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El proyecto de ley que ultiman el Gobierno y los agentes sociales permitirá la puesta en marcha de un sistema nacional de servicios básicos a las personas dependientes
JUAN JESÚS AZNÁREZ
EL PAÍS - España - 15-11-2005
Cientos de miles de españoles, mayoritariamente mujeres mayores de 40 años, ejercen su profesión con la vista puesta en el estado de salud de su padre o de su madre, débiles o inválidos, en casa o alejados geográficamente. Necesitan apoyo, puesto que los servicios sociales sólo atienden al 9,4%, según un informe del Imserso. La sobrecarga y presión soportada por las familias cuidadoras son intensísimas porque el enfermo suele consumir el tiempo de varios familiares o amigos. La responsabilidad sobre los mayores está profundamente arraigada en España, pero ese desvelo afecta al rendimiento laboral de los cuidadores, que deben desatender su trabajo, pedir permisos, endeudarse o vender patrimonio para sufragar gastos extraordinarios. Diariamente, a veces cada dos o tres horas, llaman por teléfono a sus mayores para poder reaccionar a tiempo si hay problemas. El 80% de los cuidados de salud a familiares de la tercera edad, principalmente a los 1.756.844 octogenarios, corre a cargo de mujeres y se desarrolla dentro del propio hogar.
La mayoría de los hijos únicos, y numerosas nueras, dedican casi todos sus fines de semana a la compañía de los mayores débiles, y cuando hay hermanos se organizan en turnos. No pocas veces, sin embargo, las discusiones sobre el grado de participación en el cuidado causan riñas o rupturas entre matrimonios y hermanos, con el consiguiente castigo emocional sobre los padres, que se sienten responsables. "Las familias están haciendo un gran esfuerzo en la atención a las personas dependientes. Nuestra obligación ahora es ayudarlas y también acompasar desarrollo económico y bienestar. Esto es lo que tenemos que resolver los poderes públicos", destaca María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirige la negociación de una ley de atención de las personas dependientes, el cuarto pilar del Estado de bienestar. Los centros de día para ancianos, en primer lugar, los servicios a domicilios y la teleasistencia, el pulsador que conecta al anciano en apuros o solo con una central de ayuda, serán algunos de los ejes de la nueva ley.
Demencias y dolencias crónicas
La situación apremia porque la sociedad española debe dar respuesta a nuevas necesidades y demandas. Aumentó el número de personas con discapacidades de diverso grado, algunas leves: 3.528.221 en el año 1999, último censo disponible; el 80% padece enfermedades crónicas o demencias. Son atendidos fundamentalmente por familiares, con la carga de sacrificio personal y de renuncia que esto implica. El Estado pretende complementar su labor y permitir que las nuevas generaciones dispongan de un mayor margen de acción en su vida. No cabe otra solución, ya que el proceso de envejecimiento de la sociedad española es muy alto: más de siete millones mayores de 65 años actualmente, el 17% de la población total, y 16.394.839 en el año 2050, el 30,8% del total, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). "Aunque estamos envejeciendo mejor", señala Pilar Serrano, jefa del Departamento de Evaluación y Programación de la Dirección de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.
El anteproyecto sobre dependencia, cuyas bases vienen contenidas en el Libro Blanco presentado en diciembre del pasado año, y que convertido en ley regulará un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes, puede quedar listo para su traslado al Congreso a finales de año, según el compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Era impostergable. Las nuevas exigencias de la evolución española hacia un modelo familiar modernizado determinó la convergencia del Gobierno, poderes públicos, agentes sociales y expertos en la preparación de un sistema que garantice la equitativa prestación de servicios básicos en todas las comunidades autónomas. En esencia, se trata de arrimar el hombro con las familias, acorde con el rumbo de la Europa desarrollada.
Pero las diferencias entre autonomías, ayuntamientos, medio urbano o rural, son abismales. El País Vasco y Navarra tienen muchos más recursos que Extremadura. "Una persona puede tener prácticamente cubiertas todas sus necesidades en determinadas comunidades y no tener acceso a prestaciones muy elementales en otras", señala Amparo Valcarce. "Existe la lógica preocupación por la financiación del sistema, pero hay un consenso básico sobre lo que hay que hacer. Es un reto compartido". El reto es garantizar la protección social y asemejarse al modelo europeo. Lo previsible, según las fuentes consultadas, es que se apruebe una ley de mínimos, general, y que a partir de ahí cada autonomía añada otros servicios en función de sus posibilidades.
La financiación de ese sistema nacional básico demanda una inversión de más de 8.000 millones de euros anuales, según el cálculo de expertos, y es el gran escollo que hay que salvar. Queda por decidirse si la financiación se efectuará por cuotas al sistema de Seguridad Social, mediante el incremento de las cuotas de empresarios y trabajadores, o a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. También está pendiente de concreción el papel que vayan a jugar los posibles seguros privados complementarios, la fijación de métodos de evaluación por todos aceptados, y precisar legalmente los ámbitos de competencia porque los servicios sociales ya fueron transferidos a las comunidades autónomas.
