Es difícil desvincular la decisión de estatizar el régimen previsional privado, de las necesidades de financiamiento de la deuda y de una política contracíclica de gasto primario en 2009. Siendo ésta probablemente la motivación principal, no deben, sin embargo, excluirse razones de tipo conceptual.

El anuncio de la reforma ha reabierto el debate sobre dos ejes: uno técnico, acerca de las fortalezas y debilidades de los sistemas de reparto y de capitalización, que es independiente del carácter público o privado de la gestión; otro, más ideológico y político, sobre los principios que los guían y el control -esta vez sí- estatal o privado de los fondos. Se añade a éstos un nuevo eje, como es si se están vulnerando o no los derechos de propiedad de los aportantes al sistema privado de capitalización.

Pero, hasta ahora casi sin excepciones, está quedando fuera del debate una cuestión esencial: ¿es éste un sistema de seguridad social, en cualquiera de ambas modalidades, que está en condiciones de cumplir sus fines para la mayoría de la población?

Si el examen se hace desde la cobertura del sistema, la respuesta es negativa: menos de la mitad de la población activa aporta regularmente en el sistema de capitalización o en el de reparto. El dato que quizás mejor ilustra la pobre cobertura de la seguridad social es que en cerca del 60% de los hogares el miembro ocupado que aporta la mayoría de los ingresos no cotiza de manera regular. Entre las familias pobres la proporción se eleva a 75%.

La causa generalmente aceptada de la baja cobertura es la informalidad laboral y en los últimos años (aunque afortunadamente ha descendido) el desempleo. La condición legal para acceder a la seguridad social es poseer un empleo registrado; hay también una condición funcional y es que la tasa de rotación no debe ser muy alta. En el sector privado más de 35% de los asalariados no posee un contrato registrado, y de ellos, más de la mitad tiene un trabajo intermitente. Sin mecanismos extraordinarios como las moratorias para los que no aportaron -muchas veces percibidos como inequitativos por los que aportan- la elevada informalidad hace difícil mejorar significativamente la cobertura de la seguridad social.

Esto lleva a situaciones de inclusión y exclusión. El hecho de que algunos estén cubiertos por la seguridad social y que otros dependan de los recursos asistenciales implica el reconocimiento social de la segmentación laboral. Esto tiene que ver, en medida apreciable, con el modelo de financiamiento.

Por ser un derecho restringido a la inserción formal en el mercado laboral, la seguridad social se financia con contribuciones sobre las remuneraciones de los trabajadores registrados.

Sin embargo, el financiamiento contributivo es insuficiente: no obstante el gran aumento de la recaudación por la mejora del empleo y los salarios formales, casi la mitad de los recursos que maneja la ANSeS son no contributivos, es decir, provienen de impuestos que abonan los ciudadanos con independencia de que tengan o no empleo, de que su ocupación sea formal o informal, o de que reciban o no beneficios.

Estos recursos incluyen el 15% de la masa coparticipable bruta; el 11% del producido del IVA; el 20% de la recaudación neta del impuesto a las ganancias; el 21% de los impuestos que gravan la nafta; el 100% de los impuestos específicos al gasoil, dieseloil, kerosene y gas natural comprimido; y el 90% del impuesto a los bienes personales.

De cada $ 1 de prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 32 centavos son pagados con recursos no contributivos. Esto lleva a situaciones de inequidad, en particular para los más pobres que no acceden a la seguridad social.

La transferencia al ANSeS de los aportes que ahora van a las AFJP difícilmente permita resolver la dependencia de los recursos no contributivos. Sin éstos, el haber promedio de los jubilados y pensionados sería de menos de $ 850, es decir un tercio del salario medio de los aportantes. Y todavía la mitad de la población seguiría sin cobertura.

La pregunta, por ende, es si hay que mantener sistemas paralelos de protección social (uno previsional y otro asistencial) dependiendo de la condición laboral, o si hay que avanzar hacia un sistema de dos pisos, con un seguro social universal desvinculado de la inserción en el mercado de trabajo, que proporcione una cobertura básica previsional y de salud, y unos seguros complementarios, estos sí contributivos, a través de la negociación colectiva o contratado de manera privada.

Pensar cómo cubrir a una alta proporción de la población, hoy al margen del sistema de seguridad social, es tan importante como elegir cuál es el mejor modelo para los que ya están incluidos.

http://www.clarin.com/diario/2008/11/10/opinion/o-01799527.htm