Muchas veces en décadas pasadas los gobiernos de turno pagaron a los jubilados menos que lo que según la ley les correspondía. Y cuando la Justicia fallaba a favor, demoraban todo lo posible en abonar las deudas y actualizar el haber. Hoy pasa lo mismo. La diferencia es que el gobierno de Cristina Kirchner tiene superávit previsional, pero lo destina a financiar a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.
Las "Instituciones de la Seguridad Social", tal como parece en las cuentas públicas, tuvieron en el primer trimestre del año en curso un excedente cercano a los 3900 millones de pesos. En abril el saldo a favor fue de casi 890 millones de pesos.
El Gobierno dice que multiplicó por poco más de tres el haber jubilatorio promedio desde 2003, pero no es menos cierto que ello es producto de una suba muy importante del haber mínimo y de un congelamiento de años de los haberes que estaban por encima. La Justicia, en el caso Badaro, ordenó regularizar la situación y que se otorguen reconocimientos hacia atrás y actualizaciones superiores a la simple aplicación de la movilidad dispuesta por el Congreso.
El Gobierno cumple con esas sentencias lo más lento que puede. Y se niega a otorgar un aumento general al resto de los "Badaros". Espera que miles y miles de sentencias queden firmes y luego suelta de a poco cuotas presupuestarias para pagar los retroactivos. Esa conducta se aplica con gente que no tiene, muchas veces, tantos años para esperar.
Las autoridades también se precian de haber aumentado muchísimo el número de beneficiarios de la jubilación. Es cierto. Pero un informe reciente muestra que más de cuatro de cada diez entraron por moratorias, es decir, en muchos casos, sin haber aportado nunca un peso. ¿Quién paga el aumento del gasto que esto significa si mientras tanto se mantiene el superávit? Fácil: los jubilados a los que se les paga menos que lo que corresponde. A ellos el Gobierno les hace ese "ajuste" que dice detestar.
Además, las autoridades utilizan el superávit previsional para financiar actividades privadas. El Estado, que es el dueño del banco más grande del país, financia proyectos privados con el dinero de los jubilados.
En la recesión se financió también la compra de automóviles cero kilómetro. Y un préstamo grande fue a parar a la automotriz General Motors. Las autoridades festejan ahora que el préstamo se está devolviendo más rápido que lo previsto. Parece razonable, porque las automotrices deben estar muy líquidas, ya que se avecina un nuevo récord de producción y ventas.

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