|
En la Argentina se invierten 23.000 millones de pesos anuales en el sector salud, que tiene problemas que no se resuelven, sostiene el autor de la nota. Dice que en los últimos años se reformularon diversas políticas, pero no en un sector clave para el bienestar de la sociedad. Y propone cambiar el sistema sin desfinanciar los subsectores que lo integran.
Claudio Belocopitt. TITULAR DE SMG GROUP
Clarín
Domingo | 15.05.2005
El sistema de salud en la Argentina tiene serios problemas; no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y como no se resuelven, al igual que cualquier enfermedad, se van agravando.
El los últimos años, la Argentina modificó muchas políticas, como las financieras o las vinculadas a muchas actividades industriales pero no reformuló el sistema de salud que, así, viene autosolucionando sus problemas como puede, algunas veces mejor, igual o peor que otros sectores pero sigue arrastrando una enorme crisis, que se va a ir agravando año tras año.
Si el tema salud se está agravando en los países que tienen una política de salud, con más razón debería profundizarse en los países que carecen de ella o que tienen políticas deficientes.
Los hospitales públicos tienen serios problemas de financiamiento y gestión. Cada tanto, algunos funcionarios dicen que el sistema público es eficiente pero luego la población se entera por el personal o porque lo vive en carne propia que no hay gasas, delantales, placas radiográficas o las enfermeras ganan poco. Así, cuando el conflicto no asoma son los mejores hospitales o la mejor salud. Y, por el contrario, cuando algún paro o denuncia emerge, estamos al borde del colapso.
Las obras sociales siguen con enormes dificultades, porque los fondos no alcanzan, son ineficientes o porque el problema del trabajo en negro hace que no reciban los aportes. Además, mucha gente con aportes tiene que contratar con la medicina privada porque el servicio de la obra social es insuficiente, lo que duplica el gasto en salud de una parte importante de la población.
Y están las empresas de medicina prepaga que tratan de nuclear a toda esa gente descontenta o que busca un nivel de calidad superior, que defiende cada 30 días la necesidad de renovar la confianza porque no tiene clientes cautivos, pero que sin embargo es hostilizada por funcionarios y muchas veces por la sociedad diciendo que aumentan la cuota o lucran con la salud.
De todos modos, la medicina prepaga tiene 3 millones de asociados sobre 38 millones de habitantes, o sea que abarca a una pequeña franja de la población.
Reformular el sistema
La conclusión de este breve panorama parece obvia: cuando todos los sectores están con dificultades, evidentemente hay un problema general, no particular.
¿Cuál es la solución? Hay que reformular el sistema. Necesitamos hospitales públicos eficientes. La Constitución Nacional dice que es una obligación del Estado garantizar la salud de la población. El hospital público debería ser de autogestión, a cargo de la comunidad o sectores privados. La atención seguiría siendo gratuita, con un financiamiento público pero con gestión privada, de manera que los fondos se gasten adecuadamente. Sería de autogestión en el sentido que la Administración tiene que garantizar que el hospital sea eficiente, cumplir con las normas y con el contrato fijado con el Estado, con deberes y castigos. Que se entienda bien. Hospital autogestionado en forma privada, no significa privatizar los hospitales ni cobrar la atención médica. Significa atención gratuita y eficiente donde el Estado pueda sancionar y rectificar el servicio mal dado. Y por supuesto que el sector cumpla, es decir el hospital es para los carenciados. El hospital que atiende a afiliados de obras sociales o prepagas tiene que cobrarles a esas entidades el servicio.
Las obras sociales deben ser fortalecidas. Y para eso deberían tener obligaciones, entre otras la de competir. Hoy compiten a través de los traspasos pero las obras sociales tienen razón cuando se quejan porque esos traspasos se llevan los afiliados de mayores sueldos, o sean la "crema" del sistema. Esto significa que habría que abrir el sistema obligatorio de obras sociales a la competencia con la medicina prepaga. Se podría objetar que en ese caso un sistema desfinanciaría al otro. Pero si se busca la competencia, que haya un sistema de premios y castigos, ese proceso es inevitable. De todas maneras podría hacerse una desregulación parcial, donde los de mayores sueldos dejen una parte de sus aportes para financiar la salud de los que ganan menos Pero si las obras sociales compiten bien no debería ocurrir ese problema.
La Argentina gasta 23 mil millones de pesos por año en salud. ¿Es mucho o poco? Depende de cómo se lo considere.
Un plan promedio de medicina prepaga completo en Argentina vale 35 dólares por persona promedio. Ese mismo plan en EE UU con muchas restricciones vale 250 dólares. Lógicamente los costos no son similares, pero muchos rubros e insumos y de salud, y sobre todo la aparatología, tienen precios internacionales. En realidad, superiores a los internacionales porque, en el caso argentino, hay que sumar el costo del flete y la carga financiera, ya que aquí esos productos importados se pagan al contado y en EE.UU. tienen financiamiento a 10 o 15 años, con baja tasa.
Sin embargo, y a pesar de que cobran precios superiores, hoy por hoy uno de los principales problemas que afronta EE.UU. es el de la salud. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos obligan a inversiones crecientes y por el aumento de la expectativa de vida. Esos mayores costos lo enfrentan todos los sectores de la salud: el hospital público, las obras sociales y las prepagas.
Esto mismo nos está indicando que afrontamos un problema global y común que no puede resolverse si todos los actores no se ponen de acuerdo en torno a un plan nacional de salud, como política de Estado.