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Algo más de un tercio del gasto público de la administración nacional corresponde a las erogaciones del sistema de la seguridad social. Y, dentro de este rubro, casi 8 de cada 10 pesos se destinan al pago de las jubilaciones y pensiones.
Por Silvia Stang
La Nación
Domingo 10 de abril de 2005
El año pasado, fueron alrededor de $ 18.000 millones los derivados a ese fin y, sólo por efecto de los incrementos anunciados durante 2004 -sobre todo para los haberes mínimos-, se sabe que este año se sumarían algo más de $ 2000 millones.
La magnitud del gasto que representan en conjunto los ingresos de los pasivos explica por qué una decisión de la Corte Suprema que ordene aplicar ajustes no pasaría inadvertida por los responsables de manejar la caja fiscal.
Tampoco está claro qué tipo de reajuste es el que podrían disponer los jueces ni para qué período se aplicaría. La mayor parte de los reclamos judiciales hechos por los jubilados se refieren al cálculo deficiente del índice que debía estimarse en los años 80 -sobre la base de las remuneraciones de los activos y su evolución- y a la falta de movilidad que se dispuso a la par del régimen de convertibilidad.
A esta última situación se refiere el fallo del caso Chocobar, que ordenó hacer un ajuste pequeño para un período comprendido entre 1991 y 1995. Con la aprobación de la reforma provisional que creó el sistema actual, vigente desde 1994, se terminó la disposición legal de los reajustes para los jubilados. Y, en todo caso, ése será un tema a discutir para la próxima reforma del sistema jubilatorio.
La ley 24.241 sólo previó un mecanismo automático de actualización periódica para la parte del haber que proviene de los ahorros capitalizados, en el caso de quienes son afiliados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
Para los componentes de la jubilación que provienen del gasto público no hay reajuste previsto. La Prestación Básica Universal, que se define por el valor del Módulo Provisional (Mopre), podría ser actualizada si se diera un nuevo monto a esta última unidad de medida, algo que deben decidir los ministerios de Economía y de Trabajo. Pero el valor está congelado desde 1997.
El sistema de reparto tiene un haber promedio de alrededor de $ 460 y la mitad de los jubilados y pensionados percibe el ingreso mínimo, de 308 pesos. Sólo 6 de cada 100 pasivos tiene un haber que supera los 1000 pesos.
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