Por lo general se tratan de establecimientos chicos, con no más de diez residentes, que funcionan sin habilitación y entre las irregularidades frecuentes se encuentran la escasez de personal y sin capacitación gerontológica, hacinamiento, falta de baños y normas de higiene, de alimentación adecuada -puede ser en calidad, cantidad, o incluso de personal que brinde ayuda a la hora de comer a las personas que lo requieran-, de infraestructura y seguridad -pasamanos, pisos antideslizantes, matafuegos, entre otros puntos-.
Sin embargo, varias de estas deficiencias pueden hallarse en algunos establecimientos del país que tienen habilitación, pero no los controles suficientes, según alertaron los profesionales consultados.
“Se calcula que en todo el país hay alrededor de cinco mil, seis mil geriátricos, de los cuales el 20 ó 25 por ciento no están habilitados”, señaló a este diario el titular de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, Alejandro Barros.
Una de las claves es “el gancho económico”, dado que quien no puede pagar una residencia habilitada -la que debe contar con personal registrado y capacitado, asistencia sanitaria, impuestos al día, instalaciones adecuadas y actividades- termina pagando uno trucho, con los riesgos que se corren.

En la Provincia

Respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Federación Argentina de Gerontología y Geriatría, Vicente Tedeschi, sostuvo que “como la demanda es mayor que la oferta, hay un montón de geriátricos que no están habilitados, son clandestinos”.
Tedeschi, ex titular de la Sociedad Platense de Gerontología y Geriatría, indicó que estos establecimientos “truchos” suelen ser “mini hogares, con siete, ocho residentes, y no cumplen con las normas sanitarias”.
Sin embargo, el médico geriatra remarcó que “entre las residencias habilitadas hay un montón que no se encuadran dentro de las normas vigentes porque la Provincia no controla el funcionamiento del servicio, sino solo la parte edilicia y si tiene personal suficiente”. Mientras que los municipios “se fijan en la parte impositiva”. Según explicó, las habilitaciones son realizadas por la Provincia “pero en el marco de la ley general de cualquier comercio, donde a los geriátricos se los considera como institución de salud”.
En este marco, el profesional recordó que la Federación había presentado, en 1983, un proyecto de ley de habilitación y regulación para residencias geriátricas, donde incluso se las clasificaba en establecimientos de asistencia gerontológica -para personas con problemas crónicos, con o sin problemas psiquiátricos- y establecimientos auxiliares -para personas sin problemas de salud severos-. “Pero nunca (desde el Gobierno provincial) se estipuló algo, y hoy está todo mezclado”, se lamentó.

La demanda

Tedeschi aclaró que si bien las cifras de personas mayores institucionalizadas son bajas, dado que “lo ideal” es que uno envejezca en su casa -en su barrio, con sus cosas y entre los suyos-, esto “a veces es imposible”.
“Nuestro país no es internista, sólo un 1,8 por ciento de la población de personas mayores está en un geriátrico; pero la demanda es mayor porque, según cifras internacionales, el 5 por ciento de las personas con más de 65 años no puede estar en su casa (por distintas situaciones y/o patologías) y ese es el problema. Hay mayor demanda que oferta”, insistió.
En la Ciudad
Por su parte, consultado sobre la situación de las instituciones en la Ciudad de Buenos Aires, el defensor de la Tercera Edad porteña, Eugenio Semino, destacó que tras la implementación de la Ley de Geriátricos Privados en la Ciudad (número 661), en julio de 2005, las residencias tuvieron que adecuarse a distintas normas (como por ejemplo, capacitar al personal en temas de gerontología) y registrarse en un listado. Luego del año de plazo para adecuarse, “de unas 900 residencias geriátricas se pasó a tener 700, 600 (registradas), pero no es que todas demás desaparecieron, muchas pasaron a la clandestinidad”.
Al respecto aclaró que los establecimientos porteños habilitados “tienen inspecciones de parte de Fiscalización y de la Unidad de Control de Geriátricos”, además del PAMI o distintas obras sociales, si son prestadores de estos organismos.
No obstante, Semino sostuvo: “El problema es la escasez de camas, tanto públicas como privadas, sumado a que algunas obras sociales escudándose en la emergencia sanitaria no internan en geriatría -salvo excepciones y en muchos casos teniendo que presentar un recurso de amparo-. Con lo cual si una persona mayor necesita atención permanente y ni él/ella ni la familia tienen recursos económicos para pagar a un/a cuidador/a o un geriátrico, cuyo costo puede rondar los 2500, 3000 pesos, y la obra social que tiene no interna, lamentablemente termina en uno trucho, cuyo costo puede estar en los 1000, 1500 pesos y allí uno se puede encontrar con cualquier sorpresa”.

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