En la Argentina, los recursos que por diferentes vías se destinan a la atención de la salud equivalen a alrededor del 9% del producto bruto interno (PBI). El indicador muestra una relación que se considera elevada, pero que, sin embargo, no se condice con los resultados: países como Chile y Uruguay tienen erogaciones bastante inferiores y, no obstante, sus índices sanitarios, como el de esperanza de vida o el de mortalidad materna, son mejores. Así lo advirtió el ex superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, actual representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, que dialogó con LA NACION tras exponer en el XIII Congreso Argentino de Salud, organizado aquí por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami).
Según Torres, hay un factor de inequidad en la distribución de los recursos, que se hace claro cuando se observa quiénes ponen el dinero. Explicó que en la Argentina el 49% proviene del bolsillo de la gente. "El gasto de bolsillo marca inequidad, porque siempre el impacto es más alto en los hogares pobres que en los ricos; los países que tienen un financiamiento básicamente centrado en lo público son los que logran sistemas más equitativos", apuntó el funcionario, que agregó que un gasto elevado en familias de bajos recursos es el de medicamentos.
"No hay relación lineal entre el gasto y el resultado; la gestión hace la diferencia", expresó. Y agregó que, si bien ciertas modificaciones en el sistema de salud pueden ayudar a mejorar la situación, también es cierto que los indicadores sanitarios varían en función de determinantes que dependen de políticas más amplias.
Las observaciones de Torres no fueron las únicas que se escucharon en el congreso respecto de cómo se distribuyen o a qué se destinan los recursos.
Hugo Magonza, secretario de Acami, señaló en su exposición que de cada 100 pesos que se gastan, 18 se derivan a lo que en el sector llaman "medicina defensiva": se trata de prácticas y tratamientos que los médicos ordenan hacer, sin considerarlos necesarios, para evitar ser demandados en la Justicia por supuesta mala praxis, o en caso de ser acusados, para no ser cuestionados por no haberlos realizado.
Traducido a montos, lo derivado a esas prácticas, que según la entidad podrían evitarse, serían unos $ 18.000 millones, que se suman a los $ 4000 millones que implican los gastos en abogados, legistas, peritos, tasas y otros conceptos que se van en los juicios que efectivamente recibe el sector.
Magonza hizo hincapié en que existen falencias en la distribución territorial de los recursos del sistema. En forma gráfica, explicó que el 65% de la tecnología médica que hay en el país está a 60 kilómetros del edificio del Congreso Nacional.
Desde el sindicalismo, el secretario adjunto de la federación gremial de la sanidad, Héctor Daer, también hizo sus críticas y lamentó que el PAMI tenga "4700 millones de pesos de colchón, cuando eso es plata que le falta al sistema".
Alta complejidad
Al igual que ocurre con los excedentes de otros organismos, como la Anses y la AFIP, los correspondientes al PAMI terminan en gran medida financiando al Tesoro a través de títulos que el Ministerio de Economía coloca allí para tomar el dinero y usarlo en gastos generales.
"Tenemos que dejar de ver a la prestación de salud como una suma de derechos individuales, para volver a verla como un sistema", advirtió el sindicalista.
El economista Jorge Colina, de la consultora Idesa, propuso una reforma del esquema de financiamiento. Basándose en la experiencia de otros países, la iniciativa prevé que la parte de la medicina de mayores costos (la alta complejidad) tenga una cobertura universal, que se financiaría desde un esquema de seguro social gestionado por el Estado, sin perjuicio de que los prestadores del servicio sean públicos o privados. Y para la internación y atención ambulatoria sí estaría la gestión de las obras sociales y de las prepagas.
El presidente de Acami, Marcelo Mastrángelo, concluyó, por su parte, que "el sistema de salud parece más enfermo que la gente" a la que debe atender. Y afirmó que, en el análisis, hay que considerar cuestiones como la del envejecimiento poblacional. Acami reúne a instituciones del sector sanitario sin fines de lucro, como OSDE, los hospitales de comunidad y el Cemic.

DIXIT
"El gasto de bolsillo marca inequidad, porque siempre el impacto es más alto en los hogares pobres que en los ricos"
RUBEN TORRES
Representante de la OMS

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