Tradicionalmente, los sistemas previsionales se basaron en contribuciones definidas, como un porcentaje del salario a cargo de empleadores y/o empleados, contra el pago de prestaciones también definidas, en general como un porcentaje de los mejores salarios, al margen de los rendimientos de los fondos recaudados.

Esos sistemas -muy superavitarios en sus comienzos porque no tenían beneficiarios- se basaban en la capitalización colectiva -sin cuentas individuales- ya que los fondos acumulados se invertían en distintos instrumentos, como hipotecas o de obra pública y privada, y la renta más los nuevos aportes se incorporaban al sistema para hacer frente al incremento del número de jubilados y pensiones. Los rendimientos de las inversiones no afectaban los beneficios definidos.

Para el empleador, el salario más la carga patronal constituye la remuneración total o el costo salarial. Y para el trabajador, la jubilación es un salario diferido que debería permitirle contar en la vejez con ingresos semejantes a los que tuvo durante su vida laboral activa.

Desde hace tiempo, con la crisis del llamado Estado de Bienestar, comenzó a desarrollarse una tendencia, impulsada por los organismos financieros internacionales, de transformar los sistemas de protección social, manteniendo la contribución definida pero convirtiendo los beneficios en indefinidos. Así, "el riesgo derivado de las fluctuaciones de los mercados financieros en los que se invierten los recursos acumulados se trasladan sobre el asegurado", como explica un estudio sobre el Sistema de Pensiones, del BBVA.

De este modo, en estos regímenes llamados de capitalización individual, para el trabajador el salario diferido pasa a convertirse en un "ahorro" de renta mensual incierta que dependerá de los vaivenes del mercado financiero.

En el libro La Economía de los Sistemas Previsionales, su autor, Lawrence Thompson, explica que "en los planes definidos, las alteraciones en las condiciones económicas y demográficas llevan al inicio, más a un desequilibrio entre ingresos y gastos que a una alteración de los beneficios prometidos. Más temprano o más tarde, el desequilibrio es eliminado mediante alguna combinación de ajustes en las tasas de beneficios o de aportes. El impacto de la corrección se distribuye entre los jubilados actuales, futuros jubilados y otros contribuyentes, cada uno de los cuales absorbe una fracción del impacto total. Al contrario, en los sistemas de capitalización y contribuciones definidas, todas las alteraciones económicas imprevistas se reflejan plenamente en alteraciones de los valores destinados a las jubilaciones y en el valor de las futuras jubilaciones de cada participante".

El ex ministro chileno René Cortázar, en un seminario de las AFJP realizado en Buenos Aires, también se refirió a este tema. Sostuvo que en un sistema público de prestaciones definidas, por ejemplo, un aumento en las expectativas de vida requeriría que el poder político incremente la edad jubilatoria o reduzca el nivel de las prestaciones, lo que podría dar lugar a una resistencia colectiva.

"En un sistema de capitalización, en cambio, un aumento en las expectativas de vida puede ser enfrentado por el trabajador individual aceptando la menor jubilación que le ofrecerá la compañía de seguros, trabajando hasta un fecha posterior a la que tenía previsto jubilarse, o haciendo una cotización voluntaria, por sobre la legal. La naturaleza del ajuste que hay que realizar es muy similar al caso del sistema de reparto. Solo que se da automáticamente en el mercado, sin necesidad de actuar a través del sistema político". Y agrega: "Como ocurre a nivel de cada individuo y no del sistema político, y ocurre en forma continua, se transforma en un proceso gradual y de bajo perfil que genera menos resistencia".

Aun así, tanto los sistemas públicos como los privados de capitalización dependen de las finanzas de los Estados. Es sabido que la deuda pública implícita con los jubilados actuales y futuros representa un porcentaje elevado de los PBI, a lo que en muchos países se suma el desequilibrio fiscal porque los aportes que antes iban al Estado pasaron a los regímenes privados.

Ese déficit genera un mercado de deuda pública -que incrementa el costo financiero de los gobiernos-donde invierten los sistemas de capitalización. A diciembre pasado, las Administradoras de México tenían el 69,3%; Bolivia, el 72,4%; El Salvador, el 78,7%; Uruguay, el 57,8, y la Argentina, el 55% de sus fondos en deuda de los gobiernos. Y casi todo el resto en plazos fijos que, a su vez, los bancos tenían invertidos en bonos públicos.

Chile es la excepción, pero como el 40% está invertido en el exterior, en 15 meses la desvalorización de los fondos sumó más de US$ 25.000 millones.

Estos son algunos de los temas que el ruido político no deja que se discutan en serio.