En la Argentina actual, 23 de cada 100 habitantes superan la edad de jubilación, de 60 o 65 años según se trate de mujeres o varones, respectivamente. En 10 años más, esa proporción subirá al 25,4%, y dentro de tres décadas, un tercio de la población estará en la edad pasiva, mientras que en 2050 los mayores serán 40 de cada 100. A la par de esos cambios en la pirámide poblacional, se estima que irá apareciendo primero, y creciendo después, el déficit de financiamiento del sistema previsional.
El desequilibrio llegará, de no mediar cambios legales, aún cuando se tenga en cuenta que, según datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, 2,5 de cada 10 pesos con los que se pagan las jubilaciones provienen de impuestos generales, y los otros 7,5, de los aportes y las contribuciones vinculados al mundo laboral formal.
Esta segunda fuente de recursos, la genuina del sistema, se encuentra en problemas si se considera que, con 5.585.000 pasivos y 7.300.000 cotizantes regulares (según estimaciones basadas en datos de recaudación de la AFIP), por cada jubilado hay 1,3 trabajadores que contribuyen, contando asalariados, autónomos y monotributistas.
Estos datos demográficos -estimados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y citados en un informe elaborado por los actuarios Eduardo Melinsky y Graciela Solari-, son sólo algunos de los que habrá que considerar a la hora de revisar del esquema jubilatorio, según advierten los conocedores del tema.
Sin ajuste de tuercas mediante, la consultora Prefinex proyecta, contando todos los recursos, que el déficit aparecerá en 30 años, si se sigue sin abonar los ajustes que ya ordenó dar, a través de sus fallos, la Corte Suprema. Si se pagara lo que corresponde, el sistema de reparto ya revelaría un déficit este año, y lo mismo ocurriría si se elevara el haber mínimo, que cobran 4,2 millones de pasivos, de $ 895 a $ 1230, es decir, al 82% del salario mínimo. Contando sólo los aportes y las contribuciones, el sistema ya tiene un déficit hoy del 1,6% del PBI, que subiría al 2% en 2030.
Más allá de los temas que se debaten por estos días, y justamente a propósito de esa discusión, pide pista un análisis integral de cómo está el sistema, tanto en lo que se refiere al grado de justicia de sus pagos como a la capacidad de cumplir con sus compromisos en el mediano y en el largo plazo. Para este último objetivo, y aunque no en lo inmediato, la Argentina podría no quedar a salvo de tener que estudiar ajustes como los que se producen en los regímenes de reparto de países europeos: exigir más aportes, subir la edad de retiro o buscar fuentes de ingresos, lo que siempre implica más costos para la economía.
La premisa gana fuerza si se tiene en cuenta que las últimas reformas se aprobaron sin estudios previos, y que tampoco se hizo una proyección de costos ni se analizó la posibilidad de un financiamiento sostenido, antes de lanzar medidas como la que permitió 2,4 millones de jubilaciones para quienes no habían hecho aportes o los habían hecho en forma insuficiente.
Una moratoria para deudas previsionales fue lo que derivó en una ampliación de la cobertura del sistema. Hoy, el 86,7% de los adultos mayores cobran una prestación, mientras que en 2005 esa tasa era del 55,1 por ciento. Sin embargo, como se trata de una medida de efecto temporal -la deuda de aportes que es accesible al pago es sólo por períodos previos a septiembre de 1993-, no plantea una solución permanente a uno de los problemas estructurales del sistema: la insuficiente inclusión.
Sin aportes
Muy lejos de haber desaparecido, la informalidad laboral hoy afecta a más de la mitad de los trabajadores. Y eso anticipa una fuerte caída de la cobertura en los próximos años.
El economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, observó que la moratoria fue una política no focalizada socialmente, porque no se testearon los ingresos de quienes accedieron.
Para el defensor de la tercera edad porteño, Eugenio Semino, el modelo previsional vigente está atado a un sistema de pleno empleo que ya no existe. Por ese motivo, advirtió, hay que pensar que no sólo llegarán los efectos del envejecimiento poblacional, sino que además "ya no habrá personas que lleguen a acumular 30 o 40 años con aportes", con lo cual deberían revisarse los requisitos de acceso a los beneficios, que hoy incluyen tener tres décadas con contribuciones.
