En cambio ahora es la oposición la que está propiciando una mejora para los jubilados que el Gobierno rechaza, calificándola de “demencial” (Aníbal Fernández), “ridícula, demagógica y efectista” (Amado Boudou), e “irresponsable” (Florencio Randazzo). Pero no se descalifica la justicia del beneficio sino su viabilidad. Y esa es la otra gran diferencia con los debates anteriores.
La airada reacción del Gobierno tal vez se entienda por el hecho de haber quedado en la incómoda posición de ser corrido por izquierda y, para colmo, por parte de toda la oposición y no sólo desde la centroizquierda, y en un tema en el que está muy convencido de haber logrado enormes mejoras. Fundamentos para esto último no le faltan: de 2003 hasta ahora el haber medio se multiplicó por 3, la jubilación mínima se multiplicó por 4, la masa de jubilaciones y pensiones pagadas se multiplicó por 5, y gracias a la moratoria previsional la cantidad de beneficiarios aumentó en más de 2 millones.

Así presentada la evolución es impresionante. Pero la película no es tan rosa si se toma en cuenta la inflación y si en lugar de comparar con 2003 se compara la escena actual con la de 2001. Es lo que hace el trabajo “Reforma Previsional o Jubilación para Pobres” que coordinaron el diputado Claudio Lozano y el economista Tomás Raffo: respecto de 2001, la masa jubilatoria en términos reales es ahora un 22,5 por ciento más grande, la jubilación mínima un 33 por ciento más alta, y el haber medio registra un retraso del 26 por ciento.

Ese contraste entre la jubilación mínima recuperándose y la pérdida de poder adquisitivo del haber promedio, es el resultado del criterio de prioridades que adoptó el Gobierno. Es un criterio que puede ser defendido con argumentos políticos, pero que fue condenado judicialmente por parte de la Corte Suprema, que a través del caso Badaro fijó como jurisprudencia el ajuste de los haberes que quedaron rezagados entre 2001 y 2006.

Según datos oficiales obtenidos por esta revista, desde 2005 hasta ahora la ANSeS pagó alrededor de 200.000 sentencias en contra, por unos 6.000 millones de pesos en efectivo más otros 2.000 millones en Bonos. Pero aun así hay 359.000 juicios en trámite, y se calcula que el total de personas con haberes retrasados supera el millón. Uno de los dos puntos clave de la ofensiva opositora es que la ANSeS reajuste automáticamente todos los haberes rezagados, lo que según la estimación del ministro de Economía implica una erogación adicional de 10.500 millones de pesos por año, lo que equivale al 15 por ciento de lo que gasta la ANSeS en jubilaciones y pensiones (no se computa la compensación retroactiva, que de acuerdo con los números del año pasado fue en promedio de 78.000 pesos por sentencia judicial).

El otro elemento central de los proyectos presentados en el Congreso es el aumento de la jubilación mínima de 895 pesos que cobran algo más de 4 millones de personas (el 75 por ciento del total). La propuesta de llevar el mínimo a 1.230 pesos (82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil), requiere un gasto adicional de 22.000 millones de pesos por año, según explicó Boudou.

O sea que las necesidades de financiamiento se incrementarían en algo más de 30.000 millones de pesos anuales. Un montón de dinero: el equivalente al 40 por ciento de lo que la ANSeS paga por jubilaciones y pensiones o cuatro veces lo que cuesta el programa de Asignación Universal por Hijo.

El Gobierno sostiene que no hay forma de obtener esa cantidad de recursos adicionales, que aumentar el gasto en esa proporción “desataría una espiral inflacionaria”, y por lo tanto adelantó que si el Congreso sanciona las correspondientes leyes el Ejecutivo las vetará.

Desde la oposición, pero también desde sectores aliados al Gobierno como el bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario (Martín Sabbatella, Carlos Heller, Vilma Ibarra, Jorge Rivas y Ariel Basteiro), retrucan que el aumento es posible a través de diversas fuentes de financiamiento. En el listado de lo que se propone aparece el incremento de los aportes patronales para las grandes empresas, el establecimiento de gravámenes a la renta financiera y a las ganancias de capital, la elevación de la alícuota de Ganancias para los ingresos personales más altos, un reajuste en las tarifas que no afecte a los pobres y a la clase media baja y permita recortar subsidios, el uso de
excedentes de ANSeS, entre otros puntos.

Es cierto que salvo el dictamen que acordaron en Diputados Proyecto Sur, el Socialismo y el GEN que lidera Margarita Stolbizer, las otras fuerzas políticas no han detallado su propuesta de financiamiento. Y también es cierto que lo que plantea el mencionado dictamen, que se centra en que las empresas grandes vuelvan a pagar aportes patronales como hasta 1993, genera dudas: ¿es viable aumentar de golpe de 25.000 a 42.000 millones de pesos por año lo que las grandes empresas abonan por ese concepto?

Pero entre el rechazo absoluto del Gobierno y las posiciones de máxima o inconsistentes de la oposición, hay un enorme espacio para mejorar la situación de los jubilados con alternativas técnicamente factibles. La resolución, como siempre, queda supeditada a la política. Y, más allá de la desconcertada reacción del Gobierno, cuesta imaginar que esta historia termine con una ley
aprobada por la oposición y vetada por el Ejecutivo.

http://www.elargentino.com/nota-98005-medios-121-Jubilaciones-alternativas-para-una-mejora.html