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El gobierno nacional le dio una buena noticia esta semana al 68 por ciento de los jubilados cuando anunció que el haber mínimo que perciben se elevará a 390 pesos mensuales. Pero en el mismo acto profundizó la desazón del 32 por ciento restante que, por cobrar un haber superior a ese monto, se verá condenado a seguir con su jubilación congelada.
La Nación
Editorial
Viernes 16 de setiembre de 2005
La medida dispuesta por el presidente Néstor Kirchner, necesaria para apuntalar a un sector que ha sufrido el manoseo constante a lo largo de los años y que requiere de la atención de la administración nacional, queda a mitad de camino porque no contempla a quienes, con los mismos derechos, vienen sufriendo el deterioro constante de su poder de compra a pesar de haber hecho altos aportes a la seguridad social –compulsivos en la mayoría de los casos– durante sus vidas laborales.
Este es el séptimo ajuste que dispone el primer mandatario desde que asumió el poder en abril de 2003. En ese período, el haber más bajo saltó de 200 pesos a los 390 pesos fijados a partir de este mes, que se percibirá a partir del 1° del mes próximo. Con este reajuste, los ingresos mínimos tienen un poder de compra que es un 17 por ciento superior al de diciembre de 2001, antes de la explosión de la crisis económica.
El impacto del aumento jubilatorio se producirá a pocos días de las elecciones que el Presidente ha planteado como un plebiscito de su gestión, lo cual no deja de tener un sospechoso tinte electoralista. Más aún si se tiene en cuenta el carácter retroactivo del reajuste, que hará que 2.108.844 jubilados cobrarán en octubre el nuevo haber de 390 pesos más los 40 pesos del adicional correspondiente a septiembre. Así, tendrán 80 pesos más que lo percibido este mes.
Si bien es plausible la mejora para los sectores más rezagados, la medida implica una gran iniquidad en virtud de que sólo beneficia a quienes cobran el haber mínimo.
La decisión presidencial dejó una vez más sin aumento a casi un millón de pasivos que tienen jubilaciones superiores a 390 pesos. Unos 803.000 integrantes de la clase pasiva que reciben por mes entre 390 y 1000 pesos sólo fueron beneficiados por una suba del 10 por ciento un año atrás. De ese modo sus ingresos han sufrido una pérdida del 34,5 por ciento en el poder de compra si se los compara con lo que cobraban a fines de 2001, como consecuencia del impacto negativo de la inflación.
Mientras, quienes por sus ingresos están en el vértice de la pirámide –190.000 jubilados que cobran 1000 pesos o más por mes– acumulan un retraso del 40 por ciento en su poder adquisitivo.
Con disposiciones como la adoptada por el Gobierno se diluyen los esfuerzos de quienes durante su vida activa hicieron mayores aportes para poder contar con ingresos superiores para los días del retiro.
Aumentar solamente a quienes menos ganan no sólo provoca un gran desaliento para sumar nuevos adherentes a un sistema que no otorga beneficios en relación con los aportes realizados, sino que tiene el efecto de achatar hacia abajo la pirámide de ingresos de la clase pasiva. Siguiendo esta política, en los últimos cuatro años se revirtió la relación que existía en el sector pasivo: en 2001, un 25 por ciento de los jubilados percibía la mínima; hoy ese nivel trepó al 63 por ciento.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados es una obligación moral para todos aquellos que llegan al gobierno. También es una deuda que el Estado debe saldar con millones de ciudadanos que hicieron millonarios aportes a la seguridad social, que se esfumaron gracias a la aplicación de políticas equivocadas y la acción deshonesta de algunos funcionarios.
Es urgente, entonces, que en nombre de la justicia y la equidad, la administración nacional abandone esta política de aumentos con exclusiones.
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