La Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó el martes último del Consejo de la Magistratura medidas urgentes para resolver la situación de los juzgados previsionales colapsados. El más alto cuerpo judicial de la Nación hizo suyo así el reclamo del personal del fuero de la Seguridad Social, que debió realizar una manifestación en la Capital Federal para alertar a la opinión pública sobre el riesgo que supone para ellos trabajar en inmuebles con graves deficiencias edilicias, al punto de poner en entredicho hasta su estabilidad. En algún caso, el peligro de derrumbe es evidente.
Lo más insólito de esta situación es que no fue creada por la obsolescencia de la sede de los 10 juzgados (que existe, realmente), sino por la inmensa acumulación de expedientes, que no cesa de crecer de año en año por los juicios que inician jubilados y pensionados que se sienten perjudicados en sus intereses por decisiones oficiales que desconocen derechos adquiridos.
Por cierto, la peor de todas ellas ha sido el incumplimiento por el Poder Ejecutivo de lo ordenado por la Corte Suprema respecto de la movilidad de los haberes que debería percibir la clase pasiva, reemplazada por una grotesca ley de presunta actualización, que no es tal en un contexto de una economía nacional erosionada por una persistente inflación de dos dígitos anuales. Otro desconocimiento de los derechos de jubilados fue el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso Nacional que permitía actualizar los haberes en base al 82 por ciento móvil.
Empleados de los juzgados 7 y 9 exhibieron a medios metropolitanos los pasillos de sus sedes bloqueados por carpetas y expedientes, que hasta son estibados en cocinas y baños. A los más de 400 mil expedientes existentes en el fuero, cada año se suman otras 73 mil demandas. “En caso de emergencia, muchas veces la única salida es un pasillo repleto de carpetas. Todo esto es papel; si llega a haber fuego, arde rápidamente”, relató uno de los empleados al dar cuenta del consiguiente riesgo de vida, porque la obstrucción de los lugares de circulación impediría una rápida evacuación. Además, el Centro de Información Judicial presenta un problema concreto e inmediato: el peligro de derrumbe. Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial estableció que la capacidad de sustentación del edificio fue ya sobrepasada.
Este deplorable panorama plantea un serio interrogante, no acerca de hasta dónde es tolerable someter a miles de personas a esa constante amenaza de riesgo, que se agrava con el correr de los días sino, de manera más simple y dramática, si esto es realmente justicia para miles de jubilados nacionales, tres de cada cuatro ganan menos de 1.046 pesos mensuales. Un haber atrozmente insoportable y una larga espera en los tribunales, para ganar el derecho a una vejez digna.

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