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En las Américas, Chile fue el primer país que adoptó en 1924 un sistema público de pensiones--en el cual los trabajadores de hoy pagan los beneficios de los jubilados actuales. Tal sistema de reparto, creado por Bismarck a fines del siglo pasado, pronto fue adoptado por otros países de la región, entre ellos Estados Unidos, donde se ha convertido en el programa gubernamental más grande del mundo.
Ian Vásquez
29 de mayo de 1998
En 1980, los chilenos, bajo la dirección del entonces ministro de trabajo, José Piñera, reformaron su sistema público de pensiones de una manera novedosa. Ya en los años 1970 descubrieron que el programa estatal de retiro estaba abocado a la quiebra por razones ahora bien conocidas por la mayoría de los países que aún mantienen sistemas de reparto: caídas en las tasas de natalidad, mayor longevidad, politización del sistema, uso de los ahorros de los trabajadores para todo tipo de gasto público y, en los países latinoamericanos, la alta inflación. (Como muestra el cuadro siguiente, la mayoría de los sistemas públicos pierden dinero.)
La solución, según Piñera, era corregir la falla fundamental del sistema público que "destruye el vínculo entre contribuciones y beneficios, en otras palabras, entre responsabilidades y derechos." A los chilenos, el gobierno les dio la libertad de elegir entre el viejo sistema y uno nuevo, en el cual cada trabajador ahorra para su propia vejez a través de contribuciones obligatorias a una cuenta de capitalización individual que viene a ser la propiedad privada del trabajador. De esa manera, el nivel de la pensión del trabajador se determina por el capital acumulado durante su vida y no por un proceso político o gubernamental.
(Gráfica)
Bajo el sistema privado de pensiones el trabajador también tiene la libertad de elegir entre las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que manejan las cuentas de capitalización y compiten en el mercado libre. Las AFPs operan como fondos mutuos que invierten en bonos y acciones, estimulando así el mercado doméstico de capitales. La disponibilidad de esta fuente de recursos permite crear nuevas oportunidades empresariales y puestos de trabajo que a su vez contribuyen a los AFPs.
Ese "ciclo virtuoso" de la privatización ha ayudado a causar un impacto macroeconómico positivo. Desde la introducción del nuevo sistema, el nivel de ahorro se ha elevado a un 27 por ciento del PIB, ha bajado la tasa de desempleo a un 5 por ciento, y ha sostenido un crecimiento anual durante los últimos 12 años de un promedio del 6.5 por ciento. Los beneficios directos a los trabajadores también son dramáticos. Las AFPs han tenido un rendimiento promedio real del 12 por ciento anual, los jubilados gozan de beneficios que son entre un 50 y un 100 por ciento más altos que bajo el sistema estatal, y las contribuciones obligatorias del sistema privado son más bajas. Todo ello explica por qué más del 90 por ciento de los trabajadores chilenos han elegido las cuentas de capitalización.
Dado que la reforma significa que el estado tuvo que identificar diferentes ingresos para financiar a los jubilados y otros que decidieron quedarse bajo el viejo sistema, el costo de la transición fue pagada por diversos métodos. Es importante subrayar que este costo no representa un costo adicional, sino hace explícito un gasto al cual el estado ya se ha comprometido; unicamente de no hacer una reforma se elevaría tal costo. Las dos fuentes más importantes para financiar la transición fueron la emisión de nueva deuda estatal y el uso de ingresos generales. Empezando en 1985 también se financió la transición a través de la privatización de empresas estatales--un proceso en el cual las mismas AFPS invertieron.
Hoy en día varios otros paises latinoamericanos--Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, México, y Uruguay--han adoptado alguna variante del modelo chileno. Al reformar sus sistemas de reparto han aprovechado lo mejor que ofrece un sistema privado: la libre elección y la creación de una sociedad de trabajadores dueños de propiedad privada con un interés en mantener un sistema económico liberal y estable. Por cierto, según Mark Klugmann, director del International Center for Pension Reform, en Chile el nuevo sistema "ha despoliticizado el tema de pensiones y eliminado de las campañas políticas la demagogia y asustamiento sobre la jubilación que antes se veía con regularidad."
La reforma de pensiones es una solución latinomericana para un problema universal. Como dijo el periodista Joe Klein de la revista Newsweek, "El sistema chileno es quizás la primera idea significativa de politica pública social que emana del hemisferio sur." Por supuesto, las condiciones y características de cada nación hacen que la transición a un nuevo sistema será distinta de país a país. En el caso de Chile, el gobierno combinó superavits presupuestarios años antes de la reforma previsional con otras reformas estructurales y económicas liberales para lograr resultados positivos. Obviamente, los países desarrollados exhiben cualidades distintas a las de Chile y, por consiguiente, requieren diferentes medidas para implementar el mismo modelo.
Aún así, los países latinoamericanos que han adoptado el modelo chileno y están en la transición podrían mejorar los aspectos técnicos de sus nuevos sistemas. En México, por ejemplo, las AFOREs (AFPs) no tienen la libertad de invertir en el extranjero--estrategia de inversión poco conservadora porque limita la diversificación de las cuentas de los trabajadores.
Pero tal vez el aspecto más importante de la reforma chilena que no ha sido adoptado por la mayoría de los otros países reformistas es que aquella cerró la puerta al viejo sistema. En Chile, los trabajadores nuevos no pueden entrar en el sistema público, de tal manera que el sistema de reparto terminará su vida el día que el último jubilado bajo ese programa se muera. Esto es un punto crítico. Mantener un sistema público paralelo al privado puede llegar a endeudar nuevamente a las generaciones futuras, politicizar el tema de las pensiones, y crear una cierta competencia desleal para el sector privado de pensiones.
A finales de un siglo de experimentos estatales fracasados, es evidente que la libertad del individuo acompañado del respeto a la propiedad privada de los ricos y de los pobres es la mejor vía para asegurar la prosperidad y el seguro social. La reforma previsional chilena ofrece esa receta al mundo.
Ian Vásquez es el director del Proyecto Sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute.