La universalización de la protección social en salud es un desafío pendiente en la región, señala la CEPAL en su documento La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad , presentado en el Trigésimo primer período de sesiones , que tiene lugar entre el 20 al 24 de marzo en Montevideo, Uruguay.

El gasto por habitante en salud que realizan los países de América Latina y El Caribe (438 dólares) es inferior al promedio mundial (640 dólares) y muy inferior al de los países de altos ingresos (2.514 dólares). Además, este gasto es afrontado de manera significativa por las propias familias (37%), lo cual crea fuertes inequidades de acceso. La región se acerca rápidamente a los países desarrollados en cuanto al impacto de enfermedades no transmisibles, más costosas de tratar, pero no resuelve aún el problema de las enfermedades transmisibles propias de países con menor grado de desarrollo. Este "rezago epidemiológico" es mayor en los países de menores ingresos.

En los sistemas de salud de la región suelen convivir el sector público, la seguridad social y el sector privado, sin una adecuada articulación, generando ineficiencias y limitando la solidaridad.

La CEPAL sugiere extender la cobertura de salud a toda la población, mediante mecanismos de solidaridad que garanticen el acceso efectivo a los servicios necesarios, independientemente de la capacidad de pago y de los aportes de las personas. Para ello, la agenda de reformas que propone la CEPAL incluye:

* Políticas de aseguramiento y financiamiento: avanzar en la integración de los sistemas públicos y de la seguridad social, haciéndolos más solidarios.
* Políticas de salud pública y expansión de la atención primaria: para promover un mayor acceso a servicios de salud, se plantea fortalecer la atención primaria, definiendo intervenciones con carácter universal en función de las necesidades sanitarias de cada país. Se destacan experiencias innovadoras en la región basadas en mejoras en la integración de los distintos niveles de complejidad en la atención, y en mecanismos originales de contratación de proveedores (por ejemplo, a través de organizaciones no gubernamentales).
* Políticas de organización y provisión de los servicios: se sugiere separar las funciones de financiamiento y provisión de los servicios de salud. Asimismo, puede lograrse una mayor eficiencia mejorando los mecanismos de pago y promoviendo la integración en red de los proveedores y optimizando la mezcla público-privada.