La discusión sobre si el sistema debe ser estatal de reparto, estatal de capitalización o privado de capitalización no es importante. La clave es lograr un sistema que considere los cambios demográficos y asegure su sustentabilidad.
Ricardo Arriazu
18.02.2007 | Clarin.com
La demografía afecta de manera muy significativa gran parte de las variables económicas. Algunos efectos son bastante directos, como por ejemplo su impacto sobre el gasto público (educación, salud, pensiones, etc.). Pero otros no son tan evidentes, lo que lleva a que sean ignorados al diseñar programas de corto plazo.
Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los intelectuales, periodistas y políticos se preocupaban por el acelerado crecimiento de la población mundial. Tal preocupación era válida: el total de habitantes de nuestro planeta se duplicaba cada 35 años y durante las últimas dos décadas se incrementó en más de mil seiscientos millones de personas. Hacia fines del milenio la población mundial superaba los seis mil millones; hoy, las poblaciones de China e India superan los mil cuatrocientos millones cada una. Isaac Asimov señalaba que de continuar esta tendencia, hacia el año 2600 sólo habría lugar en la Tierra para mantenernos todos de pie.
Sin embargo, la reciente tendencia universal a tener menos hijos y la elevación de las expectativas de vida han modificado radicalmente el eje de preocupación entre los especialistas durante la última década. La drástica reducción de la tasa de natalidad genera inicialmente una reducción de la tasa de crecimiento de la población (aunque continúa creciendo en términos absolutos) y una disminución de los gastos asociados al mantenimiento de los hijos. Sin embargo, la reducción en la tasa de mortalidad se refleja también en el envejecimiento de la población. En términos económicos, el mayor gasto asociado al envejecimiento de la población es compensado por los menores gastos en el mantenimiento de hijos y por una mayor cantidad de trabajadores activos.
Los problemas surgen en las etapas posteriores de este proceso. La población crece a un ritmo cada vez más bajo al mismo tiempo que se acentúan los problemas de su envejecimiento. En el caso de Japón, las proyecciones muestran que de mantenerse la tendencia actual (y no existen motivos para que no se mantengan) hacia el año 2050 la población se reduciría en casi veinte millones de personas, y las personas mayores de 65 años representarían el 42% de la población total. En estas circunstancias se torna muy difícil mantener a una población inactiva envejecida al mismo tiempo que disminuye la cantidad de trabajadores activos que contribuyen a mantenerlos.
Estudios de la OECD muestran los dramáticos efectos económicos que se generarían en los principales países industrializados si no se implementan medidas compensatorias. En el caso de Italia, estas proyecciones muestran que para mantener los actuales beneficios sería necesario elevar la tasa del impuesto a las Ganancias a más del 60%, con lo cual la tasa de ahorro se reduciría a menos del 6%, y la tasa de retorno al capital bajaría a menos del 4%. De esta manera se reducirían las inversiones y la tasa de crecimiento, y el país se volvería económicamente inviable.
Estos efectos pueden ser atenuados si se implementan medidas compensatorias, pero el desconocimiento del problema por parte de la población en general, y de los políticos en particular, lleva a que todas las propuestas de reformas sean impopulares y de difícil aprobación. Es natural que alguien al que se le solicitó que colabore a resolver el problema de la explosión demográfica (procreando menos hijos) se sienta confundido cuando ahora se le explica que esa colaboración contribuyó a generar otros problemas que lo afectarán.
Las instituciones de seguridad social buscan asegurar a los individuos económicamente pasivos, ya sea por motivos de edad o de invalidez, un determinado nivel de ingresos. La familia fue durante siglos la institución de seguridad social por excelencia. A partir del siglo XIX la familia se debilitó al asumir el Estado esta responsabilidad. Posteriormente, al entrar en dificultades financieras los sistemas llamados de reparto, cada individuo comenzó a preocuparse por su propio futuro y se pasó a un sistema de capitalización individual, ya sea por impulso de los gobiernos (AFJP) o por decisiones individuales.
Todos aspiramos a una vejez tranquila, feliz y sin problemas. La única forma de satisfacer estas expectativas en un mundo en el que la población muestra signos de envejecimiento es extendiendo el tiempo de actividad de los trabajadores y asegurando en el corto plazo excedentes que permitan acumular recursos para el futuro. Estos excedentes deben ser invertidos en bienes de capital que permitan en el futuro producir más con menos trabajadores, o prestados en forma segura a países con poblaciones más jóvenes.
La discusión sobre si el sistema debe ser estatal de reparto, estatal de capitalización o privado de capitalización no es realmente importante y debe ser resuelta en función de la eficacia relativa en el manejo de los fondos y en el cumplimiento de los objetivos del esquema. Lo importante es contar con un sistema que tome en consideración los efectos de los cambios demográficos y que asegure su sustentabilidad en el tiempo.
El debate actual en la Argentina sobre el futuro del sistema de seguridad social parece estar más centrado en los aspectos ideológicos del problema y en el manejo de los fondos, que en sus aspectos centrales, a pesar de que algunos pedidos de garantías en el destino de los fondos parecen avanzar en la dirección correcta.
http://www.clarin.com/diario/2007/02/18/opinion/o-02802.htm