El gobierno porteño decidió endurecer los castigos sobre aquellos geriátricos que reciben sanciones sistemáticas por las mismas faltas, generalmente vinculadas a la seguridad. Según pudo saber Clarín.com, los dueños de esos establecimientos recibirán las penas más altas que prevé actualmente el Código de Faltas: serán inhabilitados entre seis meses y dos años. Durante ese tiempo, no pueden tramitar nuevas habilitaciones. Al mismo tiempo, se intensificarán los controles por la llegada del invierno.

"Vamos a aplicar una política sancionatoria especialmente rigurosa sobre aquellos establecimientos que reiteren las mismas faltas y que ponen en riesgo la vida de terceros", dijo un responsable de la Agencia de Control, el organismo creado por Mauricio Macri para fiscalizar la actividad de los geriátricos, entre otras cosas. La misma fuente reveló que están estudiando "algunos casos emblemáticos", aunque aclaró que también se hará hincapié en las concientización de los dueños de los geriátricos y los familiares de los ancianos.

Por fortuna, hace tres años que no ocurren accidentes graves en la Capital (el último fue en julio de 2005). No obstante, las fuentes consultadas coinciden en que el panorama no es muy diferente de aquel momento. De hecho, las últimas estadísticas son alarmantes. Casi el 80% de los 410 geriátricos inspeccionados durante los primeros seis meses de 2008 presentaron irregularidades. Las fallas más comunes están vinculadas con la seguridad, pero también se detectaron incumplimientos en la documentación y la higiene.

Muchos de esos casos derivan en una sanción grave (este año se clausuraron 28 geriátricos), pero hasta los mismos especialistas reconocen que no siempre es la mejor respuesta. "En muchos casos la sanción dura se transforma en un problema porque aumenta el circuito de los geriátricos truchos", explicó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Actualmente, en la Ciudad funcionan 642 geriátricos privados y se calcula que hay más de 200 ilegales.

Igualmente, en los últimos días se incrementaron los controles. Por la época del año, se revisan con mayor atención las garrafas, estufas e instalaciones eléctricas, que, según estadísticas de los Bomberos, causan casi el 30% de los incendios. Los inspectores recorren las zonas más peligrosas de la Ciudad en base a un mapa de riesgo elaborado por la Dirección General de Fiscalización y Control. "Está bien que se hagan controles, pero también hay que prestarle mucha atención a la falta de personal, que es un elemento recurrente en todas las tragedias", se quejó Semino.

Desde la Agencia de Control, a cargo del ex juez Federico Young, reconocen que "hay que mejorar la capacidad inspectiva" y que "hacen faltan más inspectores" especializados en la materia. Por ello, prometen sumar más personal. (ver recuadro). El Defensor porteño coincide con el diagnóstico, pero pide que "también se les pague bien a los que ya están en funciones". "Hay muchos contratos basura", dispara.

http://www.clarin.com/diario/2008/07/14/um/m-01714814.htm