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El Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, afronta una severa desorganización que es necesario revertir. La falta de una política clara, la ausencia de asesores con pericia técnica en el tema y la falta de una dirigencia sindical que bregue por los intereses de los trabajadores conspiran para que la obra social más grande de América latina salga de una situación de caos y desasosiego.
Editorial
La Nación
9-06-2004
Entre los aspectos más delicados, se advierte la falta de control de los circuitos administrativos y el apartamiento de las formalidades legales. Así, por ejemplo, si bien las horas extras están reguladas por dos resoluciones institucionales, hay innumerables solicitudes de excepciones para sortear esas normas, por lo cual la excepción constituye la regla. Se ha llegado a verificar que algunas gerencias han solicitado la autorización de más de 4000 horas extras -tal el caso de la gerencia de Tecnología y Planeamiento- o, en otros casos, se ha llegado a comprobar que se pidió hacer horas extras para efectuar las tareas normales y habituales de cada área.
Por otra parte, esa situación que propicia las horas extras es fomentada por las autoridades gremiales, cuando, en realidad, esos dirigentes deberían abogar por la conquista de salarios dignos para los trabajadores, en lugar de prolongar las jornadas laborales, lo cual es oprobioso para el empleado.
La unidad de auditoría interna del PAMI ha emitido cuatro informes en que puso de manifiesto esa crisis y, en particular, la ausencia de controles y la falta de circuitos administrativos adecuados.
Por otra parte, la falta de una carrera administrativa que les permita a los trabajadores ascender gradualmente merced a sus méritos y capacitación y no mediante prebendas y favores políticos partidarios, también incide negativamente en la formación de una planta estable, no sujeta a los avatares políticos.
Asimismo, han sido observados numerosos casos de incompatibilidad. Por ejemplo, hay jubilados que siguen prestando funciones en la institución y, es más, en otros casos se han encontrado "empleados" que aunque perciben un haber jubilatorio, continúan en funciones y, además, cobran horas extras. Y como si eso fuera poco, hay cuestiones en que la gerencia de Asuntos Jurídicos se niega a emitir el dictamen jurídico previo, lo cual resulta de suma gravedad, pues ese dictamen constituye el pilar del sometimiento de las autoridades administrativas al Estado de Derecho. Basta simplemente observar las múltiples resoluciones que se emiten sin la intervención del servicio jurídico permanente.
Si bien el PAMI es un ente público no estatal, la dispersión de normas conspira para saber cuáles disposiciones deben ser aplicadas. La institución carece de una suerte de boletín interno que permita difundir las disposiciones emitidas. Como para empezar a ordenar las cosas, sería positivo que esas nuevas normas, que revisten suma importancia para la comunidad, fuesen publicadas en el Boletín Oficial.
Por lo demás, se proyecta pomposamente el trazado de un proceso de planificación estratégica desde la gerencia de Tecnología y Planeamiento, hay áreas que carecen de computadoras y en algunas unidades de gestión local -las sedes provinciales del PAMI- hasta se carece de suministro de energía eléctrica.
Mientras no tenga objetivos claros, directivos probos y asesores con la suficiente pericia técnica como para guiar a las autoridades de la institución, el PAMI continuará a la deriva, asediado por intereses políticos ajenos al bienestar de la comunidad y los jubilados, destinatarios finales de esa obra social, seguirán padeciendo los efectos de la ineficiencia y de un inocultable desorden.
http://www.lanacion.com.ar/04/06/09/do_608659.asp