La reglamentación de la ley de pensión alimentaria que favorece a las personas adultas mayores de 65 años en situación de pobreza y pobreza extrema de Paraguay, ha sido fuertemente cuestionada por las organizaciones de adultos mayores de ese país, debido a que dicha reglamentación establece requisitos inaccesibles para muchas personas adultas mayores que debieran ser beneficiadas por esta ley y porque el calendario trazado vulnera la urgencia de su aplicación. Cabe considerar que la aprobación de dicha ley fue fruto de la movilización que por largos años realizaron organizaciones de adultos mayores de ese país, proceso que también incluyó la participación de las mismas en las propuestas de reglamentación, las cuales a la hora de las decisiones no fueron tomadas en cuenta por las autoridades paraguayas.
Editorial RLG N° 126 de julio 2010
Miércoles, 07 de Julio de 2010
o acaecido en Paraguay es una forma de maltrato institucional hacia las personas adultas mayores y sus organizaciones. Refleja asimismo la falta de conciencia sobre los cambios demográficos y de voluntad política que existe aún en América Latina para reconocer el derecho de las personas adultas mayores a condiciones de vida digna.
Situaciones semejantes a la ocurrida en Paraguay, vivieron adultos mayores en Honduras en el año 2005, cuando el Ejecutivo vetó la Ley Integral de Protección del Adulto Mayor argumentando que su implementación conduciría al colapso de las instituciones de seguridad social. Un caso límite ocurrió en Guatemala donde se llegó a reprimir por la fuerza a un grupo de personas de la Asociación de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social de Guatemala que realizaba una huelga de hambre frente a la casa presidencial en demanda de una pensión básica.
El principal obstáculo que encuentran las personas adultas mayores para que sus reclamos sean escuchados, es la falta de voluntad política de nuestros gobernantes para asumir que las necesidades básicas de las personas mayores deben ser materia de políticas y que dichas políticas deben considerarse con tanta prioridad como las de otros grupos de la población. Sin duda que subyace a esta falta de voluntad e indolencia, una visión negativa acerca de la vejez y la creencia de que aún es políticamente pertinente ofrecer respuestas focalizadas y asistencialistas.
Lo anterior amerita que las Organizaciones No Gubernamentales que actuamos en el ámbito del envejecimiento, nos preguntemos cuánto hemos hecho para apoyar a las organizaciones de adultos mayores en sus luchas por el reconocimiento de sus derechos y mejoras en sus condiciones de vida.
Nos cabe una responsabilidad ineludible en apoyar decididamente a las organizaciones de adultos mayores y en abogar por políticas que consideren el envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad como una oportunidad para impulsar el desarrollo de nuestros países. Necesitamos vencer el cerco establecido por las imágenes negativas acerca del envejecer y ser persona vieja. Para ello es imprescindible que llevemos el tema del envejecimiento a todos los foros donde se discuten temas relativos al desarrollo. No podemos sentarnos a esperar que sean los gobiernos los que tomen la iniciativa; el envejecimiento es un proceso que avanza inexorable y tiene un tiempo para aprovechar sus oportunidades.
Ximena Romero – Coordinadora RLG
Christel Wasiek – Asesora RLG
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