los gobiernos con discrecionalidad y en forma diferenciada según el tramo de ingresos, aquella premisa no se cumplió para un importante números de pasivos. Eso provocó un retraso del poder adquisitivo de haberes, que en algunos casos llegó a ubicarse en el 40 por ciento.
La distorsión no fue corregida por la ley de movilidad ahora vigente. Esta norma dispone ajustes automáticos y periódicos de los haberes en función de un índice, pero rige sólo a partir de marzo último.
Digitalización
La novedad de este año en la Justicia previsional es que comenzó a funcionar el sistema de inicio y sorteo de los juicios por vía electrónica. De los litigios de este año, 22.242 llegaron a los juzgados por vía convencional, en tanto que 14.287 se tramitaron por la Web. Y hay más de 700 estudios jurídicos inscriptos para actuar bajo esa modalidad.
Según la jueza Lilia Maffei de Borghi, presidenta de la cámara, el objetivo es avanzar progresivamente hacia la digitalización de otros pasos vinculados a cada causa, como el traslado de la demanda a la Anses y la notificación de eventos procesales.
La tramitación electrónica, se estima, ayudaría a reducir la duración de los juicios, que hoy demoran entre cinco y seis años, a lo que se suma una tardanza de hasta tres años para que la Anses pague la sentencia. Sin restar valor a los efectos del avance de la informatización del fuero, el juez Herrero señaló que el problema de fondo sigue siendo la gran cantidad de demandas que ingresan día tras día.
Herrero insistió en que la Anses tiene su parte de responsabilidad en la elevada litigiosidad, por no disponer administrativamente que se extienda a todos los jubilados la aplicación del aumento dispuesto para Badaro. Hoy, quien quiere recibir esos ajustes debe ir a la Justicia, porque cada fallo tiene efecto sólo para quien presentó la demanda en cuestión. Herrero recordó que en 2002, cuando la Justicia de segunda instancia dispuso que debía devolverse el 13% de los haberes recortados desde 2001 a un jubilado, el gobierno de entonces dispuso que eso mismo se aplicara a todos los pasivos que habían sido afectados, lo cual evitó multiplicar los litigios.
Desde la oposición, en tanto, se levantan voces críticas respecto del uso que el Gobierno le está dando a los fondos en poder de la Anses, a la vez que se acumula una deuda con los jubilados. "Los recursos que ingresan a la Anses debieran tener como destino cancelar las deudas por movilidad y recomponer el conjunto de los haberes", expresó ayer el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital Federal), en un comunicado en el que cuestiona la asignación de fondos a las automotrices General Motors y Mercedes-Benz.
El Gobierno defiende la asignación de los fondos al decir que busca sostener fuentes laborales. Según in formó el director de la Anses, Amado Boudou, en una visita al Congreso a mediados de mayo, el fondo de garantía del sistema previsional tiene $ 101.900 millones invertidos en diferentes destinos, a los que se suman otros 4000 millones depositados en el Banco Nación y originados en las diferencias que hubo en los últimos meses entre lo que se recaudó y lo que se pagó.