Cada vez que los Amado iban a la terminal de Retiro a pedir los pasajes gratuitos que le corresponden por ley comenzaba la odisea. Mónica, su marido, Oscar, y sus dos hijas, Melody y Milagros, están en silla de ruedas y siempre les decían lo mismo: que el cupo para discapacitados por micro era limitado y que por lo tanto no había lugar para todos. Pero esa penuria terminó. El 2 de junio pasado la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 4 inciso B del decreto 118/2006, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner, que ponía límites a la gratuidad del transporte público para pasajeros con capacidades reducidas.
“Siempre que queríamos viajar juntos nos negaban ese derecho. Decían que éramos pretenciosos por querer viajar los cuatro en el mismo colectivo”, dice Mónica, que tiene 45 años y es parapléjica debido a una neuropatía degenerativa que también heredaron Melody y Milagros.
En febrero de 2006, cuando Ricardo Jaime era Secretario de Transporte, se aprobó un decreto inédito: en el artículo 4, decía que “para cada servicio, la obligación del transporte se limitará a una plaza para discapacitado y una para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta 54 asientos, y a dos plazas para discapacitados y su acompañante si la cantidad de asientos fuera mayor”.
La familia Amado se veía impedida de viajar y denunció la situación a una red de abogados voluntarios. Los alumnos recién recibidos de la materia práctica profesional de la UBA tomaron el caso. Bajo la supervisión de la docente Silvia Suleiman, presentaron una medida cautelar para que pudieran viajar a Córdoba. “El decreto no tenía fundamentos y tiene un sesgo discriminatorio. Beneficiaba a los transportistas”, explica la doctora Suleiman.
“Turismo Social en invierno y verano nos otorga la estadía gratis en Chapadmalal o Córdoba. Nosotros sí o sí necesitamos viajar con un acompañante”, dice Jorge, que tiene 38 años y hace 26 quedó en silla de ruedas luego de ser atropellado por un tren.
Melody está haciendo el CBC de abogacía. “Nos entregaban los lugares para irnos de vacaciones y seis meses antes de viajar teníamos que empezar a pedir los pasajes”, recuerda.
El fallo unánime de la Corte firmado el 1 de junio hizo lugar al pedido de los Amado y declaró inconstitucional el artículo. Está claro: la sentencia ratifica la gratuidad del transporte público para discapacitados y obliga al Poder Ejecutivo a modificar el artículo 4 inciso B e implementar una limitación razonable. Mientras no lo haga, no existen límites.
“Para todo tenemos que luchar. El departamento en que vivimos nos lo donaron. Y ahora no tenemos dinero para arreglar una filtración en el techo”, dice Mónica. Se refiere a otra batalla. La del transporte está ganada.

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