El Gobierno, en su ronda de contactos, habló con la Federación Española de Municipios y Provincias, que agrupa a los 8.000 municipios del Estado. "Echamos en falta, como primer ayuntamiento que somos y uno de los que tiene más desarrollados los servicios sociales, pues que no se nos haya consultado hasta ahora, aunque no descartamos que se haga", señala Florencio Martín, director general de Mayores del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular. "Respecto a la Ley de Dependencia, creo que este año ha sido un año de secano absoluto", agrega Martín. "A lo mejor no hay la seguridad suficiente como para poder encarar un tema que es gordo, que exige una gran fortaleza política". Un portavoz del Ministerio de Trabajo atribuyó el ritmo negociador a la complejidad de la ley en preparación. "Todo marcha de acuerdo con el calendario establecido y, además, el PP nunca se ocupó de la dependencia", agregó.
El tema es gordo porque las carencias son muchas. Los mayores quieren mantenerse en su entorno familiar, en su casa, con sus cosas mientras puedan. Ese anhelo pasa por más ayudas: desde la teleasistencia y los centros de día o la adaptación técnica de casas particulares. Una de las metas de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales es llegar a las 170.000 teleasistencias el próximo año. El Ayuntamiento de Madrid pasó de 15.000 en el año 2003 a 67.000 este año, según Martín. "De 2003 a 2006 hemos multiplicado los recursos económicos de atención a personas mayores en el 111%". Una encuesta encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por el Ministerio de Trabajo es concluyente y en esa dirección: el 78% de los españoles cree que la prioridad es atender a las personas dependientes.
Los flancos del problema son tantos como la necesidad de fondos para sufragar soluciones en las comunidades menos ricas. No queda mucho tiempo. El envejecimiento podrá afectar a la solidaridad intergeneracional e incidir sobre el crecimiento económico, el ahorro, el consumo y las pensiones, o incluso la viabilidad financiera del Estado de bienestar, según los especialistas que estudian el fenómeno. "España sigue estando a la cola de Europa en muchos temas de políticas familiares", señala el sociólogo Lluís Flaquer, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. "En política familiar, es el país de Europa que gasta menos, y lo que gastamos en temas de prestaciones nuchas veces lo gastamos mal". El académico sostiene que no ha habido voluntad política durante muchos años y que la modernización de las políticas familiares sigue siendo en España una asignatura pendiente.
Esa asignatura deberá pasar a examen y ser aprobada porque más pronto que tarde entrarán en crisis los denominados "apoyos informales" a los mayores, integrados fundamentalmente por una generación de mujeres con una edad promedio de 53 años. Un 20% de la población cuidadora tiene más de 65 años, según el Libro Blanco de la Dependencia. "La mujer está educada para que tenga que cuidar", según Camino Oslé, directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), coautora del libro De profesión, cuidadora. La generación entre los 25 y 35 años, no tanto, porque tiene sus propios proyectos personales y parece dispuesta a llevarlos a cabo. Confía en la profesionalización del cuidado.
Las fórmulas son muchas, y algunas, relativamente recientes. El voluntariado constituye un complemento valiosísimo. Su función principal es aportar el plus de humanidad. Abundan familias, sin embargo, que les endosan sus tareas con el mayor: desde el control del frigorífico y la medicación, a la cesta de la compra. Los voluntarios tienen, entonces, que marcar los límites. Pero no todos los mayores necesitan ese tipo de asistencia. La autonomía, y las necesidades y disposición hacia la vida y hacia la relación con los hijos, son heterogéneas entre los más de siete millones de mayores de 65 años.
Buena parte de los más jóvenes ha viajado, tiene mayor poder adquisitivo, está más escolarizado o cursó estudios universitarios. Permanecen operativos. A partir de los 70 años se acentúan los problemas. Algunos son económicos: un 75% de los ancianos, con una pensión media de 584 euros, llega muy justo a final de mes, según la Fundación Universidad Empresa. Clara Rabanillos, voluntaria y veinteañera, observa el choque de dos mentalidades en esa constelación de españoles. "Mi madre estaría dispuesta a ir a una residencia, pero mi abuela, no. De todas formas, hay claramente un déficit de servicios sociales".
