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La política económica basada en un tipo de cambio muy alto, además de regresiva, es muy vulnerable. El superávit fiscal se logra, en parte, acumulando deuda que habrá que pagar en el futuro aunque hoy no se contabilice. Este es el caso de 1 millón de jubilados que han sufrido un injustificado deterioro en el poder adquisitivo sus haberes luego de la devaluación. Cuando estas personas demanden que se cumpla con la movilidad prevista en la Constitución quedará explicitado que la situación fiscal es mucho mas precaria de lo que parece.
Informe Semanal
IDESA
Un reciente fallo del Poder Judicial dictó una sentencia favorable al reajuste en el haber previsional con posterioridad al año 2002. Aunque este fallo todavía debe ser revisado en instancias judiciales superiores, sus fundamentos son consistentes con los criterios que recientemente fijo la Corte Suprema de Justicia. El principal impacto de esta decisión judicial es que cuestiona severamente la política previsional que viene aplicando el gobierno luego de la devaluación.
Desde 1995 rige la Ley de Solidaridad Previsional que estableció que los haberes previsionales debían aumentar al ritmo que se incrementan los recursos disponibles de la ANSES. Sin embargo, el gobierno se apartó de esta disposición que reglamenta el criterio de movilidad fijado en el art. 14 bis de la Constitución. Datos oficiales permiten describir la magnitud que alcanza esta irregularidad:
• Los recursos disponibles de la ANSES se han incrementado entre el 2001 y el 2005 en un 71%, es decir, un valor similar al aumento en los precios al consumidor.
• Entre los jubilados y pensionados que cobraban el haber mínimo en el año 2001, la movilidad se está cumpliendo ya que el haber mínimo aumentó desde $180 a $350.
• Sin embargo, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo e inferiores a $1.000 recibieron un aumento de sólo 10%, mientras que los que tienen haberes por encima de $1.000 no recibieron ningún aumento.
La estrategia oficial tiene connotaciones negativas desde varios puntos de vista. Desde la perspectiva institucional implica una nueva violación del estado de derecho, ya que se incumple con una disposición de raigambre constitucional. Desde el punto de vista social implica agregar nuevos factores de inequidad e insensibilidad social. Se estafa a gente que por haber hecho el esfuerzo de aportar al sistema previsional, tiene una jubilación por encima de la mínima. Muchos de ellos, son expulsados a situaciones de pobreza en una etapa de la vida donde no tiene posibilidades de revertir la situación.
Pero también desde la perspectiva financiera la estrategia es muy vulnerable. Al reducir de manera indiscriminada las jubilaciones se está acumulando deuda que no se contabiliza pero que existe. Esta deuda es tan o mas exigible que la que se contrae a través de la emisión de un título publico. Prueba de ello es que la Justicia demostró que en situaciones de emergencia está dispuesta hasta a tolerar el default de la deuda soberana. Pero se ha mostrado inflexible en no aceptar la falta de movilidad de los haberes previsionales. Máxime cuando en el marco de un gran crecimiento de la recaudación, importante superávit fiscal y pago puntual de los vencimientos de la deuda con el FMI, la pérdida del poder adquisitivo de los haberes previsionales por la inflación alcanza al 33% entre los jubilados que ganan entre $400 y $1.000 y el 39% para los que ganan por encima de $1.000.
En otras palabras, el gasto público es mucho mas alto del que registra la contabilidad del Estado porque no se están computando las deudas previsionales que se harán explicitas cuando los jubilados ganen los juicios contra la ANSES. La brecha entre lo que se deberían haber incrementado los haberes previsionales según los recursos disponibles de ANSES y lo que efectivamente se abonó a los aproximadamente 1 millón de beneficiarios con haberes por encima de $400, es una nueva deuda previsional. Cálculos conservadores permiten estimarla en el orden de los 9.800 millones de pesos desde el 2002 hasta la actualidad.
Es otra evidencia de que la devaluación no solucionó los problemas estructurales de la Argentina. Lo que el Poder Ejecutivo esta ocultando, el Poder Judicial se ocupará de explicitarlo de la peor manera, ya que se usarán fondos públicos para financiar a los abogados litigantes mientras que no habrá una reparación plena al daño producido sobre los jubilados. Por este motivo, la estrategia de “desendeudamiento” que implica pagar puntualmente los vencimientos con el FMI mientras se genera deuda forzosa con los jubilados, no sólo es cuestionable desde el punto de vista de la equidad, sino también desde la óptica financiera porque las tasas de interés que cobra el FMI son inferiores a la que estipulará la justicia más los honorarios de los abogados por la deuda previsional impaga.