"La pirámide demográfica de la ciudad de Buenos Aires envejece y no hay recursos suficientes para atender a los adultos mayores", explicó la directora de programas sociales de la AMIA, licenciada Nora Blaistein, durante los instantes previos a la inauguración del primer Centro Integral Especializado en la Atención de Adultos Mayores, que se realizó ayer, en su sede de Uriburu al 600, ante la presencia de autoridades porteñas y nacionales. Y agregó: "Se necesitan muchas instalaciones y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas que por razonas lógicas de edad sufren de un progresivo deterioro en sus capacidades". Sobre la base de estas necesidades insatisfechas, la AMIA formó una comisión ad honórem para proyectar el Centro (con proyecto y dirección de obra de su departamento de Arquitectura, a cargo del arquitecto Mariano Kuman), en el que unas 500 personas realizarán actividades sociorrecreativas y terapéuticas, y recibirán diversos servicios sociales y de salud. "En ocho meses de obra se agregaron dos pisos, sumando 1000 m2 a otra estructura similar de subsuelo y planta baja. Es un edificio particular, con espacios entre columnas de ocho metros; también hubo que reforzar cimientos para que soporten el peso adicional", explicó Kuman. Mediante colores tierra e iluminación indirecta, se logra un clima cálido y ameno para que las personas se sientan como en su casa.
En el hall de planta, donde funcionará la recepción, se instaló un ascensor que comunica los cuatro niveles, y también se construyó una nueva y amplia escalera, según las normativas de seguridad contra incendios. Parte de la planta baja por el momento está sin uso, pero próximamente se construirá un Centro de Atención Primaria del Gobierno de la Ciudad. El primer piso consta de una recepción, 12 oficinas de atención personalizada, dos aulas de capacitación y de actividades integradoras, y una sala de estar. En este mismo nivel hay dos patios, uno pequeño al frente y otro en el fondo de la construcción, en el que se podrán realizar actividades recreativas y trabajos de jardinería. En el segundo piso se dispuso un foyer de llegada y un comedor para 150 personas (con dos depósitos independientes para carnes y lácteos), y un salón de usos múltiples divisible, para reuniones y talleres.
Todas las instalaciones cuentan con sistemas de aire acondicionado, iluminación natural y baños accesibles para todos. Este último es un aspecto fundamental de este edificio, pues cumple con todas las normas de accesibilidad para personas mayores y discapacitadas, así como de seguridad ante posibles atentados terroristas: "Las normas de accesibilidad responden a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas y son muy estrictas en cuanto al uso de rampas, ancho de puertas, pasillos, ubicación de espejos y tipo de materiales, entre otras especificaciones", coinciden Blaistein y Kuman, y agregan que este proyecto se financió con "un subsidio de la Presidencia de la Nación, a través del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (1.068.000 pesos), una donación del American Joint Distribution Commiette (60.000 dólares) y el GCBA (equipamiento). Para la construcción del CAP, la ecuación se invierte: la AMIA financiará el Centro y el GCBA lo administrará".

Por Fernando G. Caniza
Especial para LA NACION

Dinero hay, lo que faltan son propuestas
La realización del Centro AMIA para Adultos Mayores puso en el candelero algo poco conocido: existe un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas con discapacidad, integrado por el conjunto de multas impuestas a los poseedores de cuentas corrientes que no cumplen con lo dispuesto en la ley N° 24.452, conocida como ley del cheque. Este fondo sufrió significativas modificaciones, fue suprimido por la ley N° 25.413, y con la sanción de su similar N° 25.730 se volvió a conformar dicho fondo. Esta última ley fue reglamentada mediante el decreto Nº 1277 del 23 de mayo de 2003 (TO), que estableció la composición del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, y le asignó, entre otras, las funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos para personas con discapacidad, mencionados en la ley N° 25.730 y su reglamentación. Se estima que sólo se habría utilizado un 10 por ciento de este fondo por falta de propuestas.

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