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EN LA CAPITAL HAY MAS DE 800 GERIATRICOS, DONDE ESTAN INTERNADOS CASI 22.000 ABUELOS
La norma prevé crear un registro público y capacitar a los empleados. La sancionaron en diciembre de 2002, pero aún no fue reglamentada. Según una nueva resolución, la Comuna debe hacerlo en junio.
Elena Peralta
Clarín
Miércoles 28 de abril de 2004
El 24 de enero de 2001 cuatro abuelas murieron ahogadas en el sótano de un geriátrico de Belgrano R. El hecho generó entonces un intenso debate acerca del funcionamiento de los asilos de ancianos. Tanto, que el 12 de diciembre de 2002 la Legislatura porteña votó una ley que establecía mayores controles. Pero esa norma, que ayudaría a solucionar parte del problema, nunca fue reglamentada. Y a más de tres años de aquellas muertes las reglas siguen siendo las mismas que regían antes de la inundación. Ahora, la Legislatura votó por unanimidad un proyecto de resolución que intima al Gobierno porteño a reglamentar la ley de geriátricos en los próximos 30 días hábiles.
La ley en cuestión es la 1003, sancionada en diciembre de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de enero de 2003. En su artículo 5º los legisladores establecían un plazo de 45 días hábiles para que el Ejecutivo porteño la reglamentara para entrar en vigencia. El plazo se venció, pero la norma nunca empezó a funcionar. Por eso, hace dos semanas los diputados volvieron a emplazar al Gobierno. Esta vez, le dieron 30 días hábiles que vencerán después de la segunda semana de junio.
En la Ciudad funcionan dos geriátricos públicos y más de 800 privados. En ellos viven casi 22.000 abuelos. Además, la Dirección de la Tercera Edad porteña posee dos instituciones más en Ituzaingó y en Necochea, que también alojan a ancianos porteños. Pero los privados concentran a la mayoría de la población. Les dan cama y comida a unos 16.000 mayores, el 57% hombres. Y abarcan una amplia gama que va desde asilos pagos por obras sociales (el PAMI tiene convenio con 106 establecimientos de Capital) hasta superexclusivas residencias con cuotas que superan los $ 4.000 por mes. El promedio tiene un costo mensual que oscila entre los $ 600 y $ 800 y en la que casi siempre se cobran los adicionales (estudios y atención médica). Clarín intentó comunicarse ayer con Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos para ver qué opinaban acerca de la nueva ley, pero no recibió respuesta.
También existe una buena cantidad de "truchos". Si bien no hay cifras oficiales, según los cálculos de la Unión Argentina de Prestadores Gerontológicos, en la Capital funcionarían entre 200 y 250. Cobran mucho menos que los institutos habilitados, pero no tienen instalaciones ni personal adecuados.
Hace dos años un informe de Telenoche Investiga descubrió una red de coimas en la habilitación y el control de los geriátricos truchos. Los inspectores filmados pertenecían a la Dirección General de Verificación y Habilitaciones de la Ciudad, desarmada el año pasado por la cantidad de denuncias que acumulaba.
"Es una vergüenza que estemos pidiéndole al Ejecutivo que haga algo que debería haber hecho hace más de un año, sobre todo en un tema que recibió tantas denuncias", señaló la legisladora Fernanda Ferrero, de Unión por Recrear, que impulsó el proyecto de resolución. En la Comuna aseguraron que están de acuerdo con los principales puntos de la ley , como el registro de prestadores, la capacitación del personal y la figura de un director profesional (ver puntos clave). Pero agregan que el tema es demasiado complejo como para reglamentarlo en el plazo original. Lo cierto es que pasó más de un año y el proyecto ya recorrió varios despachos oficiales.
Según informaron fuentes de la Ciudad, parte del retraso se debió a la cantidad de áreas que intervienen en el funcionamiento de los geriátricos. Hoy, los controles están a cargo de una unidad formada por las secretarías de Salud; Desarrollo Social; y Justicia y Control Comunal. Y las tres tienen que dar el visto bueno para la reglamentación.
Actualmente, la propuesta está en las oficinas de Justicia y Control Comunal, el último de los despachos que —prometen— le falta recorrer al proyecto. Sin embargo, nadie se anima a decir si la reglamentación saldrá o no esta vez en los plazos previstos.
El titular de la Dirección de la Tercera Edad porteña, Daniel Maglioco, asegura que no hay un vacío legal en el control de las instituciones para mayores. "La actividad está reglamentada por el decreto 609, que establece una serie de requisitos precisos para su habilitación y funcionamiento. La ley 1003 mejora esa normativa, pero en la actualidad los controles existen y son efectivos". Durante 2003 se hicieron 1.757 inspecciones. Sobre 909 instituciones, la Comuna calificó al 1,87% como muy buenas, al 61,83% como buenas, al 34,21% como regulares y al 2,09% como malas.
"Si uno hace una recorrida por los geriátricos se da cuenta que la enfermedad más común no tiene que ver con lo físico o lo psíquico, sino que es de índole social", diagnostica el especialista en psicobiología del envejecimiento, Juan Hitzig. Para el gerontólogo el peligro es acostumbrarse a la situación: "Hay una tendencia a pensar que la institucionalización de los ancianos es lo normal, cuando es todo lo contrario. Y en ese contexto crear las condiciones para que la gente mayor tenga un programa digno de vivencias no depende tanto de lo económico, sino de la creatividad de los funcionarios a cargo. Hay honrosas excepciones, como los programas que lleva a cabo el Hogar San Martín, una institución estatal que ha sido premiada por su funcionamiento. Pero es un cuadro que, lamentablemente, se repite muy pocas veces".
Enviado por Licenciatura en Gerontología el: Abril 28, 2004 08:21 AM