Según el estudio de actuarios Melinsky Pellegrinelli & Asociados, si el sistema siguiera sin modificaciones, en 10 años la participación de los recursos tributarios en el financiamiento de las jubilaciones debería subir al 32%, y en 2040, al 46 por ciento.
Larga vida
Al analizar el modelo previsional posible, también habrá que considerar el avance de la expectativa de vida, que prolonga el período en que el Estado se obliga a pagar. Según informes de la Cepal, los varones que llegaron al mundo en 1970 tenían entonces una esperanza de vida de 62,8 años, pero al cumplir sus 25 años, la expectativa se elevó a 67,6 años y al cumplir 60, la esperanza subirá a 72,1 años. Para quienes están naciendo este año, la expectativa es de 71,6 años desde la cuna, edad que crecerá a los 78,2 años cuando lleguen a los 60.
"No hay duda sobre la necesidad de mejorar las jubilaciones, pero es vital que la discusión se enmarque en el largo plazo", sostuvo el economista Nadin Argañaraz, del Iaraf.
"El sistema previsional podría y debería garantizar un haber del 82% del salario mínimo, si se eliminaran el oprobioso trabajo informal, la demagógica reducción de aportes previsionales y el uso dispendioso del fondo de garantía [que maneja la Anses, con un saldo de $ 150.000 millones] para fines ajenos al suyo", sostuvo Luis Herrero, juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, una sala colapsada por los juicios de jubilados que reclaman por sus derechos. Hay un dato más: el Estado acumula un enorme pasivo contingente por esas demandas.
Para Herrero, el haber mínimo sólo debería ser un ingreso para quienes no aportaron, mientras que quienes lo hicieron deberían tener su compensación. Por las políticas de los últimos años, la pirámide de ingresos jubilatorios se acható, y se perdió la relación de los haberes con los esfuerzos hechos a la hora de contribuir al sistema.
Para solventar una suba del haber mínimo a $ 1230, como proponen partidos de la oposición en el Congreso, el diputado Claudio Lozano propone dos fuentes de financiamiento. Para 2010, podría usarse el superávit financiero de la Anses (no confirmado por el organismo) y debería elevarse al 33% la contribución patronal total de las grandes firmas. Lozano dice que eso alcanzaría para subir la mínima y para ajustar los otros haberes según los criterios judiciales. Cree que habría otras vías para explorar, como gravar las rentas financieras o replantear las políticas de subsidios.
Según la Anses, los proyectos opositores costarían más de $ 34.600 millones, de los cuales $ 22.600 millones serían para subir el mínimo.
Pensar en usar algo de los recursos del fondo de garantía de la Anses (que proviene de los ahorros que estaban en las AFJP) requiere mucha cautela, según los especialistas. La previsionalista Elsa Rodríguez Romero afirmó que se trata de un fondo anticíclico, que debe estar para cuando el sistema entre en problemas. "El hecho de que mientras tanto se financie al Estado es lo más razonable", agregó. Rodríguez Romero advirtió que, antes de tomar una decisión, hay que pensar si la plata está hoy y si va a estar durante los próximos 20 años.
Como tema de debate, aparece la pregunta respecto de si un fondo de garantía puede crecer sin límites, o si debería distribuir excedentes al llegar a un tope, tal como había fijado el Gobierno años atrás, en una medida que luego derogó.
"Todo lo que se use hoy de ese fondo se traduce en impuestos para mañana", sentenció Bour y destacó que el sistema no puede pensarse en el corto plazo. El economista evaluó que existe una puja entre el Gobierno y la oposición por la disposición de los recursos.

Si el tratamiento de temas como el jubilatorio se enmarca en las luchas políticas del momento y no en el futuro, el resultado no logrará evitar que la discusión se reabra periódicamente, sin que los temas de fondo encuentren la solución más justa posible.

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