"Nos esforzamos con mi mujer para tener esta etapa de la vida cómoda, pero cada vez vamos perdiendo más cosas... Ahora pienso borrarme del Automóvil Club; estoy pensando no comprar el diario todos los días, sino dos veces por semana, y trato de eliminar y bajar gastos en llamadas de larga distancia y en electricidad", relata a LA NACION Fernando Carrión.
Jubilado después de "47 años, 6 meses y 20 días de trabajo", Fernando tiene 72 años y en poco tiempo celebrará sus bodas de oro. Pero cree que no podrá festejar como le habría gustado... Está en el grupo de los más de un millón de jubilados y pensionados del sistema nacional que administra la Anses que, por cobrar más que el haber mínimo, sufren una fuerte pérdida del poder adquisitivo por falta de actualización de los haberes tras la devaluación de 2002 y sus consecuencias inflacionarias.
En la situación concreta de Fernando se encuentran casi 200.000 jubilados que ganan $ 1000 o más por mes y que no tuvieron ninguna recomposición en más de una década, aunque lo relevante es que ni un peso más se agregó a sus billeteras desde enero de 2002. Desde esa fecha, el costo de vida acumula un incremento del 79,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La situación se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 44%, una caída que se explica de la siguiente manera: si en 2001 alguien compraba 100 unidades de un producto que valía $ 10, y si ese mismo bien ahora cuesta $ 17,92, suponiendo que la persona dispone de $ 1000 en ambos momentos, entonces en la actualidad sólo podrá acceder a 56 unidades, o al 56% de lo que podía adquirir antes.
Por su parte, quienes tienen un ingreso que no llega a $ 1000 pero superan el mínimo, hoy de $ 390 -son más de 800.000 personas en esta situación-, recibieron desde 2002 un ajuste del 10%. Dada la inflación del período, esa mejora nominal equivale a una caída del 39% en el poder de compra.
Además, los ingresos de uno y de otro grupo perdieron significativamente su relación con los salarios de los trabajadores activos, que en el sector formal privado, según el Indec, ganaron, en promedio, un 10,8% de su poder adquisitivo respecto de 2001.
Los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner concretaron ocho alzas de haberes desde septiembre de 2002. Pero los ajustes se centraron en mejorar la condición de vida de quienes menos ganan, con aumentos sucesivos de la jubilación mínima y un consecuente efecto de achatamiento de la pirámide de ingresos. Hoy, casi dos tercios de los pasivos cobran el ingreso mínimo: muchos de ellos tuvieron fuertes aumentos y otros no tanto, ya que antes ganaban algo más que la mínima y se fueron incorporando con los sucesivos incrementos al grupo de los que menos perciben.
La falta de actualización del resto de las jubilaciones está provocando más juicios. La movilidad de los haberes desde 2002 fue avalada por los jueces de la Cámara de la Seguridad Social, y ahora debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia (ver aparte).
A mediados de octubre pasado, Kirchner había expresado: "Ojalá que en unos meses podamos dar un aumento para toda la línea de jubilados". Cuando faltaban sólo tres días para las elecciones, reiteró que se estudiaba una suba de haberes "más general" que las medidas anunciadas antes. Hasta ahora, no hubo decisión política de dar ese aumento, pese a que algunos sectores del Gobierno impulsan la mejora generalizada.
"Si el Presidente autoriza al gobernador de su provincia a dar un aumento de $ 300 sobre un sueldo de $ 1000, ¿por qué no nos puede dar aunque sea $ 200?", se pregunta Carrión, al recordar el ajuste del 30% para los trabajadores públicos santacruceños.
"Hace 12 años que no tengo aumento", lamenta Rodolfo Etchegaray, otro jubilado que, con 75 años, ya disfruta de 2 bisnietos. Al tiempo que reconoce su escepticismo respecto de la posibilidad de una pronta mejora, se indigna con noticias como la decisión de la Corte Suprema de que los jueces no tributen Ganancias. "Yo sigo trabajando y sobrevivo", cuenta. Y explica que, pese a su retiro, "pensé que no me tenía que bajar de la calesita, porque estar en actividad lo mantiene a uno como persona" y aporta ingresos. "Ha sido muy cruel la sociedad con los que trabajaron dignamente", dice con tristeza.
Con la indignación a flor de piel, Víctor La Pietra, jubilado desde 1993, cuenta que le envió tres notas a la ministra de Economía, Felisa Miceli, para pedirle que se le expliquen las razones de la falta de actualización de los haberes, cuando existe una disposición constitucional que respalda la movilidad.
La garantía de jubilaciones y pensiones móviles está en el artículo 14 bis de la Constitución nacional. Las reglamentaciones parecen haber quedado a mitad de camino y, mientras se encarecen los bienes y servicios, los jubilados que ganan $ 1000 y más, pero también los que reciben $ 400 o $ 600, sin nadie que los represente en convenios colectivos ni en protestas, integran el sector social más postergado en el reconocimiento de sus ingresos.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
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