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De no mediar respuestas públicas efectivas para combatir la violencia contra los ancianos, este síntoma de malestar social presagia un futuro sombrío.
Editorial
Clarín
12-05-2004
Según datos del Programa Proteger, que depende de la Dirección General de Tercera Edad de la Ciudad, las denuncias por maltrato a mayores de 60 años crecieron en 2003 un 35%.
Si bien este aumento puede explicarse, en parte, como una plausible mayor conciencia de las víctimas para defenderse, el dato es muy preocupante. Los expertos señalan que en el maltrato físico y psíquico a los ancianos subyacen conflictos familiares preexistentes que, unidos a problemáticas específicas de la vejez y a crisis económicas, se combinan explosivamente.
Por el desempleo o la merma de salarios de los adultos en edad productiva, por ejemplo, muchos ancianos se han convertido en sostenes involuntarios de sus familias o se ven obligados a compartir su vivienda después de años de vivir en soledad. Estas situaciones no deseadas ni elegidas acrecientan las tensiones en los hogares y producen, en muchos casos, la victimización de la persona mayor.
Para evitarlo es preciso que se articulen políticas efectivas de protección a los ancianos en riesgo, brindándoles asistencia específica. Pero también aquí está en juego toda una organización económica y social que debería apuntar a la dignificación de las condiciones de vida de niños, adultos y ancianos.
Por otra parte, las tendencias demográficas muestran un creciente incremento de la población de la tercera edad, por lo que, si no se prevén recursos y alternativas, el problema de la ancianidad digna va a ser mucho más decisivo en el mediano plazo.
El crecimiento de las denuncias de maltrato físico y psíquico a los ancianos es un síntoma social preocupante. La longevidad en situación de crisis económica y familiar es un problema de largo plazo que debe abordarse con políticas públicas.