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Una generalizada decepción provocó el anuncio del presidente Néstor Kirchner de que no habrá aumento para todos los jubilados y pensionados. Este sector ha sufrido una importante pérdida de su poder de compra desde la devaluación y el incremento del costo de vida, que no ha podido revertirse a pesar de las compensaciones otorgadas en los últimos dos años.
La Nación
Editorial
Domingo 24 de julio de 2005
Lo menos que pueden esperar los miembros de la llamada clase pasiva del gobierno nacional es que éste no caiga en la tentación de jugar con sus esperanzas, lanzando anuncios de mejoras en los haberes jubilatorios que luego son desechados.
La escasa responsabilidad de las autoridades quedó puesta de manifiesto en la errática comunicación desde el Poder Ejecutivo. El propio presidente Kirchner dijo, respecto de los aumentos a jubilados y pensionados, que no estaban en absoluto previstos en esta etapa, aunque precisó que ello no quiere decir que más adelante no se puedan hacer. Asombra el grado de imprecisiones, de poca seriedad y de absoluta falta de respeto hacia nuestros mayores, siempre postergados.
La mejora de las jubilaciones es una deuda que el Estado mantiene con un sector frente al cual los gobiernos de turno han actuado con una enorme injusticia e ingratitud, condenándolo a percibir haberes paupérrimos después de haber usufructuado sus millonarios aportes obligatorios a la seguridad social.
El primer mandatario aumentó seis veces por decreto el haber mínimo de los jubilados y pensionados desde que llegó a la Casa Rosada, en mayo de 2003. Así, los ingresos mínimos pasaron de 200 a 350 pesos.
Pero es de una gran iniquidad otorgar aumentos sólo a quienes perciben las jubilaciones mínimas, dejando fuera de toda mejora a aquellos que reciben haberes superiores.
La buena intención de elevar el poder adquisitivo de aquellos que menos ganan se diluye cuando se observa que quienes cobran jubilaciones más altas no reciben desde hace años mejoras de ningún tipo. Al contrario, en algunas épocas, como ocurrió en agosto de 2001, sufrieron un recorte del 13 por ciento en sus ingresos, que se restituyó dos años después por decisión de la Justicia y en títulos públicos.
De ese modo, se contrae cada vez más la brecha entre los haberes jubilatorios sin importar que quienes efectuaron mayores aportes previsionales a lo largo de su vida laboral terminen cobrando casi las mismas migajas que aquellos que hicieron aportes menores.
Dar aumentos que benefician sólo a los que menos ganan, además de provocar el desaliento para adherir a un sistema que no paga en proporción con lo que se aporta, ha tenido el efecto en los últimos años de achatar la pirámide de ingresos. En efecto, mientras que en 2001 un 25 por ciento de la clase pasiva cobraba la jubilación mínima, hoy ese porcentaje ha trepado al 63 por ciento.
Según datos de la Anses, el haber promedio del sistema jubilatorio se ubica en 489,2 pesos desde el primer día de este mes, cuando entró en vigor el último aumento, que significa una mejora en el poder de compra del 45,5 por ciento respecto del promedio de 336,1 pesos de enero de 2002. Sin embargo, en términos reales, eso implica una caída del 11 por ciento debido al impacto de la inflación desde diciembre de 2001.
Los jubilados y pensionados más desfavorecidos son los que, por tener ingresos de 1000 pesos o superiores no percibieron ningún ajuste tras el colapso económico y financiero de fines de 2001. Ellos, que ni siquiera cobran en relación con los aportes que realizaron en su vida activa por la aplicación de topes, han perdido cerca del 40 por ciento de su poder de compra por no haber sido beneficiarios de ningún aumento otorgado por el Gobierno.
Es de esperar que, cuando la administración nacional decida otorgar algún aumento a los jubilados y pensionados, lo haga sin exclusiones; sólo así se comenzará a recorrer el camino de la equidad y el respeto por los derechos adquiridos.
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