En ciertas tribus esquimales –según algunos antropólogos– no era extraña la figura del viejo que se dejaba morir para facilitarles la vida a los demás. La acción se vinculaba en parte con la idea que tenían sobre la reencarnación del alma, pero estaba asociada a las dificultades que implicaba el anciano para su grupo inmediato: ya no contribuía con la comida –escasa– y había que alimentarlo. Las tesis más románticas hablan del hombre que, incapaz de colaborar, decide morir.
Los cambios en el mercado de trabajo y el envejecimiento de la población amenazan al sistema previsional. La mítica figura del viejo esquimal es exagerada. Pero no deja de ser pertinente pensar cómo se va a “alimentar” a la clase pasiva, a cuántos, a quiénes, con qué dinero. Hoy, en la Argentina, el Gobierno sostiene que cerca de 80% de los ancianos cobran pensiones; siete de cada 10 perciben el haber mínimo: $827,23 por mes.

Desequilibrios
Los primeros sistemas de pensiones surgieron en Francia a fines del siglo 18, pero estaban acotados a ciertos rubros como los militares y los marineros. El primer régimen jubilatorio amplio fue implementado por Bismarck en Alemania a fines del siglo 19. Tenía una gran ventaja: con una expectativa de vida similar a la edad de retiro, había muchos trabajadores para financiar a pocos jubilados.
Hoy la situación es bien distinta. “La relación activo/pasivo ha venido cambiando en todo el mundo, y en países como la Argentina o Uruguay, un ejemplo paradigmático, lo ha hecho significativamente”, resume Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de CIPPEC en coincidencia con todos los analistas del sector.
En la Argentina, según el censo de 2001 (el último que se hizo, el próximo debería hacerse en dos años), las personas en edad de jubilarse (las mujeres a partir de 60 años y los hombres de 65 ó más) eran en el año 2000 11,73% de la población. Según las proyecciones del Indec, el año que viene serán 12,49% del total y, en 2015, 13,20%. En la otra punta, los menores de 20 años son cada vez una porción menor de la población: eran 36,84% en 2000, pero ya habrían caído para el año que viene a solo un tercio (33,58%) y para 2015, a aún menos (32,01%).
Así las cosas, en 2000 había 5,14 personas en edad de trabajar (mayores de 15 y hasta 59 años para las mujeres y 64 años para los varones) por cada adulto en edad de jubilarse. Pero la relación va empeorando en términos de sostenibilidad del sistema previsional: según las estimaciones del Indec, el año que viene habrá exactamente cinco personas en edad activa por cada mayor de 60/65, y en 2015, 4,76.
Sin vueltas, eso implica que cada vez habrá una fuerza laboral proporcionalmente más chica para financiar a la clase pasiva. Y falta añadir que no todos los que tienen edad trabajan ni todos los que trabajan aportan al sistema previsional.
La tasa de empleo en el país es de 53,7%, lo que, en números gruesos, implicaría que por cada persona mayor de 60/65 años hay 2,7 personas trabajando. Pero como más de un tercio de los asalariados no tiene descuentos jubilatorios, la cuenta final ya da que por cada persona mayor de 60/65 años hay aproximadamente 1,8 trabajador que efectivamente realiza aportes. Esta proyección indicaría que para que todos los adultos mayores perciban una jubilación, los aportes de cada trabajador deberían financiar cerca de 60% de los ingresos de un pasivo. Y esto en el mejor de los casos, porque si se superponen los datos de la Encuesta Permanente de Hogares sobre las proyecciones censales habría algo menos de ocho millones de trabajadores que hacen aportes, mientras que la ANSeS reporta 5,2 millones de beneficiarios del sistema previsional: un aportante y medio por cada jubilado/pensionado.
“El sistema de reparto en teoría asegura la solidaridad entre los que hoy están trabajando y los que no. Pero si eso no tiene un sustento en un mercado de trabajo en el que los activos sean numéricamente superiores y aporten, se empieza a romper cada vez más”, advierte el analista de CIPPEC.