Los hay en muchos indicadores. El número de ancianos aumenta y la mayoría de los hospitales españoles no dispone de unidades especiales de Geriatría, según un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Datos recopilados por el Ministerio de Trabajo indican que la tasa de cobertura del servicio de ayuda a domicilio (SAD) es sólo del 3,1%; la teleasistencia, del 2%, y hay una plaza de centro de día por cada 200 mayores. El déficit, en todos los órdenes, es cubierto por el esfuerzo de los parientes, amigos o allegados. La relación es incómoda cuando el anciano se siente indefenso al percibir que, si no da mucha guerra, conseguirá seguir con sus hijos. Un objetivo fundamental de la ley, según sus promotores, es que el Estado corra con parte de esa guerra a través de las ayudas domiciliarias o de otro tipo. El propósito es también atenuar el temor de los mayores a la pérdida de la pareja y a la soledad, y a no poder valerse por sí mismo.
"Pero habría que precisar que hay una gran diferencia entre vivir solos y ser abandonados. La primera es la opción de la mayoría. Asumo el riesgo de ser feliz en soledad o de morir en soledad. Hay mucha gente a la que le gusta vivir sola", indica Pilar Serrano. Quien quiera permanecer con sus hijos podrá verse obligado a afrontar nuevas rutinas, con la ayuda de la Administración, para corresponder al esfuerzo de sus parientes. Y al igual que el padre y la madre salen por las mañanas a trabajar, y los niños, al colegio, el mayor podrá ir al centro de día, donde desayunará, comerá y recibirá sesiones de rehabilitación o atención médica de carácter general, no especializada. Sus necesidades fundamentales serán cubiertas en esos centros, cuando lo haya para todos, que son una fórmula intermedia entre el domicilio y la residencia.
María José Atienzar, directora de coordinación del Centro de Colaboraciones Solidarias, subraya que los mayores suelen entender las dificultades de sus hijos, que trabajan marido y mujer en la mayoría de los casos porque tienen que hacerlo para pagar las hipotecas, el colegio de los hijos, la asistenta, etcétera. "Con los dos trabajando tienes un ritmo de vida que impide que puedas hacer una visita tranquilamente al abuelote. Ellos tampoco quieren ser una carga", subraya. Numerosos ancianos habitan casas antiguas de Madrid, con 137.413 personas mayores de 65 años que viven solas, mientras el domicilio de los hijos está lejos del casco urbano. Hay distancias y hay horarios laborales. "No es que sea falta de afecto, que puede haber un porcentaje. Lo vas dejando porque se te complica muchísimo la vida", agrega Atienzar. "Y la prioridad ahora mismo de la familia no es el venerable anciano, sino mi ritmo de vida, mis hijos, mis pagos".
El problema es serio, pero las familias, insustituibles. España y otros países de la Unión Europea acusan un descenso del número de camas hospitalarias por habitante, una relación que implicará saturación y listas de espera. España contaba con 3,7 por cada 1.000 habitantes, un indicador más bajo que la media europea, similar al del Reino Unido y algo más alto que en Suecia, según el detallado informe Las personas mayores en España, de 2004, elaborado por el Observatorio de Personas Mayores. Mayte Sancho, vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, coordinadora del equipo de 11 personas que preparó las conclusiones de ese documento, sostiene que cualquier modelo de protección a la dependencia mantendrá y preservará el apoyo familiar.
"La protección social en este momento no sustituye el papel de las familias, sobre todo en eso que toca la parte de cuidados afectivos", señala Sancho. "Eso no lo sustituye nadie, ni la mejor residencia, ni la mejor ayuda a domicilio, pero, desde luego, pondría unas condiciones de dignidad a cientos de miles de familias que en estos momentos soportan una presión muy complicada". El tránsito hacia nuevas fórmulas incluye un amplio abanico de opciones para los mayores dependientes: desde residencias para quienes no tienen problemas pero prefieren vivir solos, hasta apartamentos tutelados con servicios centralizados de limpieza y catering.
Pero sin fuertes desembolsos, la progresión será lenta. El retraso de la protección social en España con respecto a la Europa de los Quince era evidente en los últimos datos publicados por Eurostat, que datan del año 2002: España ocupó el penúltimo lugar, por delante de Irlanda, en cuanto al gasto social en relación con el PIB: apenas el 20%, 3.253 euros anuales por persona, contra el 36% de Suecia, en primer lugar. Comparativamente, equivale al 60% de la media de los Quince. Las familias recibieron en el año 2001 cerca de 8.000 euros anuales por persona mayor de 65 años en España, en torno a la mitad de la media de los Quince, contra los más de 20.000 de Dinamarca y Luxemburgo. Austria, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Suecia dedicaron a las familias entre 18.000 y 20.000 euros.
José Carlos Fajardo, profesor de Historia Política del Pensamiento Político, y fundador de la ONG Solidarios, piensa que socialmente se ha asumido el desplazamiento de los mayores, para que no molesten o dejen su puesto a los más jóvenes. "No se repara en que, en todas las culturas que han contribuido al auténtico progreso de la humanidad, son respetados y venerados", señala. "En China sería una falta de educación tremenda decirle a una persona mayor: 'Qué joven le encuentro".
Publicado por Licenciatura en Gerontología el día: Noviembre 15, 2005 12:02 PM