La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), a la que están adheridas cerca de 1.400 asociaciones de ancianos, alertó de que sólo uno de cada diez casos de violencia contra personas mayores es denunciado, mientras que el resto 'pasa desapercibido o queda oculto'.
sociedad-mayores 14-11-2005
Terra Actualidad - EFE
El presidente de la UDP, Luis Martín Pindado, que participó en Málaga en la inauguración del VIII seminario sobre malos tratos y abusos a personas mayores, manifestó a Efe que la principal dificultad para detectar los maltratos es la carga afectiva que las víctimas suelen tener con sus familiares o el miedo a ser expulsados de centros residenciales o geriátricos.
En opinión de Pindado, el propio anciano se siente en la mayoría de los casos incapacitado para denunciar a su familiar o cuidador del que puede depender 'afectiva, física o económicamente'.
Desde la organización UDP, que agrupa a más de 850.000 socios, exigen una modificación legislativa para que el maltrato a las personas mayores se recoja como agravante en función de la vejez de la víctima, y no sólo en los casos en los que esté desvalida, como se hace en la actualidad con los menores o las mujeres.
'Existe una clara discriminación hacia el mayor en nuestro país y se necesita concienciación por parte de la sociedad para que se hable de este tipo de casos al igual que llegó a la opinión pública la violencia de género', añadió.
Por su parte, la coordinadora del seminario, Yolanda Besteiro, explicó que los malos tratos que se producen en las personas mayores pueden ser de tipo físico, económico, psicológico o mediante actuaciones negligentes.
Precisamente los maltratos psicológicos son los que entrañan una mayor dificultad en su detección ya que aunque el mayor sea vejado o humillado no se siente capaz de denunciarlo.
En relación a la atención sanitaria, según Besteiro, la mayoría de los mayores se quejan de la falta de conocimientos geriátricos y de una 'infantilización' en el trato por parte de los equipos profesionales, 'que les tratan como si fueran niños'.
Según la coordinadora de las jornadas resulta 'más que alarmante' que las tasas de suicidio en las personas mayores de 65 años dupliquen a las franjas de edad inferiores.
Declaró, en relación al maltrato económico, que es 'muy frecuente' que las cuentas bancarias de las personas mayores sean administradas por otras personas, que se les obligue a modificar testamentos o que se vendan sus inmuebles para repartir el dinero entre los hijos, de modo que al final el mayor 'circula de un sitio a otro', quedando desvinculado de su propio hogar, su propia autonomía y su propia identidad.
Respecto a las negligencias, indicó que estas suelen producirse por una sobrecarga de los cuidadores que no cuentan con ningún tipo de ayudas ni de recursos sociales, lo que les obliga a suministrarles, en ocasiones, 'fármacos para que se queden dormidos y no den guerra'.
Besteiro abogó por una mayor concienciación de todas las esferas sociales y por la puesta en marcha de ayudas gubernamentales que contribuyan a reducir las cargas de las personas que tienen a su cargo a personas mayores.