Historia argentina
El cubano Carmelo Mesa-Lago, uno de los más prestigiosos investigadores de los sistemas de seguridad social de América latina, ubica a la Argentina entre los países “pioneros” en cuanto a regímenes previsionales. El del país comenzó en las primeras décadas del siglo pasado con distintas cajas sindicales de capitalización colectiva que fueron unificadas durante el Gobierno de Juan Perón.
“Es muy interesante ver cómo se repiten los ciclos en la historia sin que aprendamos”, se lamenta Aldo Isuani, sociólogo de la UBA y la UDESA, investigador del CONICET y ex secretario de Tercera Edad y Desarrollo Social.
Isuani sintetiza la historia. “Hacia finales de los 30/40, las cajas sindicales estaban prácticamente quebradas y se pasa a un sistema de reparto; en una primera etapa, cuando se entra a un sistema de reparto, hay muchos que cotizan y pocos beneficiarios y, por lo tanto, se tiene mucho superávit. Pero con el tiempo fue bajando la relación de activo/pasivo. Para compensar, había que subir la tasa de contribución, pero a partir de cierto punto hay problemas de evasión porque nadie está dispuesto a que le saquen la mitad del sueldo. Así hubo un sistema caótico, lleno de incumplimientos y de juicios, hasta que se hizo la reforma de 1993. Con esa reforma, hay otra vez dos sistemas funcionando: uno de capitalización, esta vez individual, y uno de reparto. Al eliminar ahora las AFJP hay un retorno a un sistema de reparto como el anterior, pero con una situación bastante peor que en el apogeo de su crisis allá por los años 80 porque la relación activo/pasivo es hoy desfavorable como nunca”.

Haberes con ajuste
Poco antes de la eliminación del sistema de capitalización (las AFJP) y también por iniciativa del Gobierno, el Congreso estableció el año pasado el régimen de movilidad jubilatoria automática. El régimen establece dos aumentos por año (en marzo y septiembre) que surgen de una fórmula automática que promedia el incremento en la recaudación del sistema previsional con el aumento de salarios (según el Indec o Seguridad Social, el que resulte más elevado).
Hasta ahora hubo tres aumentos con el nuevo régimen: en septiembre del año pasado, fue de 7,34%; en marzo pasado, de 11,69%; y el mes pasado, de 7,34%. Así, en el último año, las jubilaciones y pensiones se incrementaron 19,89%, incluso más que lo que, para el Indec, subieron los salarios entre julio de 2008 y julio de 2009 (19,3%).
Con esos incrementos, la jubilación mínima que cobra alrededor de 70% de los 5,4 millones de jubilados y pensionados pasó a $827,23 (872,23 para los que reciben los $45 del subsidio del PAMI).
En líneas generales, los especialistas coinciden en que la reforma estructural del año pasado fue, como mínimo, una oportunidad perdida para hacer algo mejor. Pero tampoco lanzan loas al sistema previo. “Si hubieras tenido el sistema de AFJP, una parte importante de los jubilados iba a tener haberes extremadamente bajos fruto de cuentas de capitalización insuficientes. Ibas a tener bajos haberes de reparto y bajos haberes de capitalización”, sintetiza Isuani.

