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Tiempo atrás, el PAMI fue noticia por la denuncia de un diputado nacional que hizo pública la acción delictiva de un proveedor de insumos y tecnología médica que, junto con dos punteros políticos, le había ofrecido un “retorno” en forma descarada. Esta modalidad no es novedosa en el PAMI. Continuamos viendo la agresión permanente a la economía de la obra social y, por ende, a los jubilados. Ya perdimos la capacidad de sorprendernos.
Por Carlos Jañez
Para LA NACION
Miércoles 22 de Diciembre de 2004
La actual directora ejecutiva, licenciada Graciela Ocaña, ha reconocido en declaraciones públicas que las mafias existen dentro del instituto y fuera de él y que pudieron crecer y establecerse porque el sistema se consolidó, a pesar de los cambios de gobierno.
Hemos sido testigos de las múltiples denuncias realizadas por funcionarios que, seguramente con muy buenas intenciones, creyeron posible la reforma de la obra social. Pero la denuncia no basta: termina agotándose en sí misma.
No se han visto cambios sustanciales en las conducciones del PAMI, desde la esperanzadora “cajita de cristal” del triunvirato aliancista –que prometió abrir camino con su decisión de esclarecer el funcionamiento anormal de gerencias, subgerencias y direcciones “destapando todas las ollas”– hasta la actual, de denuncia permanente, pasando por la modalidad agresiva del doctor González Gaviola.
Persisten las contrataciones con las intermediarias –las denominadas “gerenciadoras”–; no se puso en práctica la receta por nombre genérico, aunque hay una legislación vigente al respecto, debido a que no se ha podido rescindir un contrato histórico que une a la entidad con una conocida intermediaria del sector medicamentos; continúan los “kioscos” en los estratos intermedios manejando, y los pocos cambios que se produjeron en las políticas prestacionales fueron tristes reformas cosméticas.
Hubo épocas en las que la relación directa entre la obra social y los prestadores se desarrolló normalmente, con satisfacción plena de los jubilados, de los profesionales y de los sanatorios, sin la intermediación gerenciadora que, como se confirmó con el tiempo, fue la causa fundamental de la actual situación.
Algunos de los más importantes especialistas en administración de sistemas de salud han ocupado cargos de asesores, funcionarios o colaboradores en el PAMI. Sin embargo, parecería que esa inmensa e inagotable maquinaria los devora y no permite el desarrollo de una política que perdure en el tiempo y cuente con los mecanismos de control necesarios para acabar con las mafias enquistadas en ese organismo.
La declaración permanente del Gobierno acerca de su preocupación por este tema tan delicado debería dejar de ser sólo una declamación. El Estado de Derecho no sólo autoriza, sino que exige actuar de acuerdo con la ley para investigar los hechos denunciados y castigar los actos delictivos.
El análisis de las contrataciones, en cada caso en particular, permitiría a las autoridades conocer la identidad, la calidad y el desempeño de los prestadores. Muchos buenos prestadores, acuciados por los compromisos con sus proveedores de insumos o servicios, toleran execrables prácticas ante la posibilidad cierta de tener que cerrar las puertas de sus empresas si se corta el flujo de los pagos.
Otros tantos buenos prestadores han decidido, aun ante la realidad de la pérdida de su fuente de trabajo, liberarse de esa relación por las causas ya enunciadas.
En todos los casos existe un gran perdedor: el jubilado, que debe resignarse a aceptar las decisiones que toman quienes dirigen “su” obra social.
Este “programa de atención médica integral”, que nació sano, creció y se mantuvo firme ante los embates de ejércitos parasitarios que destruyeron su estructura doctrinaria y minaron su basamento económico, requiere en forma inminente la conformación de organismos de consulta integrados por quienes asisten diariamente a los pacientes de PAMI y por los propios jubilados, que son los que padecen por la falta de la decisión política de establecer un nuevo programa de atención consensuado.
El renovado apoyo político del Poder Ejecutivo a las autoridades del PAMI asegura el escenario posible para que estas reformas participativas sean encaradas a la brevedad.
El triángulo conformado por las autoridades, los jubilados y los prestadores debería convertirse en la piedra fundamental del sistema. Así se podría aventar prejuicios y generar mecanismos de control que devuelvan la confianza tanto en el financiador cuanto en los prestadores que, en algunos casos, responden de la misma forma, defendiéndose ante la carencia de reglas claras en el reconocimiento económico.
La ecuación será viable si a lo antedicho se suman la decisión política de provocar un cambio, funcionarios insospechados y asesores que aporten a los directivos su capacidad técnica y sus conocimientos como guía, con profesionales y entidades sanatoriales que respeten las condiciones contractuales y, a su vez, sean respetados por su insoslayable función social, sin el acoso de intereses subalternos ajenos que intenten destruir esa relación.
El compromiso es de todos: de las autoridades, los prestadores, los usuarios y toda la sociedad, para que el PAMI deje de ser la imagen del desorden, la corrupción y la ineficiencia.
El autor es presidente de la Confederación Médica de la República Argentina.
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=665236
Enviado por Licenciatura en Gerontología el: Diciembre 22, 2004 06:05 PM