Los problemas de la equidad
Al anunciar el último aumento, el titular de la ANSeS, Diego Bossio, volvió a hacer énfasis en un número que al Gobierno le gusta resaltar: gracias al Programa de Inclusión Previsional que permitió la incorporación de quienes no habían hecho suficientes aportes, el sistema pasó de 3,2 millones de beneficiarios en 2003 a 5,4 millones en la actualidad. Siempre según el Gobierno, la cobertura, que había caído desde 55,8% de la población en edad jubilatoria en 1996 a 47,3% en 2005, ya está cerca de 80%; más de una cuarta parte son jubilados incorporados por la moratoria previsional.
Repetto destaca que la medida fue “saludable desde el punto de vista de la equidad” porque no todos los que se incorporaron “se habían quedado en su casa sino que habían aportado, pero no lo suficiente”. Pero resalta también que es uno de los ejemplos de cómo “la política previsional es, entre los campos de políticas públicas, uno de los que genera más incentivos a ser irresponsable en el largo plazo” con “medidas que te dan un rédito en el corto plazo y que los efectos son a 10 ó 15 años”.
“Puede ser que el que toma la decisión hoy no se vea afectado. Sergio Massa tomó una decisión, junto con la Presidenta, de expandir enormemente (el número de beneficiarios), pero no va a ser él el que sufra las consecuencias. Los jefes de Gabinete de dentro de 15 años van a tener que hacer maravillas para sacar plata de otro lado, y ahí vienen dilemas de política pública fenomenales”, advierte el experto.
Por ahora “la caja” alcanza, pero con algunas salvedades. Primero, 70% son jubilaciones mínimas. Segundo, a través de la moratoria, la ANSeS recupera parte de lo que les paga a los que entraron en el Programa de Inclusión, aunque eso en algún momento terminará. Tercero, las jubilaciones y pensiones no se pagan solo con aportes previsionales.

La caja de la ANSeS
Hasta junio (el último balance de caja disponible de la ANSeS al cierre de esta nota), la Administración mostraba un superávit de $3.000 millones, más de 5% del total de los recursos de los que disponía desde enero. Pero todo ese superávit y más corresponden a ingresos que no son específicamente previsionales sino básicamente impositivos y figurativos. De hecho, los ingresos tributarios de la ANSeS (porcentajes de Ganancias, IVA, monotributo, Cigarrillos y Combustibles) sumaron en ese período más de $12.000 millones, prácticamente una cuarta parte del total, más de 40% de los casi $30.000 millones que ingresó la Administración por contribuciones y aportes y el triple que el superávit.
“El problema del sistema –dice Isuani– es que, basado en aportes y contribuciones, solo puede garantizar en promedio 10% del salario promedio, con lo cual lo único que queda es recurrir a otros recursos, y esto va a tender a agudizarse en el futuro. La pregunta es qué pasa en momentos de restricciones financieras. Y lo que va a pasar es que apenas las cosas anden un poco mal fiscalmente, van a volver los juicios millonarios contra el Estado, la crisis y, otra vez, la deslegitimación del sistema”.
El ex secretario, Repetto y Eduardo Fracchia, director del Área Economía del IAE Business School, son terminantes en que la opción de aumentar significativamente los aportes no es una solución porque elevar los costos laborales seguramente terminaría atentando contra el nivel de empleo e incrementando la evasión.
Sin embargo, Fracchia se muestra convencido de que es posible evitar la crisis. “Con una administración responsable de los recursos y alejando los ahorros del sistema de las garras del Gobierno de turno es posible consolidar un cierto nivel de fondos que garanticen la estabilidad”, sostiene el economista del IAE.
El tema es la administración. Y ahí ya no se muestra tan optimista y señala en particular la opacidad en torno a la administración del Fondo de Garantía que constituyó la ANSeS con las inversiones de las que se hizo de las AFJP. “Los números no están claros. Se sabe que recibió unos $100.000 millones en ahorros, pero no cuánto ha sido gastado. La opción más importante en este momento pasa por administrar bien los fondos de los que se dispone y evitar convertirse en la caja del Gobierno de turno. Aunque a la luz de nuestra historia, esto parece un imposible”, reconoce.
En su análisis de la última reforma previsional argentina, Mesa-Lago plantea la misma duda: después de señalar que uno de los argumentos para derogar el régimen de capitalización fue el bajo rendimiento de los fondos, se pregunta si eso está garantizado con una administración estatal que ya dirige un porcentaje aún mayor que antes a financiar al Estado (la menos rendidora de las inversiones de las AFJP).

El modelo chileno
Los expertos mencionan una lista de inconvenientes adicionales. Fracchia cita el fallo de la Corte que resolvió actualizar los haberes por inflación, la devolución de los “aportes extraordinarios” hechos a las AFJP y un “esquema de incentivos” que fomenta el incumplimiento (la moratoria). Repetto coincide en el último punto, pero señala además que por la informalidad laboral hay “un grupo de gente que sigue empeorando la ecuación” (porque en el futuro no van a haber hecho los aportes suficientes), lo que lleva, otra vez, a la cuestión de la equidad.
Con matices, Isuani y, sobre todo, Repetto miran el modelo chileno por más de un motivo. Del otro lado de la cordillera, una comisión se encargó de centralizar el debate con diversos actores (Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos) para la última reforma, que implicó sumarle al sistema de capitalización un ingreso mínimo para todos los adultos mayores, está focalizado en asistir a los de menores recursos.
“Hace mucho tiempo que venimos abogando por una reforma integral que en vez de llevarnos a la falsa opción entre capitalización o reparto proponga una combinación con el pilar de una jubilación universal con fondos del Estado, abierta al carácter de ciudadano para los mayores de 65 años, sin tocar los salarios, para que el que quiera, en regímenes voluntarios, individuales, colectivos, de la empresa, pueda tener sistemas de capitalización adicionales que complementen el haber básico”, resume Isuani. “Se financiaría con rentas generales –puntualiza, de la misma forma en la que se están financiando las jubilaciones hoy”.
Repetto coincide: “Habría que ir a un tipo de pensión no contributiva. Pero en lugar de aleatorias o espasmódicas, generando un piso común para todos; hacia arriba se puede construir: el que contribuye va al segundo pilar, e incluso al que contribuyendo le sobra plata puede tener su fondo privado; y te asegurás que todos tengan el mínimo”. Y pide tomar de Chile más que el contenido de la reforma el modo en el que se llegó a ella: “Se tomaron un año y pico para el debate, y acá la reforma más copernicana (la reestatización) se hizo en tres días”.

Fuera de agenda
“La Argentina se debe un debate serio en materia previsional”, coincide Fracchia sin mencionar el caso chileno. “Cualquiera sea la elección, los costos no serán menores. Pero sería muy importante poder definir reglas de juego claras y duraderas. Estamos hablando del futuro de millones de argentinos, el tema amerita toda la seriedad posible”, puntualiza sobre algo que debería resultar una obviedad.
Repetto insiste en que “en un país que pensara más a largo plazo, el tema previsional debería ser número uno o dos en la agenda de prioridades”. Y admite que no ve “en la clase política argentina, de cualquier signo político, una preocupación” sobre el tema.
Sin embargo, no faltaría mucho para que el debate sea inevitable. Para Isuani, es inevitable que cuando “madure” la moratoria (es decir, cuando ese millón y medio de jubilados deje de “pagar” las cuotas y cobre su haber completo) el sistema muestre sus fisuras.
Por un lado, parecería que los jubilados argentinos tendrán que terminar arreglándoselas solos. Pero no hay filosofía esquimal. “No es cierto que los jubilados se van a tener que arreglar como puedan. El Estado tendrá que salir con subsidios especiales a cubrir ese agujero y a sacar la plata de algún lado. La historia reciente es que les saca a las provincias. Y estás siempre tapando un problema con otro. Las consecuencias las vamos a pagar todos: el empresario al que en el futuro le van a aumentar los impuestos, el trabajador que entra y sale de un mercado con distintos grados de formalidad y que con suerte va a tener una jubilación precaria, y más los que no están en el mercado formal”, dice Repetto y reclama: “Hay que volver a poner el tema con sus múltiples aristas en la agenda y de cara al 2011, cuando empiecen a discutirse algunos temas estratégicos, este debería ser uno primordial”.

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